[Verónica Barroso Mendizabal*, Revista Letras Verdes–FLACSO/Abril de 2013]

Nota: A continuación un artículo muy interesante que brinda luces históricas sobre el conflicto del #TIPNIS, que aún configura una herida abierta en Bolivia

El pasado agosto de 2011 se iniciaba la octava marcha indígena en Bolivia, en la cual más de 2.000 personas, entre ellos ancianos, hombres, mujeres, niñas y niños partieron desde las tierras bajas del oriente boliviano a la sede de gobierno. Fueron sesenta días de caminata, cuya consigna principal fue la defensa y el respeto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Así también, la exigencia del cumplimiento de leyes[1] que protegen a dichas áreas de políticas desarrollistas que el gobierno pretendía realizar en dicho territorio, sin considerar los daños ambientales, sociales, económicos y culturales que ocasionaría el mega proyecto de construcción de una carretera transoceánica que dividiría el TIPNIS en dos partes.

A raíz de este conflicto, pueblos indígenas amazónicos, la población boliviana en general y movimientos ambientalistas internacionales mostraron su apoyo a estas comunidades e hicieron frente al gobierno de Evo Morales para evitar la construcción de la carretera. El mencionado proyecto significaba la destrucción de un espacio rico e inexplorado en diversidad biológica y se demostró que las normas legales y constitucionales del Estado boliviano no se estaban respetando.

Las demandas principales fueron la defensa y el reconocimiento de los derechos de los pueblos y naciones indígenas sobre su territorio, reclamo que fue iniciado desde 1990 cuando se realizó la primera marcha de los indígenas de las tierras bajas de Bolivia. En esta oportunidad, la población boliviana conoció la existencia de las organizaciones indígenas de los grupos étnicos amazónicos que eran y son aún avasallados por los colonos, cocaleros, el narcotráfico y los madereros. La marcha logró cambios fundamentales en la mentalidad boliviana y sobre todo en las políticas estatales que tenían que ver con territorio y medio ambiente. En este sentido, después de poco más de dos décadas, estas demandas aún siguen vigentes; no han cambiado, se sigue buscando mejorar tanto las posibilidades de vida social, económica y cultural, como las de inclusión de los indígenas amazónicos en el gobierno indígena:

… nos dio mucha esperanza de respetar nuestros derechos que están constitucionalizados. Sin embargo, nuestros derechos han sido violados, y no hay palabras para contar lo que ha pasado en la marcha del TIPNIS que defendía nuestro territorio indígena (Oblitas, 2011).

A pesar de la significancia simbólica e ideológica que ha tenido para los bolivianos el contar con un presidente indígena, que surge ante la inexistencia y desgaste de los partidos tradicionales y el cual toma como bandera un modelo diferente de defensa, revalorización y cuidado de la madre tierra, es evidente que la situación no ha cambiado respecto al tema planteado. Se devela que el tema ambiental está estrechamente relacionado con el territorio, que no se ha solucionado y que se agudiza cada vez más entre cocaleros e indígenas. Por una parte, tenemos a los cocaleros que buscan nuevas tierras para sus cultivos sin importar los daños ambientales, sociales y culturales. Por otra parte, los indígenas amazónicos que ven al territorio con otros ojos, ven al bosque como la “casa grande”, su fuente de bienestar, su medio de vida, y es en ella donde afirman su identidad.

El objetivo del presente artículo es realizar una breve revisión de cómo se origina el conflicto del TIPNIS y a su vez, conocer cuál o cuáles son los problemas que inician el conflicto y cómo estos cambian o se profundizan. En este sentido, para la realización del presente trabajo se recurrió principalmente a fuentes secundarias. Por tanto, se realizó revisión hemerográfica y de ensayos producidos por instituciones y personas involucradas en la temática.

El documento se encuentra dividido en tres partes. La primera parte es una breve revisión histórica acerca del TIPNIS. En la segunda parte, se analizan Los impactos ambientales en el TIPNIS a raíz de la ocupación de los cocaleros. Por último, se presentan las conclusiones que pretenden mostrar de manera somera la magnitud de aquellos problemas que han sido invisibilizados por más de una década y que se agudizan y profundizan.

Por otra parte, es necesario precisar lo que se entiende por territorio. Aquí, el territorio es entendido a partir de la interpretación de Mazurek (2006) donde el lugar de la población es fundamental; es decir, no se puede hablar de territorio sin hacer referencia a la población. La interacción tiene lugar en un territorio y este es, por tanto, un proceso de apropiación donde se construye la identidad: un producto de la actividad humana que se va modificando constantemente.

Breve historia acerca del TIPNIS

Las demandas de los indígenas sobre el TIPNIS datan de los años ochenta y en los próximos párrafos haré mención a los procesos históricos que marcaron hitos y que nos permitirán comprender los intereses reales que giran en torno a esta reserva. Esta revisión nos permitirá comprender el proceso de molestia, descontento y orígenes del conflicto.

El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en el año 1952 inicia una fuerte campaña de colonización en zonas selváticas de Bolivia situadas en Cochabamba, La Paz, el Beni y Santa Cruz. De esta manera, la conocida “Marcha hacia el Oriente” se convirtió en el eje de la política económica del MNR, que decidió realizar importantes inversiones en infraestructuras camineras que permitieran canalizar los flujos migratorios hacia las zonas colonización (Viola, 1999:164) como parte del inicio de los cambios que poco a poco el territorio del TPNIS fue atravesando.

Pero ¿cuándo es que el Territorio Indígena y Parque Nacional (TIPNIS) es reconocido como parque? En el año 1965 se considera por primera vez como área protegida y en 1990 es reconocido como territorio indígena. En dicho parque habitan tres grupos étnicos: los Yuracarés, Mojeños y T´simanes. Estos grupos étnicos llegan a ocupar este espacio en el siglo XIX, al huir del trabajo forzado de la siringa al cual fueron sometidos desde 1867 y fue el motivo que los impulsó a buscar la “loma santa o la tierra sin mal”, estableciéndose de esta manera en el territorio del TIPNIS.

En los setenta, por otra parte, la empresa petrolera Shell empezó a realizar estudios de prospección petrolera; la realización de estos estudios requería la construcción de un camino que “produjo la colonización, siendo la década del 80 y sus últimos años, los más dinámicos en cuanto a ocupación del territorio” (Paz, 2011a) dando origen a un proceso que traería grandes consecuencias culturales, sociales y ambientales.

La muy conocida década perdida (Ministerio de Población y desarrollo y UFPA, 2007: 96) vivida por los bolivianos en los ochenta, representó un “hito que marcó las corrientes de movilidad de la población” (Ministerio de Población y desarrollo y UFPA, 2007: 96) debido a una aguda crisis económica que vivió Bolivia, la cual representó ajustes de la política económica del país. Esta crisis, se debió principalmente a el “colapso del precio internacional del estaño (la principal exportación del país hasta ese momento), que entre 1980 y 1984 disminuyó en un 27%, y el crecimiento acelerado de una deuda externa” (Viola, 1999: 167).

Este ajuste significó el desempleo de muchos mineros que se vieron obligados a migrar a otros departamentos en búsqueda de mejores y nuevas oportunidades de vida. Estas movilizaciones fueron impulsadas por los proyectos estatales de colonización, en las cuales: “se presentaba a la naturaleza como el enemigo al cual derrotar a través del trabajo: (…) La fórmula mágica del desarrollo es la combinación del esfuerzo del hombre y la potencia de la maquina” (Viola, 1999: 167). En este sentido, los colonos que llegan en esta época al TIPNIS ingresan de manera violenta, impactando fuertemente a las poblaciones indígenas que fueron despojados de su territorio y su cultura y se introdujo a la hoja de coca y por ende el narcotráfico. Al respecto, Sarela Paz nos dice y nos recuerda que:

… les quemaron sus casas, intentaron ponerse al frente ante las acciones de avasallamiento, que recuerden los dirigentes de hoy día, antes los niños y adolescentes, cómo las comunidades Yuracarés poco a poco tuvieron que desalojar sus asentamientos por la fuerte presencia de los productores de coca, como la comunidad mencionada, tuvo que sindicalizarse aceptando las reglas de vida del sindicato cocalero, tuvo que cambiar su forma de vida (Paz, 2011b: 2).

Estos cambios han representado para la población y el territorio un cambio considerable e importante y que quizás no se está tomado en cuenta. La colonización pone en riesgo no sólo a una o varias culturas, sino también a un entorno natural que ante, el uso inapropiado de los recursos naturales, está poniendo en riesgo a varias especies vegetales y animales.

En el año 1990, con la primera ‘marcha por la justicia y la dignidad’ se logró la incorporación del territorio indígena en la Ley INRA de 1996 y el reconocimiento legal del TIPNIS como parque nacional y área protegida. A raíz de ello, el Estado boliviano ha elaborado una serie de normas ambientales[2] que nos hizo pensar que se comprometían con los boques, la naturaleza y el medio ambiente. No obstante, dichos mecanismos legales y constitucionales de cuidado y respeto, así como el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio, no han sido respetados y son vulnerados a pesar de toda la normatividad y la seguridad del Estado y de los tratados internacionales, como el artículo 169 de la OIT donde se reconocen los derechos de los indígenas, sus principios reivindicativos y de diversidad étnica.

Desde la primera marcha indígena de los amazónicos en Bolivia, subsiguieron siete más en las cuales se reivindica y recuerda al Estado y a la población boliviana que hay un sector excluido, no atendido, que requiere de la devolución de sus territorios. Así también, se declaran los atropellos y despojos a los cuales son sometidos los indígenas de las tierras bajas por parte de los cocaleros, los madereros, el narcotráfico y los ganaderos en su territorio. Ante esto, en el año 2010, dirigentes indígenas iniciaron la séptima marcha, la cual no tuvo grandes impactos. Sin embargo, las tensiones sociales se reiniciaron cuando el presidente Evo Morales y el ex presidente de Brasil Lula Dasilva firmaron un convenio en el cual el vecino país se comprometía a financiar uno de los proyectos más grandes a nivel nacional y que el mismo implicaría la integración interoceánica, la cual beneficiaría a países como Brasil, Bolivia y Chile y que, para ello, se planea atravesar el corazón del TIPNIS.

Para el sector indígena amazónico, la noticia de la construcción de la carretera significó la futura destrucción de su territorio, sus modos de producción y la concepción identitaria que tienen de su territorio. Fueron ellos quienes declararon durante meses que éste era un proyecto que destruiría la diversidad biológica que existe en el lugar y su cultura.

Por otra parte, el sector de los colonos cocaleros, los madereros y las políticas extractivitas del actual gobierno veían a esta carretera como el símbolo de progreso y bonanza a sus intereses personales, sindicales y de partido, justificándola con base en cuatro razones que el vicepresidente de Bolivia declaró: “una razón social, una razón histórica, una razón económica y una razón geopolítica” (García, 2011), aspectos que se tomaron en cuenta para la construcción de la carretera, advirtiendo además que la detención de este proyecto significaría que “800 mil niños ya no reciban el bono Juancito Pinto, la reducción del 70% de los ingresos de los municipios y la suspensión del bono dignidad a más de 600 mil ancianos” (García, 2011). En este sentido, el gobierno se reusó a negociar los 16 puntos que los indígenas demandaban, entre ellos la paralización completa y total de la construcción de la carretera, la cual se logró finalmente después de una violenta y sorpresiva represión para detener la marcha. Para ellos se efectuó un gran despliegue de la policía especial boliviana en contra de los marchistas[3].

Si bien, estas declaraciones hechas por el gobierno sobre los beneficios y ventajas de esta obra para el país eran positivas, nunca se pensaron ni se consideraron los efectos ambientales, sociales y culturales que implicaría, pero tampoco se imaginó que esta movilización indígena después de sesenta días de discusiones, polémica y represión, lograra rescindir el contrato con la empresa constructora brasilera IIRSA y formulara una ley denominada la “Ley Corta TIPNIS”, propuesta que surge a raíz de los acontecimientos suscitados en Yucumo y en los cuales se respetaron 16 puntos de interés de los indígenas.

Dicha ley no tardó en ser descalificada por el propio gobierno y hoy se argumenta que sólo fue una solución urgente y momentánea. Tanto el gobierno, como los cocaleros y madereros lanzaron una contraofensiva, mencionando y retomando la importancia de la construcción de la carretera. Una muestra de ello, es la actitud que los sindicatos de cocaleros y madereros quienes a pesar de la Ley Corta inician la apertura de la senda que se proyecta como el nuevo camino, destruyendo una parte de la reserva que se supone es intocable. Esto es sólo una muestra de que los conflictos persisten y los enfrentamientos por el territorio entre cocaleros e indígenas continuarán.

Impactos ambientales en el TIPNIS a raíz de la ocupación de los cocaleros

¿En qué medida la ocupación de cocaleros ha afectado ambientalmente al TIPNIS? La presencia de este sector, se inicia una vez que las medidas estructurales se aplicaron en Bolivia. Los colonos fueron llegando de esta manera atraídos también por aquellas promesas de tierras productivas y ricas. A veinte años de su establecimiento, se ha generado un fuerte impacto ambiental, primeramente con la apropiación de espacios que son parte de la reserva protegida por las normas y leyes nacionales, la creciente y excesiva producción de la hoja de coca, la tala indiscriminada de árboles nativos y el reciente interés de este sector y el gobierno en apoyar la construcción de una de las carreteras más destructivas para la diversidad biológica del parque, con consecuencias sociales y culturales que significarían la desaparición de los grupos indígenas que viven en el TIPNIS.

Respecto al primer punto, el territorio en la concepción indígena tiene mucha importancia ya que representa un espacio que tiene recursos que le permite sobrevivir y relacionarse con la naturaleza. Segundo, el territorio ha permitido construir su base de derechos y reconocimiento como ciudadanos ante un Estado que los anuló históricamente y, por último, el TIPNIS como territorio es lo que ellos llaman la “casa grande”, que les permite construir y recrear su identidad, pese a que hoy sufren el desplazamiento y la usurpación violenta por parte de cocaleros en sus territorios.

El uso intensivo de los suelos por parte de los cocaleros asentados en el sur del TIPNIS ha significado que estos territorios sufran de un acelerado desgaste de los suelos. El cultivo de la coca ha ocasionado la pérdida de los nutrientes naturales de los suelos, la degradación y erosión de las tierras, con muy pocas posibilidades de recuperar estos territorios.

Ante estos problemas de desgaste de la tierra y la poca productividad de la hoja de coca, los cocaleros han empezado a realizar la rotación de suelos, lo cual ha significado el requerimiento de nuevos espacios para la expansión de sus cultivos. La necesidad de tierras en el TIPNIS, enfrenta constantemente a los cocaleros quienes ven la tierra como una propiedad individual y a los indígenas quienes entienden el territorio como un espacio de uso libre, representando así un problema de lógicas étnicas que, desde hace varios años, los enfrenta: por un lado, los cocaleros, que tienen una concepción parcelaria y, por otro, los indígenas amazónicos como conservadores de su territorio.

El boom de la coca en la década del ochenta sigue siendo una de las prácticas que crece cada vez más manteniendo y caracterizando a la economía boliviana como una “economía adicta caracterizada por su dependencia hacia los ingresos económicos ofrecidos por el narcotráfico, hasta el extremo que, en 1986, los narcodólares representaran, según diversas estimaciones, en torno al 65% del PIB del país” (Viola, 1999: 171). Esta actividad agrícola fue y es para muchos colonos una fuente de ingresos económicos.

Por otra parte, la excesiva y creciente producción de la hoja de coca ha modificado la relación de espacialidad, identidad, cultura y prácticas productivas (caza, pesca, recolección de frutos, crianza de animales, artesanía y etnomedicina) de los tres grupos indígenas que habitan en el TIPNIS, lo que ha “significado un cambio y quizás, la pérdida de valores y saberes locales amazónicos por uno mutante cuyas prácticas, relación y conocimientos son distintas y que no se adecuan a su espacio natural”. Esto ha ocasionado cambios considerables en la relación que tiene la población con su territorio y con el medio ambiente.

La tala de árboles, por otra parte, es también una actividad que se realiza desde hace más de veinte años y que coincide con la llegada de los colonos al TIPNIS. La misma ha representado la pérdida de especies nativas, lo cual significa un riesgo para la sobrevivencia de otros organismos que dependen de éstas. A pesar de los grandes esfuerzos por parte del Estado por hacer prevalecer las normas forestales, son las comunidades indígenas quienes sufren la expropiación de sus recursos naturales, son ellas quienes sienten los cambios en su entorno y en sus relaciones productivas.

Por último, como ya mencionamos, a finales de 2010 el presidente de Bolivia Evo Morales anunció la construcción de la megacarretera transoceánica. A raíz de esto, indígenas del TIPNIS e instituciones ecologistas se manifestaron en contra. La realización de esta obra presentaba una serie de anomalías como la falta de una evaluación técnica y legal, un estudio de impacto ambiental y el derecho a consulta ciudadana que está establecido en la Constitución Política del estado Plurinacional de Bolivia. El problema fue empeorando aún más con las declaraciones del presidente, quien dijo:

No puedo entender que hermanos indígenas del oriente, de la Amazonía y del norte paceño se opongan al desarrollo que requiere el pueblo boliviano. Si bien Bolivia es respetuosa del medio ambiente, no puede dejar de desarrollarse explotando racionalmente sus recursos naturales… Es una necesidad tener más petróleo, más gas, más caminos e industria (Sena- Fobomade, 2011).

El gobierno boliviano asume de esta manera “la reproducción larga de la destrucción de los Recursos Naturales (RRNN) y los indígenas de tierras bajas” . Al final, como señala Crespo (2010): “son minorías étnicas que se encuentran en el último eslabón en las jerarquías que ha creado el Estado postcolonial” (Crespo, 2010). De manera que, nos encontramos con un gobierno que devela claramente los intereses políticos y económicos puestos en la construcción de esta carretera.

Es importante mencionar que la extracción de los recursos naturales ha sido practicada no sólo por el actual gobierno sino por gestiones pasadas; pero, particularmente, el gobierno de Evo Morales se distingue porque basa su política de desarrollo económico en la extracción desmedida, agresiva e inconstitucional de recursos naturales, lo cual contradice su propuesta y discurso político. Así, este ‘progreso’ tan anhelado ha significado más problemas como bien menciona Acosta:

Estos países estarían atrapados en una lógica perversa conocida en la literatura especializada como “la paradoja de la abundancia”, “la maldición de la abundancia de recursos naturales”, o simplemente, como la define Joseph Stiglitz (2006), “la maldición de los recursos” (Acosta 2009: 22).

Esta abundancia ha significado una explotación desmedida de los recursos, un progreso que arrasa, que tropieza con el único fin de lograr el ansiado desarrollo. Este desarrollo ha representado un alto costo ecológico, social y cultural, una muestra de ello es el TIPNIS. Un claro ejemplo es que estudios realizados prevén que la construcción de esta carretera afectará notoriamente las fuentes naturales de agua, sean arroyos, manglares o curiches que son necesarios para el ecosistema del TIPNIS. Por otra parte, como ya se mencionó, la construcción de este proyecto dividiría al parque en dos, dañando todos los ecosistemas y la diversidad animal y vegetal, generando a su vez una remodificación espacial del territorio. La apertura de esta carretera significaría también profundizar aún más los conflictos étnicos entre indígenas y cocaleros.

La construcción de la carretera significaría una gran movilización poblacional (la cual ya ha comenzado), invadiendo territorios protegidos de una manera violenta e ilegal. Los colonos se justifican en el llamado que hace el presidente y los dirigentes a las bases cocaleras, a que se construya la carretera “sí o sí”.

La presencia de los colonos cocaleros ha ocasionado que la reproducción de la vida social, económica y cultural de las comunidades indígenas se vea fuertemente influenciada y debilitada culturalmente. Hoy por hoy, éstas se encuentran

(D)esesctructuradas en su sistema de vida, la cacería, tan importante para construir formatos de masculinidad, se encuentra profundamente debilitada, los intercambios familiares y clánicos que caracterizan a los pueblos originarios de la selva, acompañados por tomadas de chicha de yuca que definen sentidos de feminidad, se encuentran desestructurados en la lógica de la sindicalización (Paz, 2011 a).

Como hemos podido ver hasta el momento, la construcción de la carretera representa un fuerte impacto económico, social, cultural y territorial. Los elementos expuestos nos muestran la complejidad del conflicto y la importancia de verlo no solamente desde los daños y consecuencias medio ambientales, sino desde cuándo y cómo es que este problema se va complejizando.

Conclusiones

El conflicto ocurrido en Bolivia en agosto de 2011 pone en evidencia los intereses políticos, sociales y económicos que entran en juego en el conflicto responde a varios intereses, por un lado, están los indígenas amazónicos y por otro, los colonos cocaleros, los madereros y el gobierno. Las tensiones entre estos sectores se encuentran claramente identificadas: por una parte, tenemos a los indígenas que están en desacuerdo con la construcción de la carretera y ven al proyecto como una amenaza a su territorio y estilo de vida y, por otra parte, tenemos a aquéllos que sí están a favor del proyecto, como son los colonos cocaleros, los madereros y el gobierno del presidente Morales.

Considero que el TIPNIS es ante todo un problema de territorio y no podemos hablar de un problema ambiental sin situarnos en un espacio geográfico y sus complejidades. Muchas veces nos detenemos en aquellas que son evidentes, como la construcción de una obra de esta envergadura, pero pocas veces pensamos si estas son las verdaderas dificultades. ¿Cómo es que se empieza a generar el malestar? ¿Se puede pensar en un problema ambiental sin situarnos en un territorio?

El territorio en Bolivia se entendió desde una visión andina como el espacio individual, de propiedad privada, de minifundio o de parcelización (herencia de la reforma agraria de 1952). Pero, a raíz de la primera marcha por el territorio y la dignidad en 1990 hasta el reciente conflicto en el TIPNIS, nos permite replantear al territorio desde otro punto de vista: la inclusión de la amazonía en el pensamiento del territorio. Esto implica ver más allá de lo geográfico, más allá de trescientos metros o mil hectáreas. Es ver a este como un espacio donde se reproducen relaciones sociales personales y sobre todo, de relación estrecha con la naturaleza: como “la casa grande”.

La ocupación de los cocaleros en el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure ha significado un impacto ambiental importante por el uso excesivo de los suelos para el cultivo de la hoja de coca. A esto se suma, la construcción de la mega carretera que divide la reserva natural en dos y, de la cual, los actores más favorecidos serán los cocaleros, los madereros, los ganaderos y el narcotráfico. Para el caso específico de los cocaleros, tendrán vías de comunicación que les permitirá acceder al mercado y así poder comercializar la hoja de coca, ya sea para el consumo tradicional o para otros fines ilícitos.

En medio de un modelo de desarrollo extractivista y progresista -característica del actual gobierno boliviano que explota recursos, pone en riesgo la diversidad biológica e ignora y ajusta la normatividad a su conveniencia-, se complejizó el problema ocurrido el pasado agosto en Bolivia.

(*) Licenciada en Sociología en la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba – Bolivia) y, actualmente, estudiante de la maestría en Estudios Socioambientales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Ecuador. Ha trabajado en procesos de Educación Intercultural Bilingüe en la Amazonia Boliviana (EIBAMAZ) y fortalecimiento en gestión y educación ambiental.

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Notas
[1] La primera marcha por la tierra y la dignidad realizada en 1990 en Bolivia logró una serie de reformas legales que incorporaron las necesidades y peticiones de los indígenas amazónicos respecto a territorio, reconocimiento identitario y recursos naturales. Las leyes, convenios y otros surgieron después de la primera movilización. Estos fueron: Ratificación del convenio 169 (1991), Ley de Medio Ambiente (1993), Ley de Reforma Educativa (1994), Ley de Participación Popular (1994), Nueva Ley INRA (1996), Ley Forestal (1996), Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007), Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009) y Ley de Autonomías (2010).
[2] El Estado Boliviano ha promulgado leyes que protegen el medio ambiente y estas son: Ley de Medio Ambiente, Ley Forestal, Ley de Aguas y la Ley de los derechos de la madre tierra.
[3] Dicha represión se realizó en las afueras de la comunidad de Yucumo, a catorce horas de la sede de gobierno. El ataque sorpresivo se realizó mientras los marchistas descansaban y se disponían a alimentarse. Esta acción ocasionó que niñas y niños se escondieran en la espesura del monte por días, solos. Mujeres y hombres fueron agredidos físicamente recibiendo un trato inhumano y donde los derechos civiles y humanos fueron completamente atropellados.
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Referencias citadas
Acosta, Alberto (2009). La Maldición de la abundancia. Quito: Abya Yala.
Crespo, Carlos (2010). “El Estado contra los comunes en el TIPNIS”. Nueva Crónicahttp://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id =562
García, Álvaro (2011). “Posición oficial del gobierno boliviano sobre el TIPNIS: 4 motivos por qué se debe construir la carretera”. La Razón. Visita en diciembre 20 de 2011 http://www.larazón.com/versionphp?Articled=142174.
Mazurek, Hubert (2006). Espacio y territorio: Conceptos, enfoques y metodologías de investigación. La Paz: PIEB.
Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas (2007). Bolivia: Población, Territorio y Medio ambiente. La Paz: Sagitario.
Oblitas, Mónica (2011). “Indígenas fustigan al Gobierno en Sudáfrica”. Los Tiempos,diciembre 1 de 2011, sección Internacional.
Paz, Sarela (2011a). “¿Cuáles serían los impactos ambientales de la carretera por el TIPNIS?”. Visita en diciembre 20 de 2011 http://somossur.net/index.php
Paz, Sarela (2011b). “Entre la indignación y el desconcierto: avasallamiento en el TIPNIS por la ley de protección del territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Ley 180)”. Visita en diciembre 20 de 2011http://www.cambioclimatico.org.bo/derechosmt/122011/031211_1.pdf
Sena-Fobomade (2011). “Evo desahucia los ´innegables e imposibles´ pedidos de la VIII marcha indígena”. Visita en diciembre 20 de 2011 http://somossur.net/index.php
Viola, Andreu (1999). “Crónica de un fracaso Anunciado: coca y desarrollo alternativo en Bolivia”. En Los límites del desarrollo. Modelos ´rotos´ y modelos ´por construir´ en América Latina y África, Víctor, Bretón y F. García (Comp.): 161-203. Barcelona: Icaria.