[Centro de Derechos Económicos y Sociales, agosto 2013(1)] Contrarrestar la pobreza en nuestro país no depende de la explotación del Yasuni – ITT, pues ésta es resultado de estructuras injustas de distribución del ingreso, que generan una economía altamente concentrada donde los mayores recursos producidos terminarán enriqueciendo a una élite pequeña de la población, al tiempo que la población mayoritaria verá mejorar sus condiciones de vida pero de una manera lenta y limitada.

No es posible superar el subdesarrollo sin afectar la excesiva concentración de la riqueza. Es posible generar mayores recursos económicos pero, si no se realizan cambios profundos en las estructuras fuertemente inequitativas de distribución del ingreso, los beneficios del crecimiento económico serán siempre menores para la población pobre. Aunque una mayor estabilidad económica contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población, esta contribución será apenas moderada en comparación a lo que pueden lograr políticas de equidad social más decididas.

Por estas razones, el propio presidente Rafael Correa, solía sostener que el problema reside en la mala distribución del ingreso: “Esta pobreza no es consecuencia de la escasez de recursos, sino, básicamente de sistemas inadecuados, sistemas perversos (…) estamos en uno de los países campeones mundiales de la desigualdad.” (El Ciudadano, 8 mayo de 2012)

A pesar de ello, actualmente el gobierno nacional está promocionando un nuevo discurso sobre el “combate a la pobreza”, en el cual prescinde de la necesidad de profundizar en otros mecanismos para una mejor redistribución de la riqueza y, en su lugar, argumenta que es necesario obtener nuevos recursos petroleros para contrarrestar la escasez económica. Este nuevo discurso se trasmite como una fatalidad en la que hay que elegir entre el mal menor, planteando insistentemente una dicotomía falsa que dice: explotación petrolera o mayor pobreza para el país.

Este argumento tiene como objetivo justificar el inicio de operaciones petroleras en la reserva natural Yasuní que (de acuerdo a información oficial) (2) es considerada una de las áreas más biodiversas del planeta y lugar de tránsito de pueblos indígenas no contactados. Las operaciones petroleras en este territorio implican amenazas al medio ambiente y, aún más preocupante, pone en riesgo la vida y los derechos irrenunciables de los pueblos en situación de aislamiento que dependen de esta región para su sobrevivencia.

Con esta unilateral decisión, el gobierno estaría renunciando a la iniciativa revolucionaria del Yasuní-ITT, que proponía al mundo dejar el petróleo bajo tierra a cambio de una compensación financiera de la comunidad internacional, equivalente a la mitad de lo que el país perdería por no emprender la explotación. Esta iniciativa desafiaba la lógica general del mercado que tiende a prolongar la producción de manera indeterminada e insostenible, como si se tratara de la única vía posible para realizar ciertos objetivos sociales como el logro del “desarrollo”.

Así pasamos del Plan A (que buscaba la conservación del Yasuní, impulsado primero por los movimientos sociales, y luego recogido acertadamente por el gobierno de Rafael Correa), al Plan B que consiste en la intención del gobierno de iniciar operaciones petroleras. Nuestra actual propuesta, hace referencia a la implementación de un Plan C, que sostiene que es plausible impulsar otras alternativas: transformar las estructuras injustas de distribución de la riqueza para no explotar sobre el área del Yasuní y conseguir los ingresos que se pueden orientar a combatir la pobreza.

Es importante mencionar que aunque el discurso oficial ha puesto el énfasis en comunicar que la explotación del Yasuní sería para obtener recursos para el “desarrollo” y el “cambio de la matriz productiva”, no se menciona (por lo menos en la publicidad orientada a la población) que la preocupación fundamental es la vulnerabilidad de la economía frente a la posibilidad de choques externos que afecten la capacidad de captar divisas para sostener la liquidez que permite el funcionamiento de todo el aparato económico. Sobre este punto es necesario aclarar que los déficits de liquidez de la economía se pueden ver prolongados si no se toman medidas de fondo que involucran la dolarización y la adopción de estrategias regionales para ganar independencia frente al poder de las economías de las potencias mundiales.

En el año 2012 la balanza de pagos fue negativa en 581,9 millones de dólares (3). Nuestra propuesta considera incrementar los recursos que provienen de los grupos económicos más grandes del país que pagan relativamente impuestos insuficientes, pero además, estos grupos también son una fuente relevante de salida de divisas nacionales. El SRI informó que en el año 2012 salieron 22 000 millones fuera del país, de los cuales 2 230 millones fueron hacia paraísos fiscales, esto representa mucho más que los 730 millones de dólares por año que se estiman obtener por la explotación del Yasuní. Además, el requerimiento de buscar ingresos de divisas no excluye la necesidad de redistribuir la riqueza para lograr una sociedad más justa y equitativa.

Notas:

1. Texto e investigación de Pablo José Iturralde. Esta propuesta se ha enriquecido de las ideas generadas por el “Grupo de reflexión sobre el modelo de acumulación en Ecuador”.
2. http://www.yasuni-itt.gob.ec

3. Pero el déficit puede ser mayor, así en el 2009 fueron 2 647,2 millones de dólares, y en el 2010 fueron 1 212,3 millones de dólares.

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