La guerra de la Madre Tierra I

[Raúl Prada Alcoreza]

 

Mapa de conflictos sociambientales al 2017.pngMapa de conflictos socio-ambientales a agosto del 2017. Fuente: https://ejatlas.org/

 

INDICE

Prólogo

La defensa de los derechos de la Madre Tierra en el TIPNIS

En torno al TIPNIS

Las resistencias, las posibilidades alterativas y alternativas se encuentran en las comunidades indígenas-originarias

                           De contradicciones y confusiones del proceso

La instauración de una tiranía

Una tiranía anti-indígena al servicio del gobierno de Brasil, del IIRSA y de las trasnacionales

Anotaciones en torno a la defensa del TIPNIS

Los síntomas de la descomposición

Situación legal y constitucional del TIPNIS

¿Qué es una consulta previa libre e informada y cuándo se la efectúa?

Análisis del PROYECTO DE LEY DE CONSULTA

A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE–TIPNIS

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Prólogo

Hemos publicado hace un tiempo, durante el conflicto del TIPNIS y a lo largo de sus coyunturas álgidas; concretamente, durante la vorágine de la tormenta, respondida heroicamente con la VIII Marcha Indígena, en defensa del TIPNIS. Después durante la resistencia de las comunidades indígenas del TIPNIS, sobre todo, por el entramado comunitario que encarnan las mujeres, a la sistemática represión del gobierno extractivista; resistencia que tuvo el despliegue obligado de la IX Marcha Indígena, en contra de la consulta espuria del gobierno “progresista”.  Siguiendo los dramáticos eventos y la heroica resistencia de las naciones y pueblos indígenas, apoyados por el pueblo boliviano, colectivos activistas y ONGs, durante la VIII marcha; acallados durante la IX marcha; y retomando la interpelación constante contra la política extractivista del modelo colonial del capitalismo dependiente, implementada por el gobierno de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, agentes al servicio de la hiper-burguesía de la energía fósil, del capitalismo financiero y especulativo, de las empresas trasnacionales extractivistas, destructoras de la vida en el planeta.  Se ha publicado y difundido el escrito La guerra de la Madre Tierra.

El texto contiene tanto descripciones, interpretaciones, análisis, crítica e interpelaciones dadas al calor de la lucha emergida de la resistencia de las naciones y pueblos indígenas a la política extractivista del gobierno demagógico y populista, al servicio de la dominancia del capitalismo financiero y extractivista, del calor y del apoyo brindado por colectivos activistas a esta lucha. Hoy, cuando el gobierno de la economía extractivista y del Estado rentista, apoyado por los poderes del Estado tomados por el partido oficialista, ha aprobado en su Congreso títere la ley que levanta la intangibilidad del TIPNIS, ley 180, evidenciando nuevamente la violencia descarnada contra los ciclos vitales, los territorios, los ecosistemas, los derechos de las naciones y pueblos indígenas, haciéndolo al servicio del orden mundial de las dominaciones, de la geopolítica del sistema mundo capitalista, de parte de lo que ya es la burguesía rentista, la clase política en el gobierno, volvemos a publicar y difundir La guerra de la Madre Tierra. Ahora, lo hacemos en dos tomos; el primero, dedicado más a las descripciones, interpretaciones y análisis crítico; el segundo más dedicado a la interpelación y activismos de la palabra, del verbo, de la metáfora, del concepto, vertidos por el flujo de la pasión, que quiere combatir y apoyar a la lucha que vuelven a emprender las naciones y pueblos indígenas, los colectivos activistas e intelectualidad comprometida.

La defensa de los derechos de la Madre Tierra en el TIPNIS

La determinación del gobierno de construir la carretera que va de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos ha desatado una polémica en el país y la reacción de las organizaciones indígenas del CIDOB y el CONAMQ, que han resuelto marchar el 15 de agosto para evitar que el trazo de la carretera pase por el núcleo del Parque Isiboro-Sécure, exigiendo además la consulta a los pueblos indígenas, como está establecida en la Constitución Política del Estado. El Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure está protegido por leyes y la Constitución, además de ser parque, por lo tanto área protegida, es territorio indígena, y exige el respeto establecido constitucionalmente de los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios. Por otra parte el TIPNIS tiene que ver con las Resoluciones de Tiquipaya, con la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (CMPCC), las mismas que prohíben la explotación en bosques, así como plantean claramente la defensa de los ecosistemas y los ciclos vitales integrados. En esa perspectiva, la Ley Marco de la Madre Tierra, que se encuentra en la agenda de la Asamblea Legislativa Plurinacional, concibe la defensa de los ciclos reproductivos de la vida, los ciclos del agua, por lo tanto de las cuencas, los ciclos del suelo, los ciclos de los bosques, los ciclos del aire, los ciclos de los seres, concebidos como componentes de la Madre Terra. Por todas estas razones es inconcebible, desde el punto de vista de la Constitución y desde la perspectiva del Vivir Bien, además del enfoque de los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios, la determinación del gobierno de construir la carretera que atraviese el TIPNIS.

El debate ha puesto en la mesa la dirección del proceso, ¿por dónde va? ¿Desarrollismo o Vivir Bien? ¿Extractivismo o alternativa al desarrollo? Discusiones que deberían estar supuestamente resueltas desde la aprobación de la Constitución, no lo están, pues el gobierno y sectores interesados en promover el nombrado “desarrollo” parecen no comprender los contenidos y los alcances de la Constitución y el sentido del proceso constituyente. Una visión nacionalista restaura el Estado-nación, encaminando esta regresión hacia la ampliación del modelo extractivista, fortaleciendo de este modo las cadenas de la dependencia, instaurada por la expansión, consolidación e intensificación del colonialismo, método violento de la expansión capitalista. Este debate debe ser tomado en cuenta plenamente, considerando el momento del proceso, que se encuentra en crisis, el contexto del proceso, su propia genealogía, el despliegue mismo del proceso, con todas sus contradicciones y dinámicas moleculares. Sobre todo el debate debe traer a colación una reflexión profunda sobre los procesos en curso y sus enredos con los mapas institucionales y la arquitectura estatal liberal, buscando evaluar las perspectivas de las emancipaciones y las posibilidades de la descolonización.

La historia legal data de 1965 cuando la Ley 07401 crea el Parque Nacional Isiboro-Sécure. En el texto de la argumentación se habla de la “necesidad de conservar las cuencas hidrográficas, las nacientes de los ríos para la navegación, la riqueza de los recursos naturales y la belleza escénica, que podrían ser afectadas por la construcción de un camino siguiendo el borde del piedemonte y por la colonización”. Después de la Marcha por el Territorio y la Dignidad, el Decreto Supremo 22610 del 24 de septiembre de 1990 reconoce el Parque como Territorio Indígena, donde se asientan los pueblos Moxeño, Yuracaré y Chimán. Desde entonces se conoce el Parque como TIPNIS; el mismo decreto amplía su superficie a las áreas externas de los ríos Isiboro y Sécure; de este modo se incorporan las comunidades asentadas en las riberas de los ríos, conformando así una franja de amortiguamiento. Este mismo año se reconoce el espacio del TIPNIS con 1.225.347 hectáreas; sin embargo 19 años más tarde, el año 2009, debido a la presión de los colonizadores, el presidente Evo Morales entrega a los pueblos originarios un título ejecutorial sobre el TIPNIS, reduciendo la superficie del territorio indígena y del parque a 1.091.656 hectáreas. Como compensación se define una línea roja que prohíbe nuevos asentamientos. Al respecto no hay que olvidar que el TIPNIS no deja de ser área protegida.

La historia de la carretera tiene que ver con el proyecto de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA); el IIRSA tiene su origen en la primera Cumbre de Presidentes de América del Sur celebrada entre el 30 de agosto y el 1ro de septiembre de 2000 en Brasilia por invitación del entonces presidente Henrique Cardoso. Los jefes de Estado observaron que el impulso de la integración transfronteriza se vigoriza por ser una consecuencia de la proximidad geográfica, de la identidad cultural y de la consolidación de valores comunes. El IIRSA contempla los corredores transoceánicos que vincularían el Atlántico con el Pacífico, posibilitando el transporte de mercaderías entre ambos océanos. Si bien la justificación del proyecto IIRSA habla de integración entre los países involucrados, desde el comienzo se han hecho sentir voces que acusan al proyecto como parte de la estrategia de dominación de los Estados Unidos de América, también se han hecho escuchar críticas que califican al proyecto como parte de la expansión de la potencia emergente de Brasil. La carretera que cruza el TIPNIS forma parte de los corredores transoceánicos y por lo tanto también del proyecto IIRSA. Sin embargo, el gobierno de Evo Morales llegó a un acuerdo con el gobierno del entonces presidente Luiz Inácio «Lula» da Silva para la construcción de la mentada carretera, comprometiéndose un préstamo por parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil. Se entiende que por lo complicado de la situación al afectar el área protegida, el parque y el territorio indígena, se decide hacer tres tramos para facilitar la aprobación de la ficha ambiental. El tramo uno y el tramo tres se aprueban rápidamente, tramos que no atraviesan el parque, quedando pendiente el tramo dos que sí atraviesa el parque. Esta maniobra es notoria pues adelanta partes de un trazo comprometido, condicionando la aprobación del tramo II. Sin embargo, ante la inminente construcción de la carretera que atraviese el TIPNIS, los pueblos indígenas, las comunidades indígenas asentadas en el territorio en cuestión y las organizaciones indígenas del país, reaccionan exigiendo consulta previa  a los pueblos y comunidades, además de un tramo que no atraviese el Parque Isiboro-Sécure. A pesar de la crónica del anunciado conflicto, en junio de 2011 ante una concentración campesina cocalera en Eterazama (Cochabamba), el presidente Evo Morales dio por iniciada la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. La señalada carretera tiene una longitud de 306 kilómetros, la misma que será construida en tres años por la empresa brasileña OAS, observada en Brasil por los conflictos ambientales ocasionados. El presidente en su discurso expresó que esta obra promoverá el desarrollo, la vertebración de Bolivia y la integración del país con Sudamérica. La construcción de esa vía y otras obras complementarias demandarán una inversión de 442 millones de dólares, de los que 332 provienen de un crédito blando otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil.

El conflicto está planteado; por un lado el gobierno, con el propósito de construir la carretera que atraviesa el TIPNIS, por otro lado las organizaciones y los pueblos indígenas, que exigen consulta previa y que se haga otro trazo de la carretera para no afectar al ecosistema y a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Este conflicto se muestra como síntoma de una problemática más amplia, compleja y estructural. ¿Cuál es el proyecto del gobierno? ¿Por qué se enfrenta sistemáticamente a los pueblos y organizaciones indígenas? ¿Por qué se aleja del cumplimiento de la Constitución y la perspectiva del Vivir Bien? ¿Por qué se mantiene obsecuentemente en un proyecto desarrollista y extractivista? ¿Por qué no se construye el Estado plurinacional comunitario y autonómico? ¿Por qué no se hacen las transformaciones institucionales y estructurales que requiere esta construcción? ¿Por qué no se efectúa la transición transformadora y más bien se opta por proyectos que repiten los mismos estereotipos nacionalistas, desarrollistas y extractivistas? El debate compromete la estructura y la dirección misma del proceso. Por eso mismo es indispensable analizar y hacer inteligible lo que está en juego en torno al TIPNIS.

 Hipótesis

 En el debate se han planteado algunas explicaciones del obsecuente comportamiento del gobierno. El más conocido es el que tiene que ver con la expansión de la frontera agrícola, haciendo entrever también las consecuencias de la desforestación; esta ampliación está directamente conectada con la expansión de los cultivos de coca. Ya se dio antes un avasallamiento del territorio indígena por parte de productores de coca, ocasionando invasión y desforestación; esta expansión ya era conocida el 2004. La contención ante este avance se estableció mediante una línea roja dibujada el 2009, prohibiendo toda nueva expansión. Sin embargo, ante la construcción de la carretera se esperan nuevos avasallamientos, desforestaciones, expansiones de la frontera agrícola y del cultivo de coca.

Otra explicación manejada en el debate es la de la supeditación del gobierno boliviano y de su proyecto desarrollista-extractivista al proyecto emergente de la burguesía brasilera, en el momento de la urgencia energética de Brasil como potencia regional. Esta supeditación explicaría el papel condicionante de PETROBAS en la explotación hidrocarburífera, la presencia de empresas brasileras constructoras de caminos y de infraestructura, así como la participación, en un principio, de una empresa brasilera en el proyecto de San Buena Aventura[1]. Por otra parte, este condicionamiento también explicaría ciertas analogías entre los gobiernos “progresistas” de Bolivia y Brasil; estas analogías tienen que ver con combinaciones barrocas de pretensiones de Estado de Bienestar con políticas extractivistas y neo-extractivistas, así como con la permanencia de prácticas monetaristas y hasta neoliberales.

La otra hipótesis tiene que ver con las nuevas alianzas del gobierno, con los banqueros, la empresa privada, los agroindustriales de Santa Cruz, los soyeros, es decir la burguesía intermediaria boliviana. Estas alianzas económicas muestran el efectivo proyecto en el que se encamina el gobierno; pasar de la estabilidad económica y la acumulación del ahorro, lo que se habría logrado, a un modelo económico viable asentado en los grupos económicos que supuestamente “saben” producir y pueden “garantizar” la mentada “seguridad alimentaria”, incluso ratificada por los propios agroindustriales. Estas nuevas alianzas dejan en un segundo plano o, en el peor caso, al margen, a las comunidades campesinas. Estas alianzas económicas pueden explicar un proyecto de poder ventilado a largo plazo, evitando conflictos e incorporando a la burguesía agraria al proyecto gubernamental. Todo esto termina siendo coherente con la restauración del Estado-nación y explica el dejar de lado, como romanticismo, la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico.

También se ha ventilado la hipótesis de la posible existencia de reservas hidrocarburíferas en el TIPNIS. Es el propio Ministro de Hidrocarburos y Energía el que ha manifestado esta posibilidad. Situación que pone aun en un más grave peligro al TIPNIS. Independientemente de la contrastación de esta hipótesis, lo que se hace evidente es el peso primordial que ha adquirido el modelo extractivista en las estrategias económicas del gobierno. Con lo que nos habríamos alejado definitivamente del Vivir Bien, de la economía social y comunitaria, de la articulación integrada y complementaria de la economía plural, en transición a la economía social-comunitaria y al Vivir Bien.

Ahora bien, ¿por qué estaría pasando todo esto? Todas estas explicaciones requieren de una hipótesis sobre la dinámica contradictoria del proceso. ¿Cómo hemos llegado a esta situación en el momento presente? La primera hipótesis al respecto es que no se ha resuelto la cuestión estatal, no se ha destruido el Estado-nación, que es la forma moderna del Estado liberal, que es la forma de legitimación en la periferia del sistema-mundo capitalista del Estado colonial. Se ha, mas bien, restaurado toda esta maquinaria sedimentada por capas, estratificada por formas administrativas, dándose una acumulación geológica de las reformas institucionales modernas. Lo que hace este Estado al ser restaurado es reproducir sus múltiples formas de dominación y reencaminar la continuidad de las estructuras de poder, de los diagramas de fuerza, que atraviesan los cuerpos induciendo determinados comportamientos funcionales al sistema nacionalista, liberal y colonial. También se reproducen las relaciones de dependencia y de supeditación del Estado-nación subalterno al orden mundial de la dominación global del sistema-mundo capitalista. La pertenencia al sistema financiero, que es el centro de la dominación imperial y capitalista, el sometimiento a sus reglas, el entregar el ahorro nacional a los bancos extranjeros, hablan de este sometimiento de la periferia al centro de la economía-mundo capitalista. Lo mismo ocurre en lo que respecta a los engranajes y redes de las empresas trasnacionales; por el condicionamiento de sus monopolios tecnológicos, financieros, de mercados, de sus mecanismos, procedimientos y agenciamientos de influencia, terminan imponiendo sus estrategias de enajenación de los recursos naturales y de acumulación ampliada de capital, convirtiéndolas de forma mediatizada en políticas de Estado del gobierno. Esto es una parte de la reproducción del Estado, su funcionamiento implica otras más; sin necesidad de recaer en una descripción exhaustiva es menester mencionar algunas más que tienen que ver con agenciamientos vinculados a la economía política del chantaje. Es sabido que los estados, sus instituciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con actividades económicas, se encuentran atravesados por circuitos de influencias, cuoteo, participaciones ilícitas, prebendas, doble información, sobreprecios, lo que llamaremos el mundo de la economía paralela, economía que corroe las propias prácticas administrativas. En otras palabras, el Estado se convierte en un botín para grupos fortuitos de poder. Esta red de relaciones perversas forma parte de los recovecos de una maquinaria estatal que chirria al funcionar. Este diagrama de poder de la corrupción forma parte de la vida cotidiana de los Estado. Cuando no se resuelve la cuestión estatal, cuando no se desmantela esta maquinaria, cuando se deja intacta su arquitectura, también se deja que estas prácticas aviesas vuelvan a articularse y desplegarse, aunque sea con nuevos personajes, una nueva élite en el poder. Obviamente el panorama se complica cuando ampliamos la perspectiva a los circuitos del narcotráfico. Narcotráfico, contrabando, lavado de dinero, tráfico de tierras, vienen acompañando a la lógica del enriquecimiento fácil e ilícito. El problema se hace agudo cuando de los márgenes de la economía y los márgenes del Estado estos circuitos se incrustan en los espacios y núcleos de realización de la economía formal, como la banca, cuando terminan incrustándose en las organizaciones mismas de las instituciones. En este caso el Estado se encuentra invadido. Esto pasa en estados vulnerables, pero también llega a pasar en estados no vulnerables, con tradiciones de institucionalización de larga data; esto pasa en modelos liberales y neoliberales, tanto de la periferia como en algunos países del centro de la geografía del sistema-mundo y la economía mundo capitalista. Empero, lo que no neja de ser sorprendente es que esta corrosión termine ocurriendo en gobiernos que tienen la responsabilidad de las transiciones hacia el poscapitalismo. Es esto lo que hay que explicar, es indispensable entender las razones que conducen a un gobierno popular a repetir la increíble y triste historia del otoño del patriarca. En esta perspectiva, en la búsqueda de las condicionantes y las tendencias inherentes a las dinámicas moleculares del proceso, debemos también identificar otras prácticas sintomáticas en esta fabulosa reproducción de la maquinaria estatal. Sobresalen entre estas prácticas las relaciones de subordinación y cooptación de las organizaciones sociales, sobre todo de la dirigencia ejecutiva. No se permite la vida autónoma de las organizaciones, mucho menos la reaparición de movimientos sociales de envergadura, como las que se dieron durante el periodo 2000-2005, no se permite entonces la participación y la construcción colectiva de las decisiones, de la dirección del proceso y de las estrategias políticas. Las organizaciones, sobre todo sus bases, se han convertido en referentes de legitimación de las decisiones cupulares que se toman en el gobierno. Esta relación de subordinación de las organizaciones sociales terminan convirtiéndose en relaciones prebéndales, comprometiendo a la dirigencia ejecutiva en beneficios compartidos y controlados por las instituciones gubernamentales o estatales. Estas prácticas se parecen mucho a las prácticas de gobiernos y partidos populistas con las organizaciones sociales y dirigencias; particularmente, en lo que respecta a Bolivia, se parece mucho a las prácticas del MNR durante los 12 años de gobiernos del nacionalismo revolucionario (1952-1964). Estas prácticas prebéndales muestran un mapa más complejo de las estructuras de poder; las organizaciones sociales, los sindicatos, terminan participando del lucro del poder, aunque lo hagan en una proporción y participación secundaria, marginal, menos estratégica. Lo que cuenta aquí es la extensión de los engranajes y los mecanismos de poder, no sólo para la legitimación sino también como predominio y como aprovechamiento, aunque sólo terminen haciéndolo las dirigencias. De esta manera se trabó y quebrantó la posibilidad de participación y control, de conducción colectiva, por parte de las organizaciones sociales, afectando a las masivas fuerzas sociales, al poder constituyente de los movimientos sociales, que son el sostén y la defensa misma del proceso.

En torno al TIPNIS

De acuerdo a fuentes de investigación científica sobre la biodiversidad[2]el TIPNIS es el corazón de la producción de agua de Bolivia (el 5to país con mayores reservas de agua dulce del planeta). La interpretación de esta situación y esta condición del TIPNIS, como ecosistema y como articulación de ecosistemas y circuitos climáticos, se la describe de la siguiente manera:

La peculiar configuración geográfica de la cordillera de los andes en nuestro país; en el llamado codo de los Andes la cordillera hace una inflexión y en lugar de ir de sur a norte va de oriente a occidente. Los contrafuertes andinos reciben los vientos que provienen de la Amazonia (barlovento) recogiendo la humedad de la evapotranspiración de la biomasa boscosa; estos vientos se elevan cambiando de curso, se enfrían, forman nubes (cúmulos cumnuloninmbus) que se precipitan en ese lugar en un circuito permanente de lluvia que es el factor más importante de generación de biodiversidad. También las masas de nubes pasan al otro lado de la cordillera hacia los valles secos de Cochabamba y mesotérmicos de Santa Cruz dando lugar a bofedales, lagunas y cursos de agua responsables de la relativa humedad de algunos de estos valles productivos. Estas lagunas además de proveer agua (ejemplo Misicuni) también proveen energía hidroeléctrica (ejemplo Corani). Las nubes que atraviesan la cordillera también son responsables de la biodiversidad de los bosques de altura (ejemplo  La Siberia en al camino antiguo Santa Cruz-Cochabamba) que forman cursos de agua para los valles de Santa Cruz (ejemplo Comarapa).

 La conclusión del análisis de los mapas climáticos que saca la fuente mencionada es categórica:

En fin, queda claro que existe un serio riesgo climático en estas dos regiones (cuenca del rio Mamoré) y valles de Cochabamba, si se da un proceso de deforestación en los bosques amazónicos del sub-andino. Dicho proceso de deforestación es, honestamente, imposible de ser evitado si se dan asientos de colonización en la carretera, ya que la cultura de la tala y quema seguramente podrá ser erradicada en un número de años no menor a los requeridos para deforestar el 80% del bosque tropical que está en la región que tratamos.

Otra conclusión que saca el análisis científico es ilustrativa:

Por otro lado, será importante saber que la cantidad de suelo anegadizo en la región del trazo que cruza el TIPNIS es tan grande que hasta la mejor ingeniería va a tener serios problemas para su ejecución. Esta demás decir que el trazo por el lado oriente es sobre suelo más fijo y de mejor transitabilidad.

 Son elocuentes los mapas que se presenta y el dibujo que termina interpretando gráficamente esta dramática evaluación de la situación vulnerable del TIPNIS.

TIPNIS a

 

TIPNIS b

 

TIPNIS c

 

TIPNIS d.png

¿Qué podemos decir al respecto? En relación a este análisis y descripción de las condiciones, pero también de las probables consecuencias si se produce el quiebre del Territorio y Parque Isiboro-Sécure, queda claro que la defensa del TIPNIS es no sólo responsabilidad de las comunidades de las naciones y pueblos indígenas originarios que lo habitan, sino también de todos los bolivianos y bolivianas conscientes del problema y la problemática, de todos los bolivianos y bolivianas que aprobamos la Constitución Política del Estado. El TIPNIS es el corazón de la producción de agua de Bolivia, no hay dónde perderse, si se ejecuta el proyecto extractivista, el proyecto IIRSA, la vinculación transoceánica, conllevando el desplazamiento e invasión cocalera, no sólo se terminará desforestando, degradando y destruyendo uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del planeta, sino que también se habrá quebrado el corazón de la producción de agua, se habrá cortado con la articulación de los ciclos del agua conectados a los ciclos climáticos, a los ciclos del suelo, a los ciclos de los bosques, a los ciclos de reproducción de la vida. Cochabamba disminuirá progresivamente su régimen hidrológico y con el pasar del tiempo quedará sin agua, cambiando los climas de los grandes entornos geográficos y regionales del TIPNIS. Se entiende que a mentalidades desarrollistas, extractivistas, modernistas e industrialistas, estas consecuencias les preocupo poco, si no es que nada, pues ellos miden los costos y beneficios en términos monetarios, en términos de la brutal y reducida contabilidad capitalista. En sus imaginarios colonizados no entran para nada los costos ambientales, los costos ecológicos; ahora sabemos que no les interesa para nada los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. ¿Qué es el desarrollo para estas mentalidades? Podemos interpretar que se trata del goce inmediato compulsivo de la ilusión dineraria; estos tardíos burgueses internacionalizados no llegan a un diseño estratégico de dominación; al contrario, se supeditan a potencias, a las estrategias de estas potencias, creyendo que del rebalse de las ganancias de la acumulación ampliada de capital, a escala mundial, les va tocar una parte. No son solamente ilusos, sino que también expresan la consciencia desdichada de las burguesías tardías y periféricas. El desarrollo al que apuestan es el desarrollo capitalista, que se da en escala mundial; este desarrollo produce “subdesarrollo” y dependencia en la periferia del sistema-mundo capitalista. Estos gobernantes al servicio de estrategias hegemónicas y de dominación a escala mundial, esta lumpenburguesía, como la llamaba André Gunder Frank, no son otra cosa que dispositivos y agenciamientos de los diagramas de poder, de los mapas de fuerza, de la dominación global del capitalismo contemporáneo.

El conflicto del TIPNIS ha puesto en evidencia los nuevos frentes políticos, sociales, económicos y culturales, frentes dibujados en la coyuntura crítica del proceso; por un lado, defendiendo los derechos de la Madre Tierra, están las naciones y pueblos indígenas originarios, sobre todo los movimientos y organizaciones propiamente indígenas, constatados en sus formas de organización, formas de representación, mandos rotativos, normas y procedimientos propios, instituciones ancestrales y cosmovisiones nativas; estas naciones y pueblos están apoyados por nuevos movimientos juveniles y urbanos, también por históricos movimientos como los regantes[3], los guerreros del agua y los guerreros del gas. Por otro lado, apoyando el trazo de la carretera por el TIPNIS, están las organizaciones campesinas, organizadas en sindicatos (CSUTCB, CNMCIOB “BS”, CSCIB); todo el conglomerado campesino, de alguna manera conducido por las federaciones cocaleras. Todo este conjunto, más o menos cohesionado, también diferenciado y plural, así mismo abigarrado, que fue parte del llamado “bloque popular”, ahora se encuentra llevando al ascenso desbocado a una nueva burguesía emergente, de nuevos ricos y nuevos intermediarios en los circuitos de capital, mercancías, transgénicos, contrabandos, tráficos, incluyendo los del narcotráfico. Lo hace en el desplazamiento constante hacia alianzas inesperadas con los agroindustriales de Santa Cruz, la burguesía intermediaria, la banca, las empresas trasnacionales de los hidrocarburos y la minería, las empresas constructoras brasileras y el gobierno brasilero.

Tomando en cuenta esta mapa de fuerzas, respecto a lo que decimos y afirmamos, vamos a respaldarnos en el análisis que hace Enrique Ormachea, Investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), quien hace una ilustrativa descripción de la dinámica estructura de clases en la coyuntura, lo que nos permite elucidar el carácter de la lucha de clases y de la guerra descolonizadora en el momento de la crisis del proceso. Enrique Ormachea escribe:   

Una buena parte de los cocaleros son ya campesinos ricos o acomodados porque obtienen ganancias gracias a la apropiación de trabajo ajeno, pues producen normalmente con el concurso de peones asalariados. Por el contrario, los indígenas yuaracarés, moxeños y chimanes que habitan en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) –y la mayor parte de los indígenas de las tierras bajas– además de realizar actividades agrícolas en chacos que usufructúan individualmente y que combinan con otro tipo de actividades económicas vinculadas con el mercado (como la extracción de recursos forestales y la elaboración de artesanías), normalmente se ven obligados a vender temporalmente su fuerza de trabajo a ganaderos, madereros y a los propios cocaleros para asegurar su medios de subsistencia. En este sentido, mientras los primeros son pequeños y hasta pequeñísimos capitalistas, los segundos son mayoritariamente semiproletarios[4].

 Esta descripción es importante pues nos ubica de lleno en la relación social, en la relación de dominación de un conglomerado social sobre otro, de una dinámica bullente de monocultivo, agrícola, comercial, encaminada a la expansión de la frontera agrícola, de la comunicación carretera y caminera, sobre otra dinámica, apegada al territorio, a las normas y procedimientos propios, a las instituciones ancestrales, a la búsqueda de un proyecto alternativo al desarrollo y a la modernidad, que actualice las comunidades ancestrales, sus manejos territoriales y de bosques, combinándolos con formas de organización emergentes y en la perspectiva establecida en la Constitución, perspectiva traducida como la del vivir bien. Lo que fue el “bloque popular”, que se coaligó y expulsó a la mega-coalición neoliberal, terminó mostrando su composición diferencial y ha terminado de manifestar las contradicciones inherentes rápidamente, justo en el momento de transición hacia el Estado plurinacional comunitario y autonómico. Esta abertura y quiebre del “bloque popular” evidencia la existencia de proyectos distintos, dicotómicos y contradictorios; un proyecto capitalista, desarrollista, extractivista, dependiente, articulándose al reacomodo de las estructuras y formas de intercambio en la geopolíticas del sistema mundo capitalistas; otro proyecto emergente, nacido de las entrañas de las luchas sociales contra el neoliberalismo y de las entrañas de la guerra anticolonial y descolonizadora de las naciones y pueblos indígenas originarios, que ha expresado su horizonte civilizatorio en la Constitución, en tanto Estado plurinacional comunitario y autonómico, en tanto economía social y comunitaria, en tanto modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, la modernidad y el desarrollo.

Los dos proyectos no pueden coexistir en el proceso, son opuestos; uno se coloca en la continuidad de la misma civilización moderna, capitalista, desarrollista y extractivista, el otro apunta a abolir esta civilización, abriendo la posibilidad civilizatoria alternativa haciendo emerger configuraciones culturales inhibidas por los colonialismo y los capitalismos, actualizándolos y combinándolos con formas autogestionarias y solidarias contemporáneas. Este proyecto se opone abiertamente al desarrollismo y al extractivismo, se encamina más bien a restaurar las complementariedades dinámicas con los ecosistemas, seres, ciclos vitales interrelacionados e integrados en las formas complejas de reproducción de la vida. No debe sorprendernos entonces los conflictos que se dan entre el gobierno y las naciones y pueblos indígenas originarios, pues el gobierno se ha convertido en la expresión política e institucional del proyecto de continuidad capitalista, desarrollista, extractivista y de monocultivos. ¿Por qué ha sucedido esto?

La contradicción era latente, solo que no tuvo las condiciones de posibilidad para mostrarse; una cosa era luchar contra los gobiernos neoliberales y el proyecto neoliberal en curso y otra cosa es abolir el Estado-nación, construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, en la perspectiva del modelo civilizatorio del Vivir Bien, que se basa en el respeto de los derechos de los seres, componentes y ciclos vitales de la Madre Tierra. En lo que fue el “bloque popular” hay clases sociales que no están dispuestas a abandonar las formas de monocultivo, menos la producción de coca, también de cocaína, no están dispuestas a renunciar a la expansión de la frontera agrícola a costa de los bosques y ecosistemas, no están dispuestas a renunciar a las ganancias y, sobre todo, a las ganancias fáciles, tampoco van a renunciar a una compulsión individual por la tenencia de la tierra, aunque esto implique violar la Constitución.

La CSUTCB ha desarrollado un anteproyecto de Ley que contempla la desaparición de las TCOs porque las considera latifundios, también contempla la redistribución de la tierra de forma individual, contraviniendo a la Constitución que establece la reversión de tierras a comunidades indígenas y campesinas de forma colectiva. Sorprende que en las argumentaciones justificadoras del anteproyecto se ventilen calificativos de “terratenientes” para los indígenas que habitan las TCOs, llama la atención que se olviden de los latifundistas y terratenientes históricos, contra los que se había tenido una larga lucha, precisamente por la reforma agraria. ¿Qué pasa? ¿Otros son los enemigos? Ahora son los indígenas, las naciones y pueblos indígenas, sus organizaciones, sus formas colectivas de propiedad, sus gestiones territoriales ancestrales. Ahora, en cambio, los campesinos son aliados los latifundistas y terratenientes históricos, los agroindustriales, los soyeros, que emplean transgénicos, los empresarios, pues ellos, así como los campesinos, persiguen la continuidad del mismo modelo capitalista, desarrollista, extractivista. Ahora las alianzas son otras y los frentes de la lucha son otros.

El conflicto en torno al TIPNIOS es demostrativo por poner al descubierto de una manera descarnada estas contradicciones:

Acicateados entonces por sus crecientes motivaciones de acumulación, los cocaleros del trópico de Cochabamba se han visto en la necesidad de acrecentar sus propiedades, lo que implica expandir la frontera agrícola. Sin embargo, esta expansión sólo puede darse hacia dos zonas claramente definidas. Por un lado, hacia el TIPNIS y, por otro lado, hacia el departamento de Santa Cruz; esta última opción implicaría avanzar sobre tierras que ya están ocupadas tanto por otros colonizadores (buena parte de ellos también campesinos ricos) como por pequeñas, medianas y grandes empresas capitalistas agrícolas y ganaderas articuladas a la agroindustria[5].   

 Al respecto y de una manera contextual, Mayari Castillo y Anahí Durand, escriben en Identidades, etnicidad y racismo en América Latina, que:

En primer lugar, la economía de la coca, aunque no reconocida oficialmente, genera una porción importante del PIB de Bolivia. Durante la peor crisis económica, la economía ilegal de la coca permitió sustentar la aplicación de los ajustes estructurales, siendo válvula de escape de la pobreza y un nuevo espacio laboral para los ex mineros de las recién cerradas minas de la COB (Lanza, 1999). De la misma manera, frente a una economía con crecimiento estancado o negativo y uno de los índices de pobreza más altos de América Latina, la cooperación internacional radicada en Bolivia constituía una importante fuente de ingreso. En los últimos doce años, Bolivia recibió por concepto de asistencia financiera oficial cerca del 11% del PIB. Sumado a los aportes de agencias privadas, ONG y otros, la cifra se eleva a un 15% (Grebe, 2002). También pudo reprogramar su deuda financiera gracias a los recursos donados por Europa y, hasta hace poco, recibía financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento, además de financiamiento de carácter bilateral desde Japón, Estados Unidos, Alemania y Países Bajos. La mayor parte de estos apoyos estaban condicionados al cumplimiento de metas sobre control del narcotráfico, incluyendo la erradicación del cultivo de la hoja de coca. Por ello, la resistencia cocalera al cumplimiento de metas otorgaba al conflicto una importancia nacional[6].

 Los investigadores nos dejan en este dibujo panorámico y de evaluación del movimiento cocalero determinados perfiles de la problemática; primero se habla de una economía de la coca, una economía subterránea, que sostiene parte del funcionamiento de los circuitos económicos. Segundo, que con el propósito de erradicación y sustitución de los cultivos de coca, la cooperación internacional ha financiado programas de apoyo a la diversificación de la producción agrícola, así como programas de interdicción. Todo esto puede considerarse también como parte de las inyecciones monetarias al campo económico boliviano, incidiendo en la formación de su Producto Interno Bruto (PIB). En otras palabras, la economía de la coca forma parte de la realidad, como uno de sus niveles, en la compleja sedimentación de sus ámbitos, mundos paralelos o colaterales. Esta economía de la coca es tan importante que no sólo dibuja circuitos, recorridos, articulaciones con otros niveles económicos, sino que también ha terminado constituyendo sujetos sociales, subjetividades e imaginarios, incluso instrumentos políticos y electorales, además de lograr catapultar a las Federaciones Cocaleras al gobierno. Se sabe que por lo menos dos ámbitos territoriales campesinos están articulados a la economía de la coca, Los Yungas y El Chapare, además de otros territorios de expansión, comprendiendo otras zonas más circunscritas y dispersas, que fueron tradicionales en el cultivo de la hoja de coca, como el caso de Apolo e Inquisivi; también hay que considerar la irradiación espacial de la economía de la coca en relación a otros circuitos comerciales y flujos dinerarios, de mercancías y migraciones. También sabemos que la economía de la coca ha estado articulada a la historia económica de la Audiencia de Charcas y de los periodos republicanos; el ciclo de la economía de la plata, el ciclo de la economía del estaño y, también, aunque de un modo más indirecto y con muchas mediaciones, al actual ciclo de la economía de los hidrocarburos. La economía de la coca ha formado parte entonces de las estructuras económicas, de sus flujos, circuitos y recorridos.

Por otra parte, podemos abrirnos a la comprensión de las estrategias diferenciales, plurales, cíclicas y rítmicas de las economías campesinas, atravesadas por complementariedades, reciprocidades, también por transformaciones del ayni y la mink’a, como formas de relación por servicios y especies, por un lado, y por trabajos y dinero, por otro. Comprender también que las formas de organización son complejas, variadas, expansibles o contraíbles, dependiendo de la forma como se relacionan las unidades domesticas con las familias, con las estructuras familiares, comprendiendo edades, género y generaciones. Así mismo tener en cuenta las diferentes prácticas de los vecinos respecto a las prácticas combinadas de los pueblos y comunidades. Todo esto nos muestra una combinación rica de estrategias y de estructuras, de composiciones y de ritmos cíclicos, dependiendo del producto, de las interrelaciones entre productos, dependiendo también del lugar y del momento. Las economías campesinas son configuradas por racionalidades alternativas y colaterales a la racionalidad moderna y eficaz del cálculo del costo y beneficio. En otras palabras, es imposible comprender las estrategias campesinas a partir de la reducida contabilidad económica. Se trata de otras racionalidades, que funcionan flexiblemente, dúctilmente y en combinaciones abiertas[7].  Empero, algo que podemos compartir con cierta certeza es que, de todas maneras, se trata de economías articuladas al mercado y a los vaivenes del mercado, por lo tanto a los movimientos de los precios de los productos. Ahora bien, un cultivo y producto altamente rentable es la coca, incluso en momentos de bajos precios; esto debido a los rendimientos, sobre todo a las cosechas que se dan al año. Lo que decimos vale mucho más cuando los precios de la hoja de coca suben estrepitosamente, debido a factores externos de extrema imponderabilidad, como la debida al comercio del narcotráfico, sobre todo de la cocaína.

Bajo estas consideraciones es posible una hipótesis en relación a la expansión estrepitosa de los cultivos de la hoja de coca, incluyendo la invasión a los parques y territorios indígenas. Es tan gravitante el comercio de la cocaína, tal la incidencia de sus circuitos, de su capacidad de irradiación, de su fuerza financiera, de sus múltiples estratégicas de tráfico, que se ha convertido en el núcleo explicativo de la propia economía de la coca, por lo tanto no sólo de los circuitos y de la acumulación sino de la expansión compulsiva del monocultivo.

Independientemente de cualquier pretensión moral o de pose artificial sobre la problemática de la cocaína, pretensión y pose falsa de las potencias, de NNUU y de la cooperación internacional, lo que importan es comprender claramente el conflicto suscitado en torno al TIPNIS, así como los conflictos que se han dado sucesivamente, contiendas anteriores y en perspectiva, repetidos intermitentemente, colisiones del gobierno con las naciones y pueblos indígenas originarios, desde la aprobación de la Constitución; lo que importa es comprender el conflicto a partir de las fuerzas involucradas, de las tendencias, de los proyectos inherentes. La economía de la coca forma parte de la economía de la cocaína y la economía de la cocaína forma parte de las economías del sistema-mundo capitalista. Una apuesta por la expansión del monocultivo de la coca forma parte de la expansión compulsiva de la economía de la cocaína y obviamente de la acumulación ampliada de capital en la economía-mundo capitalista. Apostar por esta salida, se lo haga abiertamente, como en el caso de las decisiones prácticas que toman los cocaleros, o veladamente, haciendo como si no se viera nada, como ocurre con el comportamiento del gobierno respecto a esta problemática, no importa, pero apostar por esta salida significa la continuidad del modelo capitalista, desarrollista extractivista y dependiente, ahora atravesado por la economía política del chantaje, es decir por la economía de la cocaína, como una de sus formas. Este proyecto continuista se enfrenta abiertamente al otro proyecto, nacido de las entrañas de las luchas sociales y de la guerra anticolonial y descolonizadora, expresada plenamente en la Constitución. Este modelo es el del Vivir Bien, modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Este modelo se basa en la condición plurinacional, en la condición comunitaria, en la condición autonómica y en la condición intercultural, por lo tanto este modelo se basa en las cosmovisiones indígenas y en la reconstitución de los territorios ancestrales, actualmente habitados, como reza la Constitución. Este modelo supone un descentramiento radical del antropocentrismo, desplazándose al reconocimiento de la condición vital de los otros seres que componen la Madre Tierra, reconociendo su condición de sujetos y reconociendo sus derechos. Esta concepción está plasmada en el proyecto de Ley de la Madre Tierra. El conflicto del TIPNIS está expresando entonces la guerra de dos proyectos opuestos, antagónicos, de modelos encontrados, uno el capitalista y moderno, el otro alternativo al capitalismo y la modernidad. Hay una lucha de clases y una guerra anticolonial y descolonizadora en curso, con sus sujetos sociales, sus organizaciones, sus instituciones opuestas, incluso con sus diferentes formaciones discursivas en franco y abierto debate.

Volviendo al análisis de Enrique Ormachea, podemos dimensionar los alcances concretos del conflicto en torno al TIPNIS. Entonces el conflicto especifico, en el territorio, en los límites del parque y en el interior del parque, en el llamado bloque 7, que es la zona de avasallamiento del parque por los colonizadores, es entre comunidades indígenas y colonizadores, comunidades indígenas y cocaleros. En el documento citado se escribe:

Si en algo hacen hincapié los indígenas cuando plantean la defensa del TIPNIS es en el tema de la expansión cocalera y sus efectos. No les faltan razones. En el Gobierno de Evo Morales se les ha recortado alrededor de 145 mil hectáreas que acabaron siendo dotadas a cocaleros que habían ocupado estas tierras de hecho, al aprobar un título final de propiedad colectiva de 1.091.656 hectáreas frente al título ejecutorial concedido en 1997 que ascendía a 1.236.296 hectáreas[8].

 

La legitimación del avasallamiento ya muestra el sentido del gobierno, de sus políticas en relación a la tierra y al territorio, en relación de lo que respecta a las áreas protegidas y territorios indígenas. El gobierno responde en primer lugar, en el plano afectivo y de los compromisos orgánicos, a las federaciones cocaleras, también a las organizaciones de colonizadores, llamados ahora interculturales, que ya cuenta con más de un millón de afiliados, así mismo responde a los compromisos sindicales con las organizaciones campesinas, constituidas en la CSUTCB y en la confederación de mujeres campesinas, las conocidas como “bartolinas”; en segundo lugar, ya en un plano político, responde a la continuidad del proyecto capitalista, desarrollista, extractivista, dependiente, otorgándole un carácter popular al proyecto; en tercer lugar, ya en un plano estratégico o geopolítico, el gobierno está supeditado a la irradiación de la política expansionista y hegemónica del Estado brasilero; en cuarto lugar, ya en un plano de las complicaciones de las que no puede zafarse, atado a las herencias de las lógicas de poder persistente, responde a los condicionamientos de las empresas trasnacionales, tanto de los hidrocarburos como de la minería; en quinto lugar, ya en el plan de las nuevas alianzas, responde a los acuerdos económicos con la burguesía intermediaria boliviana, los agroindustriales, los soyeros y las mediaciones de los grandes monopolios de las empresas de transgénicos. La presión sobre la frontera agrícola cocalera y colonizadora se da no solo con la benevolencia del gobierno sino en alianza estratégica con los agroindustriales y soyeros, es decir, la burguesía intermediaria. Todos ellos forman parte de la composición social, económica, subjetiva e imaginaria del proyecto desarrollista-extractivista.

Esta situación es vivida, intuida, comprendida y elucidada por las organizaciones indígenas del CIDOB y CONAMAQ. Se comenta el testimonio de uno de los dirigentes del TIPNIS que estuvo en la VIII marcha indígena:

En una entrevista reciente, el dirigente indígena Adolfo Moye ha señalado que, a raíz de la expansión de los cocaleros hacia las comunidades indígenas del TIPNIS, muchas terminaron rodeadas de colonos “…por ejemplo, la comunidad de Santísima Trinidad donde yo vivo junto a 140 familias indígenas mezcladas con algunos colonos, hemos quedado al centro de la zona colonizada y rodeada por cocaleros. En la comunidad Limo, los hermanos del pueblo moxeño yuracaré ahora tienen apenas una hectárea y trabajan como empleados de los colonos. Sus hijos han tenido que migrar a las ciudades capitales para buscar empleo queriendo adoptar otra forma de vida; en muchos pueblos solo quedan los viejitos. Algunas comunidades, como Puerto Patiño e Isiborito, se extinguieron y no sabemos a dónde se fueron esos hermanos…”. (Entrevista en el Foro Social de Asunción)[10].

 El testimonio de Adolfo Moye es elocuente; lo que describe es una relación de dominación de los cocaleros y de los colonizadores sobre los indígenas del TIPNIS. Los indígenas no solamente son discriminados y explotados, sino vistos como menos. No se los considera iguales, ni se establece con ellos relaciones de igualdad. Esto ocurre de manera dramática en los lugares de intersección entre comunidades indígenas y colonos; si bien no ocurre lo mismo cuando los dirigentes de las organizaciones indígenas y de las organizaciones campesinas entablan relaciones de organización, de discusión, cuando entablan acuerdos y pactan sobre temas de interés común, pues a este nivel se entiende que no considerarse como iguales sería una muestra insostenible de racismo. No ocurre porque a ese nivel se tiene otra concepción de lo que es ser indígena; somos todos indígenas, aymaras, quischwas, urus, chipayas, guaranís, moxeños, chácobos, chimánes, yuracarés. La diferencia está en que unos somos campesinos y otros conservan la propiedad comunitaria, el ayllu; unos estamos organizados en sindicatos y otros en las formas organizativas propias comunitarias. Este discurso se mantuvo durante parte de la vida del Pacto de Unidad, sobre todo durante el proceso constituyente. Ahora parece desmoronarse este discurso ante la evidencia de las grandes diferencias, discrepancias de concepciones, de intereses y de proyectos. Los dirigentes campesinos se acercan rápidamente a los prejuicios que tienen los campesinos y colonos que habitan los lugares limítrofes con territorios indígenas. Sobre todo ahora, cuando se da el conflicto del TIPNIS, los dirigentes campesinos se apegan más a defender el discurso gubernamental estridentemente descalificador del movimiento indígena en defensa de sus derechos, consagrados por la Constitución. El “bloque popular” se ha roto.

Esta descripción me recuerda a lo que ocurría años atrás, cuando era vigente, convocativo e irradiante el proletariado minero; a pesar de su consciencia de clase, de su condición de clase compuesta por el desclasamiento de las otras clases, de clase que debería abolir todas las clases, los mineros mantenían relaciones de dominación, subordinando a las comunidades indígenas y campesinas aledañas a los campamentos. ¿Por qué ocurre esto? Se notaba un aire de superioridad; una cosa implica estar ligado al campamento minero, a la explotación de las vetas mineras, a los ingenios, a la organización capitalista del trabajo, y otra cosa significa estar ligado a los ayllus, a las comunidades, donde preponderaban “modos” de producción pre-capitalistas y no-capitalistas. La diferencia estaba dada. Los mineros compartían una ilusión desarrollista y un imaginario modernista, en contraposición de los indígenas y campesinos, que más bien expresaban un apego a otros imaginarios, mas bien, animistas. Una de las consecuencias de la modernidad fue esta descalificación de otras formas de vida, de otras formas de cohesión social y de relacionamiento, que no sean las propias de la modernidad.

Las investigaciones y los estudios sociológicos han descrito y han teorizado sobre la transición a la modernidad; el desencanto, la desacralización, la ruptura y quiebre de las comunidades, de las instituciones y estructuras tradicionales, forma parte de las hipótesis iniciales de estos estudios y estos análisis. El paso de la familia extendida y compuesta a la familia nuclear, las migraciones rural-urbanas, la atomización y la individualización, la homogeneización de los comportamientos y las conductas, el disciplinamiento, forman parte de este proceso de modernización, entendida como una dinámica cultural y civilizatoria que pone en suspenso los valores y las instituciones tradicionales; la modernidad entendida como experiencia de la vertiginosidad, sensibilidad estética que expresa esta experiencia como cuando todo lo sólido se desvanece en el aire, frase de Shakespeare, recogida por Marx[11]. La historia de la representación de la modernidad es toda una arqueología, comienza con los poetas malditos, quienes le atribuyen características estéticas y lúdicas, haciendo hincapié sobre todo en la experiencia de la vertiginosidad y el suspenso. El concepto es retomado por la sociología y la economía empero de una manera más instrumental y descriptiva, perdiendo sus ribetes poéticos, empezando a adquirir perfiles organizacionales, estructurales, institucionales y de relaciones de mapas definidos de transvaloración y transición modernizadora. Marx y algunas corrientes marxistas retoman el concepto dándole un carácter dialéctico, retomando algunas ideas iniciales de la experiencia de la transformación desbocada. Ya en la etapa de balance habría que contar con el análisis desplegado por Marshall Berman; estudio que intitula precisamente Todo lo sólido se desvanece en el aire[12]. En las corrientes marxistas teóricas contemporáneas un antecedente de la crítica de la modernidad es el libro de Adorno y Horkheimer titulado Dialéctica del iluminismo[13]. Quizás sea el análisis más penetrante de la modernidad, a la que caracterizan como iluminismo, que también puede ser retomada como crítica; de lo que se trata entonces es de desplegar una crítica de la crítica, un iluminismo del iluminismo. Ponen en cuestión los mitos de la modernidad, como la idea de progreso y el mito de la historia; también ponen en cuestión la pretensión moderna de dominación de la naturaleza. Queda claro en los autores, que hacen la crítica de la racionalidad instrumental, que no basta hacer una crítica de la economía política, sino que es necesaria y urgente hacer una crítica de la modernidad, matriz histórica y cultural, civilizatoria, en la que emerge y se recicla el capitalismo. Después de ellos, todas las escuelas, corrientes teóricas críticas de la modernidad, son deudoras de la apertura iniciada por la Escuela de Frankfurt. A nosotros nos interesa retomar las críticas de la modernidad en los contextos periféricos del sistema-mundo capitalista, pues nos interesa comprender los fenómenos complejos, abigarrados y heterogéneos que desata la modernización en nuestras regiones y países.

Marshall Berman escribe sobre el modernismo del subdesarrollo y toma en cuenta el caso de San Petersburgo, dice que se trata de modernidades impulsadas desde arriba, por el Estado, el poder; quizás también por algunas élites. Son construcciones titánicas que se enfrentan a los pantanos, es la voluntad de la geometría que termina imponiéndose a la adversidad, a pesar de las inundaciones centenarias. Se trata de espacios modernos pero sin contar con una vida moderna, espacios públicos que no llegan a tener vida pública. ¿Qué es la modernidad en estos lugares insondables? ¿Es una ilusión? ¿Un espejismo? ¿Un fabuloso monumento? Todo lo demás no llega a ser moderno, las instituciones, el manejo de las instituciones, el Estado, la administración del Estado; tampoco las subjetividades. Estamos ante transiciones problemáticas, cuando el pasado no termina de irse, mas bien, se queda persistentemente, combinándose con esas proposiciones iluministas de futuro. Se producen composiciones intrincadas que contienen también subjetividades recargadas, que acompañan a comportamientos que moran mundos que cohabitan. René Zabaleta Mercado habla de formaciones abigarradas y Bolívar Echeverría de modernidades barrocas[14]. ¿Qué es la modernidad en la periferia del sistema-mundo capitalista? Las corrientes hindúes que estudian la subalternidad conciben que, mas bien, hay que comprender modernidades heterogéneas o la modernidad en su condición heterogénea[15].

Ciertamente no se puede hablar del ámbito social del campesinado como si fuera homogéneo; esto desde ya está descartado. Estamos ante un campo complejo y diferencial, cuyos ciclos y articulaciones con el mercado también son variados. En un tiempo se pensó que la campesinización y la re-campesinización formaban parte de procesos de resistencia a la diseminación capitalista. Se mostraban contradicciones de las formaciones campesinas con el mercado, con el capitalismo y con el capital a partir de la tesis de la subsunción formal del trabajo al capital[16]. En Bolivia se realizaron estudios de la cuestión agraria, sobre todo de las economías campesinas, a partir de su irrupción misma, irrupción que se da desde la expansión de las formas de pequeña propiedad agraria a partir de la reforma agraria de 1953. Se pueden hacer distintas clasificaciones de un abundante material, que llega hasta nuestros días, empero nos interesa, por los límites y las razones implícitas de este ensayo, dibujar grandes campos de análisis. Se puede apreciar que una de las áreas de preocupación, quizás las más economicista, está relacionada con las evaluaciones de la reforma agraria y la búsqueda por reencaminarla; otra área de preocupación es la que tiene que ver con los estudios de caso, con un enfoque sociológico; quizás los más interesantes son los estudios que vienen acompañados de un orientación antropológica, sobre todo por el aporte etnográfico en el análisis de las estructuras y las instituciones involucradas. No podemos dejar de considerar los estudios sobre la estructura agraria y de clases desde una perspectiva marxista, mas bien, análisis macros que estudios locales o regionales. Por último, deberíamos considerar un área de trabajos de investigación antropológicas, sociológicas y económicas, de enfoque mas bien integral, que cuestiona las perspectivas anteriores, consideradas estáticas, que no contemplan las dinámicas locales, diferenciales, cíclicas y de estructuras de cambiantes, vinculadas a las estrategias de adaptación a las circunstancias de las formas de organización campesinas. Quizás las más aportadoras a la elucidación y a la inteligibilidad de la problemática campesina sean estos estudios[17]. En relación a toda esta arqueología del saber de la cuestión agraria, debemos apreciar sus mapas conceptuales para poder atender con una mirada escrutadora a los recientes desplazamientos de las economías campesinas.

Obviamente lo que se requiere para lograr una comprensión adecuada de lo que ocurre son investigaciones a profundidad y en los distintos espacios de desplazamiento de las formas de organización campesina; empero a falta de estas investigaciones, nos vemos obligados a lanzar algunas hipótesis interpretativas de lo ocurre en la coyuntura crítica del proceso con las economías y formas de organización campesina, sus estrategias y sus circuitos.

Hipótesis

Por más compleja que pueda ser la formación social, económica y cultural campesina, por más diversa y diferencial, por más barroca, combinada, compuesta y entrecruzada en que se encuentre, moviéndose contradictoriamente en transiciones cíclicas, definiendo a veces rutas en espiral y en algunos casos desplazamientos lineales, toda esta complejidad está atravesada por los circuitos del mercado, los circuitos dinerarios, incluso, en menor escala los circuitos financieros, como los relativos al microcrédito; aunque tengamos que aceptar, como lo hicimos en otro tiempo, la presencia alterativa de resistencias, de otras lógicas, otras estrategias y otras racionalidades, el mercado y el desarrollo capitalista juegan un papel gravitante, sobre todo en determinados momentos de alta demanda de monocultivos y de la evidencia de la atracción efectiva de subida de precios. Esta atmósfera de muchos microclimas culturales, imaginarios y de comportamientos, recrea la ilusión de una modernidad barroca, heterogénea, del bienestar, del acceso y del consumo. En momentos de intervención de circuitos de alta rentabilidad y de predisposiciones políticas que los facilitan, los conglomerados sociales campesinos, sus tendencias económicas, tienden a volcarse plenamente a la ilusión del desarrollismo y sobre todo al espejismo de la riqueza fácil. Los núcleos de resistencias, alterativos, alternativos, las racionalidades y estrategias complementarias y cíclicas, tienden a ser inhibidas, ocultadas, desarticuladas, en beneficio de las opciones más comerciales, incluso más perversas de los circuitos dinerarios.

Las resistencias, las posibilidades alterativas y alternativas se encuentran en las comunidades indígenas-originarias

 En momentos de crisis, de desplazamiento social compulsivo hacia las formas más veloces del comercio, incluso del comercio ilícito, del contrabando, de los tráficos perversos, de la economía política del chantaje, los núcleos de resistencias, las posibilidades alterativas y alternativas al curso de las cosas, al dominio del capitalismo, incluyendo sus formas salvajes, se encuentra en las comunidades indígenas, como los ayllus, en tierras altas, y las formas comunitarias en reconstitución, en tierras bajas. Las otras racionalidades, sobre todo complementarias, las otras estrategias, sobe todo rotativas, cíclicas y en reciprocidad, tejiendo equilibrios y armonizaciones territoriales, se encuentran en estas formas comunitarias, en sus formas de organización, de cohesión, de convocatoria y de correspondencia territorial, se encuentran en la actualización y reconstitución de sus instituciones ancestrales. Esta disposición a la resistencia, esta reterritorialización, se hace evidente en la coyuntura crítica del proceso, cuando el gobierno, las organizaciones campesinas, aliados a la burguesía intermediaria, a los agroindustriales, a los soyeros y las mediaciones que usan los transgénicos, añadiendo a los banqueros y los compromisos con el IIRSA y el proyecto hegemónico brasilero, se proponen ampliar  estrepitosamente la frontera agrícola, atentando contra los bosques, los territorios indígenas, los parques, las áreas protegidas, a cualquier costo. La marcha indígena por la defensa del TIPNIS es una clara muestra de la voluntad política de las organizaciones indígenas, del CIDOB y del CONAMAQ, por detener el avasallamiento, la compulsión desarrollista-extractivista apegada a la ilusión modernista de consumo y de riqueza.

¿Quién ha decidido la construcción de la carretera que atraviesa el TIPNIS?

¿Se han consultado a las comunidades que habitan el TIPNIS, como exige la Constitución? ¿Es el pueblo boliviano el que ha aprobado la construcción de esa carretera? Si el 64% del pueblo ha aprobado la Constitución, al aprobarla ha prohibido una acción como esta de atravesar un Territorio Indígena y un Parque. ¿Quiénes entonces han decidido? Obviamente se decidió en otro lugar, donde siempre se ha decidido la suerte de nuestros países, en los grandes acuerdos de los gobiernos coaligados con intereses de las empresas trasnacionales. La suerte de la Amazonia se decidió, primero cuando la construcción de la carretera que atraviesa la Amazonia brasilera se dio lugar en base a la estrategia de la dictadura militar brasilera de entonces (1964-1985). Segundo, cuando el presidente Fernando Cardozo convocó a los presidentes de los gobiernos de Sud América para acordar el proyecto IIRSA (2000). Tercero, cuando el entonces presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva comprometió al presidente boliviano Evo Morales Ayma en la construcción de la carretera que conecta Villa Tunari con San Ignacio de Moxos (2009), atravesando el TIPNIS, comprometiendo un préstamo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil y condicionando que la construcción la efectúe una empresa brasilera OAS, saltando los procedimientos regulares de las normas de contratación de bienes y servicios. Se puede decir que esta es la crónica de una muerte anunciada, la del ecosistema que comprende el TIPNIS, si es que no se detiene este proyecto que podemos calificar como un ecocidio y etnocidio. En realidad el destino de parte de la Amazonia, la que comprende al Territorio Indígena y Parque Isiboiro-Sécure, se está decidiendo ahora, en la batalla por el TIPNIS, con el esfuerzo y sacrificio de los marchistas que defienden los derechos de la Madre tierra y los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. El gobierno ha decidido defender los intereses de OAS, del IIRSA, del gobierno brasilero y de todos los sectores del país que apuestan por la ilusión desarrollista, la destrucción extractivista, y la reiteración inaudita de la dependencia; hablamos de la burguesía intermediaria boliviana y los estratos campesinos más apegados a las formas del capitalismo depredador, comprendiendo la desforestación y el monocultivo.

Viendo de esta forma las cosas, la decisión no es democrática, es despótica y acordada con las estructuras de poder del orden de dominación mundial y regional. Todos los discursos que se han empleado para camuflar la razones de esta decisión, todo los recursos represivos que se emplean para disuadir a los marchistas, no hace otra cosa que develar los grandes intereses comprometidos en tamaña acción y la supeditación del gobierno a estos intereses. Lo que se ha dicho sobre los marchistas, sobre los dirigentes indígenas, no es otra cosa que una muestra patética de los métodos y procedimientos más perversos que puede utilizar el Estado-nación en contra de las naciones y pueblos indígenas y una movilización que exige el cumplimiento de la Constitución. Como se puede ver se ha ido muy lejos, se ha llegado incluso a una situación de enfrentamiento entre colonizadores e indígenas. Una y otra vez, en los distintos diálogos, sin ninguna voluntad del gobierno a cambiar, los ministros han reiterado un solo argumento obsesivo: No hay alternativa, sólo hay un trazo posible, el que atraviese el TIPNIS, esto ya se ha decidido. ¿Qué significa este mensaje? ¿Qué la realidad se reduce a esto? ¿A la lógica irremediable del poder? ¿Qué la historia no cambia? ¿Qué los poderosos son los que deciden? ¿Qué fue un sueño lo planteado por los movimientos sociales y las naciones y pueblos indígenas originarios, un sueño recogido por la Constitución? ¿Qué la realidad real va seguir siendo la misma a pesar de los sacrificios, las luchas y los procesos constituyentes? ¿Qué la llegada al gobierno de un presidente con raíces indígenas no es más que una nueva forma de legitimación de los mismo, de las estructuras de poder establecidas y de los ciclos irreversibles del capitalismo?

Este fatalismo no expresa otra cosa que el punto de vista de la dominación; ni más, ni menos. No es aceptable y es incluso insostenible el querer reducir la realidad a los efectos del poder. Cuando los imaginarios son dominados por el poder, cuando el poder se recrea en ellos, cuando los imaginarios reviven ilusiones, como las del desarrollismo y la modernidad, ilusiones que ocultan la producción incesante de las desigualdades, entonces la realidad se reducen a los límites de las representaciones sociales sometidas, lo que se llamaba en otro tiempo ideología. En estos casos la representación no es otra cosa que la repetición del discurso dominante y también una re-presión de los impulsos emancipadores. El gobierno, los discursos transmitidos, sus actos violentos y represivos, muestran el decurso de este itinerario de la gubernamentalidad liberal, la misma que no ha cambiado, a pesar del proceso constituyente. Esta es la elocuencia de del monopolio de la violencia y de la legitimidad de la violencia. ¿Qué se puede hacer frente a esta concurrencia avasalladora de la maquinaria estatal, de una maquinaria al servicio de las dominaciones polimorfas y de las formas del capital? El recurso de los explotados, de los pueblos, de las naciones oprimidas, ha sido la lucha permanente, constante, perseverante. Comienza con las resistencias, después continúa con las acciones directas emancipadoras; todo esto está atravesado por la creación de otros imaginarios, por la imaginación y el imaginario radical, creativos de la perspectiva de otras realidades, más ricas y complejas, por la apertura de la realidad al campo de sus posibilidades; también podríamos interpretar esto desde la sociología de las ausencias, desde la sociología de las emergencias, desde la ecología de los saberes, desde la ecología de las temporalidades, como configura Boaventura de Sousa Santos. Las organizaciones indígenas originarias, las comunidades indígenas que habitan el TIPNIS, no hacen otra cosa que recurrir a estas tradiciones de luchas de los explotados, dominados, discriminados. Que este enfrentamiento se dé ahora desafiando al proyecto extractivista de un gobierno que se llama popular se explica por la combinación de la lógica del poder cristalizada en la maquinaria estatal y la lógica de la acumulación de capital. Frente a esta racionalidad instrumental y racionalidad diagramática de las fuerzas se oponen racionalidades alternativas, las racionalidades de las resistencias que se convierten en racionalidades emancipatorias. La lucha de los indígenas del TIPNIS y de las organizaciones indígenas originarias es una lucha que compromete el destino de la mayoría de los bolivianos y bolivianas, que apostaron a lo largo de sus luchas y en el proceso constituyente por un mundo alternativo.

No sabemos exactamente lo que va a pasar, a pesar de que el panorama se pinta, debido a la correlación de fuerzas, desalentador y dramático. Se presenta como que el gobierno terminará imponiendo la voluntad de OAS, del IIRSA, del gobierno brasilero y los estratos sociales que apuestan por la continuidad del modelo extractivista y la ampliación de la frontera agrícola. Sin embargo, en esta coyuntura difícil, no se puede hacer otra cosa que apostar a lo que parece improbable, apostar a lo que parece imposible, apostar por revertir la situación adversa, apostar por detener la marcha fatal de los acontecimientos. En esta apuesta, en esta habilidad, en esta creatividad e ingenio, radica la invención de la política y la invención de la historia como utopía en permanente realización.

La lucha de los indígenas del TIPNIS, de las organizaciones indígenas, no puede quedar aislada, tiene que ser acompañada por todos y todas las que sienten y presienten que es posible otro mundo alternativo, que la realidad es más rica y completa que la reducida imagen que de ella da el poder. Esta lucha es acompañada por otros movimientos y pueblos del mundo que enfrentan a la dominación actualizada del capitalismo.

 Las formas de la manipulación

Hay que prestar mucha atención a ciertas formas del uso del poder que tienen que ver directamente con lo que llamamos la manipulación[18], es decir, a la forma cómo se quiere forzar e inducir para lograr los objetivos establecidos. Sobre todo llama la atención el manejo de la gente, el manejo de la opinión pública, el manejo de las instituciones y de las organizaciones, el manejo de la información, el manejo de los conflictos. Se interviene impúdicamente para convencer y conducir a la gente, para influir en sus conductas; se maneja la propaganda, la publicidad, la comunicación para mostrar una imagen de la realidad de acuerdo al espejo del poder. El poder se mira en lo que informa y lo que expresa termina siendo la imagen del espejo, es allí donde se legitima y ratifica el poder. Se manejan las instituciones como dispositivos de poder; aunque toda institución es un dispositivo de poder, lo que hace a la manipulación es el uso forzado que se hace de las instituciones, buscando alcanzar otros fines, distintos a las finalidades normativas. En el caso de las organizaciones, estas son cooptadas en la perspectiva de los fines extra-organizacionales impuestos. Se maneja la información como herramienta de propaganda, como una extensión de los alcances y el cumplimiento del gobierno. Quizás lo más grave pasa con el manejo de los conflictos; lo primero que se hace es ignorarlos, después se los descalifica, si avanza el conflicto, se intenta cooptar y dividir a las organizaciones involucradas en la demanda; por este camino se termina optando por los medios de disuasión y represivos. También se puede pretender arreglar con los grupos más vulnerables y dóciles del conflicto, como lo que ocurre ahora en lo que respecta al conflicto del TIPNIS. No se quiere atender ni dialogar seriamente, solo se transmite la decisión antelada, la crónica de la muerta anunciada del territorio y del parque, empero se manipula montando una escenificación en una comunidad, la de Santo Domingo, donde habitan un grupo de familias indígenas, ahora invadida por visitantes del tramo tres de la carretera Villa Tunaría-San Ignacio de Moxos, quienes no habitan el TIPNIS, para aparentar multitud y hacer creer que se conversa y se consulta con las comunidades asentadas en el TIPNIS.

A propósito de la temática de la manipulación, José Luis Vega Carballo dice:

Se entiende por manipulación un ejercicio velado, sinuoso y abusivo del poder. Se presenta en cualquier relación social o campo de la actividad humana, donde la parte dominante se impone a otras en virtud de que éstas carecen de control, conciencia y conocimiento sobre las condiciones de la situación en que se encuentran. Aunque la imposición de cualquier curso de acción tiene siempre consecuencias reales, lo cierto es que, dentro del campo de la interacción social manipulada, no hay manera de que las partes afectadas puedan vislumbrarlas anticipadamente, tampoco analizarlas y menos impedirlas; solo les queda afrontarlas como hechos consumados.

La manipulación es un ejercicio velado, sinuoso y abusivo del poder. El poder se ejerce decía Michel Foucault, no es una propiedad, no es una sustancia, no es una ideología; diríamos que se trata de relación de fuerzas, una fuerza que afecta y otra fuerza afectada, una fuerza que hace de función de poder, otra fuerza que hace de materia de poder. La manipulación se basa en relaciones de poder que buscan afectar conductas y comportamientos, como toda relación de poder, pero que recurre en este caso al engaño, a la distorsión, al chantaje, a la presión, al encubrimiento, al montaje, al teatro, pero también a sutiles mecanismos y deslizamientos de la violencia, que tienen una particularidad cuando se trata del Estado y de sus formas de gobierno.

Llama la atención la reiteración desembozada de las formas de manipulación de un gobierno que se dice indígena y popular, más aún que se concibe como gobierno de los movimientos sociales, de acuerdo a las expresiones rimbombantes del Vicepresidente. En los conflictos con las organizaciones indígenas, particularmente en lo que ocurre con el conflicto del TIPNIS, ha desplegado de manera abierta todas las artes de la política vulgar, la astucia “criolla”, como decimos popularmente, adelantándose a las consecuencias de la construcción de la carretera; la maniobra se muestra patentemente cuando se hace tres trazos de la carretera que va de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos, buscando eludir el estudio de impacto ambiental, sobre todo en lo que respecta al Territorio Indígena y al Parque. La anticipación no consultada también se hace evidente cuando se acuerda con el entonces presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva la construcción de la carretera, financiada en gran parte por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil (2008-2009); en este acuerdo se establece el compromiso fuera de normas de que la construcción de la carretera queda a cargo de la empresa constructora brasilera OAS. Esta forma de comportamiento sinuoso y callado, toda esta actitud velada preveía conflictos, por eso se adelantó a los hechos, encubriendo los acuerdos y convenios antelados. Cuando estalla el conflicto del TIPNIS la respuesta es escabrosa; primero se confronta internamente al entonces Viceministro de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Juan Pablo Ramos, quien no quería firmar la ficha ambiental justamente del tramo II, que pasa por el TIPNIS; segundo se oculta la información y se miente a la opinión pública acerca del estado de la cuestión de esta carretera; tercero se dice que no hay trazo del segundo tramo; cuarto, cuando se desprende la marcha indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Isiboro-Sécure, se descalifica a las organizaciones indígenas acusándolas de estar en contacto con la Embajada norteamericana, insinuando que esta marcha ha sido preparada por agentes de la embajada, volviendo a acusar a USAID por enésima vez de estar fomentando la marcha indígena; también se acusa a un conjunto fantasmagórico de ONGs de estar involucradas en la conspiración. Cuando la marcha se acerca a San Ignacio-de Moxos, altos personeros de gobierno van a azuzar a los pobladores para que se levanten contra los indígenas de la marcha. Si bien no consiguen esto, lo que logran es que no se les dé alojamiento, comida ni agua. Cuando la marcha se aproxima a Yucumo, se movilizan a colonizadores, cocaleros, policías e incluso la ABC para impedir el paso de la marcha pacífica, bloqueando a la marcha en esta localidad comercial. Cuando la marcha consigue apoyo internacional y del país, movilizando a múltiples grupos de jóvenes, a la organización de regantes, a la federación de estudiantes de la ciudad de El Alto, a mineros e incluso a organizaciones de la ciudad de El Alto, como la conocida Coordinadora por la Dignidad de la Ciudad de El Alto, cuando es patente su contradicción en relación a la consulta previa libre e informada, consulta que exige la Constitución, buscan dividir a las comunidades del TIPNIS; todo esto sin responder a la demanda de los marchista. Se opta entonces por el teatro político, se hace el montaje de un escenario grotesco de una reunión manipulada en la comunidad de Santo Domingo, llevando gente del tramo III, que habita fuera del TIPNIS. El presidente va a esa comunidad y efectúa una tertulia improvisada con los supuestos comunarios, reunión que es transmitida por la radio emisora oficial Patria Nueva.

El comportamiento del gobierno en todo el conflicto del TIPNIS devela descarnadamente el sentido de las políticas gubernamentales en relación al medio ambiente, a la ecología, a los parques y territorios indígenas, en relación a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, en relación también al modelo heredado, el extractivismo, incluyendo a la ampliación de la frontera agrícola y la desforestación, así mismo devela el sentido de las políticas en relación a la coca y la cocaína. Pero, sobre todo, devela la constante recurrencia del procedimiento más apreciado por los funcionarios en su relacionamiento con la sociedad, los pueblos y las organizaciones, este expediente es el de la múltiple manipulación abierta y desembozada. ¿Por qué recurre a esta maniobra? ¿Qué expresa esta recurrencia? ¿Una gran debilidad, una gran vulnerabilidad, una descomposición?

José Luis Vega Carballo, el autor citado sobre la definición de manipulación, dice que:

Pero aún allí, en momentos de crisis de consenso, cuando se ponen en entredicho la legalidad y legitimidad del régimen, los dirigentes terminan apostando a la manipulación para controlar las reacciones de los dominados. Surgen distintas fórmulas para encubrir decisiones de emergencia, desde los discursos efectistas hasta los despliegues de propaganda, tácticamente destinados a compensar la carencia de argumentos capaces de persuadir a las masas y mantenerlas leales al régimen. Cuanto más avance la desestabilización y se aproxime la posible subversión violenta del régimen, es mayor la frecuencia con que se aplican dosis variables de manipuleo con represión, incluyendo las llamadas “cortinas de humo”, cuyo propósito es distraer la atención de los subordinados para apartarla de los verdaderos problemas que la dirigencia no puede resolver.

La recurrencia a la manipulación parece aumentar cuando hay crisis de consenso. Desde esta perspectiva vendría a ser algo que sustituye al consenso o cuando falta consenso se recurre más a la manipulación. Este procedimiento de maniobra vendría a ser un síntoma de la crisis de consenso, que también significa una crisis de credibilidad; la pérdida de confianza también generaría el incremento del uso de la manipulación. Esta tesis podría llevarnos a pensar en una relación inversamente proporcional, pero no es así, pues la variedad de los recursos, dispositivos y agenciamientos de poder más bien presentan un mapa de combinaciones complejo, que se da de una determinada manera, dependiendo de las coyunturas y los contextos. Incluso cuando hay consenso los gobiernos no dejan de recurrir a tácticas de maniobra. Se trata de procedimientos altamente extendidos, diversos, recurrentes, no sólo por gobiernos sino instituciones, también en las relaciones de grupos, así como en las relaciones interpersonales. Pero, en el caso que nos interesa, la manipulación política, muestra los secretos engranajes de las formas de poder y de los entretelones gubernamentales. Se trata de un procedimiento no democrático y mucho menos participativo, en todo caso tampoco transparente. Se da cuando se tienen finalidades establecidas, las mismas que no quieren ni deben discutirse, de acuerdo a los criterios de los “diseñadores” de las finalidades; estas tienen que ejecutarse, para su cumplimiento se usan todos los medios al alcance, incluyendo preponderantemente los que tienen que ver con la manipulación. En este caso las finalidades son como ordenes; se hace creer a los participantes que se está discutiendo, que se está tomando en serio el debate, la demanda, la reivindicación, las propuestas alternativas, aunque en realidad este dialogo sólo sirva para legitimar lo ya decidido, el cumplimiento de finalidades políticas.

Esta manera de proceder nos muestra también una percepción bastante esquemática de los gobernantes, que se resume en el creer que los otros, los interlocutores, la opinión pública, son manejables. Esta percepción expresa una sobreestimación extrema de las posibilidades del gobierno y una desvalorización también extrema de los otros, de los interlocutores, del auditórium, de la opinión pública. Hay más de una sorpresa cuando los gobernantes se enfrentan a resistencias, a obstáculos, a conductas no manejables ni manipulables, que responden a criterios formados sobre los temas en debate. Lo sorprendente es que en vez de corregir este comportamiento gubernamental, generalmente los gobernantes insisten como en una terca persistencia en estos métodos, aunque estos métodos pueden llevar ineludiblemente a la confrontación. ¿Por qué? Hay una especie de extensión estimativa de los microclimas institucionales gubernamentales a la sociedad. Se espera que de la misma manera que se obedece en las instituciones, las sociedades deban hacerlo. Hay un presupuesto de disciplina generalizada, que obviamente no se cumple en la realidad. No se considera para nada los propios raciocinios de la sociedad, de los grupos, de las organizaciones, de los movimientos. Lo que cuenta es la estrategia diseñada o supuestamente diseñada, las finalidades establecidas; lo demás es objeto, es materia de poder, es manipulable.

De este modo podemos decir que la manipulación dibuja una psicología especial de los gobernantes, de la clase política; se sienten inmunes, se instala un egocentrismo que da lugar a una sensación de que se es todo poderoso, una distancia cualitativa los separa de los mortales. Esta percepción es alimentada por los propios funcionarios que rodean como cortes modernas a los ejecutivos. La ceremonialidad del poder, la adulación constante, la información seleccionada, terminan convenciendo a los que toman decisiones de que es así, que los que gobiernan tienen el sartén por el mango, que sus decisiones son indiscutibles. Muchos de estos escenarios, de estos montajes políticos, son construcciones de los subalternos inmediatos, que quieren ganar puntos. La manipulación termina entrampando a todos, como en un círculo vicioso; no convence, no disuade, y termina echando leña al fuego, incrementando la intensidad del conflicto.

El autor citado continúa con la contrastación de la manipulación, escribe:

Si para un uso racional, persuasivo y legítimo del poder –es decir, la dominación según Max Weber–, se requiere comúnmente la transparencia y una conciencia relativamente lúcida acerca de los intereses en juego, la manipulación se ubica en la esfera opuesta. Al rechazar la transparencia, la argumentación y la persuasión –procesos que en la democracia se aplican para llegar al consenso–, los manipuladores, en su maquiavelismo, apelan a las dimensiones instintivas de la mente individual y colectiva, a impulsos inconscientes, a deseos y aspiraciones insatisfechas, a dependencias emocionales y pasionales de la conducta individual o de masas. Se esmeran por provocar reacciones impremeditadas que no requieran la aquiescencia ni el raciocinio, por obviar discursos que justifiquen las pretensiones de dominio, por evitar todo recurso metódico de justificación y convencimiento.

 Descartando esa personalización de los manipuladores y de su supuesto maquiavelismo, pues no se trata de caer en la individualización, como si la manipulación fuera un atributo de ciertas personas, inclinadas a ello, y el maquiavelismo un plan antelado, una conspiración inherente. Este maquiavelismo, que proviene de la lectura francesa de la época de Nicolás Maquiavelo, interpretación segada por cierto, que ha reducido las tesis de Maquiavelo a la caricatura de proposición que se expresa en la frase popularizada de que los fines justifican los medios, convirtiendo a Maquiavelo en un teórico de las conspiraciones, las artimañas, las astucias y las intrigas. Lectura que no comprende la estructura, el contenido y el núcleo de la teoría de Nicolás Maquiavelo que tiene que ver con la figura del príncipe como articulador de la voluntad nacional. Dejemos entonces de lado esta apreciación del autor para concentrarnos en sus definiciones sobre la manipulación. Se concibe un aire irracional en el ejercicio de la manipulación; ¿esto es sostenible? Depende cómo concibamos la razón y la racionalidad; si aparece como un discurso iluminista, que exige argumentación y justificación, reducimos la razón a su forma lógica e instrumental; en cambio sí ampliamos el uso de la razón a la elaboración de juicios, entendidos como la adecuación de los medios a los fines, nos abrimos a múltiples formas de la razón y de la racionalidad. La manipulación no está exenta de una forma de racionalidad ligada a la astucia; no se trata en este caso de pretensiones de verdad y de validez. No estamos en el terreno de la acción comunicativa ni de sus racionalidades desplegadas, estamos, mas bien, en los espacios de las formas de violencia, en los mapas de la dominación, aunque esta violencia y esta dominación tenga que hacerse discursiva. En todo caso estamos ante pretensiones de logro, de ejecución, pretensiones de dominación. El uso de los discursos en la manipulación no pretenden convencer de la verdad expuesta, al contrario son usados para engañar. Entonces las formas de la manipulación tienen que ver con las formas de la dominación; por eso no es un mecanismo democrático, puesto que la democracia en sentido pleno suspende los mecanismos de la dominación. El uso recurrente de la manipulación caracteriza el perfil de los estados y gobiernos que la ejercen. No se trata de estados democráticos en pleno sentido de la palabra, que deberían ser más participativos que representativos, sino de maquinarias, instrumentos, estrategias gubernamentales al servicio de la dominación. No se trata entonces de un proyecto emancipatorio sino de un proyecto de poder. Esto es importante a la hora de caracterizar al Estado-nación boliviano y al gobierno popular. Ciertamente lo que debería ser un proyecto emancipatorio, pues arranca de las luchas sociales, de los movimientos sociales, de la guerra anticolonial y descolonizadora, termina siendo otro proyecto de dominación. ¿De quienes es esta dominación? No es una pregunta fácil en una transición que debería ser de transformación y resulta, mas bien, de restauración.

Al respecto, en relación a esta pregunta, que tiene que ver con la estructura de poder, pero también con la estructura de clases, asentadas ambas en la matriz y estructuras coloniales, vamos desplegar una hipótesis de interpretación.

Después de la movilización prolongada (2000-2005) nos encontramos ante dos gestiones de gobierno popular y un proceso constituyente, ambos contradictorios, que expresan de manera dramática las contradicciones inherentes de los proyectos políticos congénitos que nacen como producto de la movilización; uno de ellos es el proyecto político que expresa la transición descolonizadora hacia el Estado plurinacional comunitario y autonómico, en la perspectiva de conformar una economía social y comunitaria que apunta al modelo alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo; el otro modelo está encaminado claramente a la continuidad expansiva e intensiva del estándar capitalista dependiente periférico basado en el extractivismo compulsivo; modelo que se sostiene en la restauración del Estado-nación, liberal y colonial. Ambos modelos son opuestos, contradictorios y antagónicos. El primer modelo alternativo ha quedado transcrito en la Constitución política del Estado, el segundo modelo vigente es el que efectivamente se realiza desde el Estado y desde el gobierno. El primer modelo ha quedado como un ideal y el segundo modelo es el realmente implantado. El primer modelo es defendido por las naciones y pueblos indígenas originarios, por sus organizaciones matriciales, de tierras altas y de tierras bajas; el segundo modelo es el asumido por el gobierno, por el MAS, por las organizaciones campesinas, colonizadoras y cocaleras, en alianza ahora con la burguesía intermediaria boliviana, banqueros, empresarios, agroindustriales, soyeros, terratenientes, apoyados en este trámite por las empresas trasnacionales mineras, hidrocarburíferas, las empresas constructoras, el gobierno brasilero, en el contexto de reacomodo de la estructura de la geopolítica del sistema mundo capitalista.

Tomando en cuenta este panorama, ¿qué sucede en la transición? Concurre la reorganización de la composición de la burguesía intermediaria boliviana; campesinos ricos, colonizadores ricos, cocaleros ricos ingresan a formar parte de esta nueva composición de la burguesía, conjuntamente con los comerciantes; algunos de ellos se introducen en su condición de dirigentes o ex dirigentes, al formar parte de la nueva clase política. Las formas de esta recomposición burguesa no son distintos al de las otras y anteriores composiciones de la burguesía, procedimientos de despojamiento, de apropiación, incluso de trafico de tierras y circuitos de influencias. Obviamente no son todos los campesinos, todos los colonizadores ni todos los cocaleros los que ingresan a formar parte de esta nueva burguesía, como en la genealogía de las burguesías, se forman estructuras piramidales, la gran masa social queda en la base piramidal y son determinados grupos pujantes y agresivos los que terminan ocupando el sitio de la cúspide. Empero, como se comparte la ilusión desarrollista y el imaginero modernista, creyendo que el logro de la riqueza está al alcance de todos, el conjunto social cree que puede acceder y se embarga en un proyecto que obviamente va a recrear las desigualdades.

En este mapa social, ¿qué papel juegan los obreros? Si nos guiamos por el último el XXXI Congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, vamos a ver que el proletariado minero retoma la Tesis de Pulacayo, la tesis de transición al socialismo, bajo la caracterización de un país de capitalismo atrasado y dependiente. Vuelven a plantear la alianza obrero campesina, bajo la dirección del proletariado en la perspectiva de la revolución socialista.  ¿Dónde entra este planteamiento en el antagonismo que plantean los dos modelos mencionados anteriormente? ¿La propuesta minera se acerca más a la modernidad, al desarrollismo, al extractivismo o la propuesta obrera se acerca al modelo alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo? Este es un problema que tiene que resolver el proletariado minero, que tienen que resolver los obreros, en el contexto de las luchas y movimientos sociales antisistémicos contemporáneos, que confrontan al capitalismo no solo en lo que respecta a la explotación de la fuerza de trabajo sino por en lo que respecta a la explotación y dominación de la naturaleza. Ya no es el contexto ni la coyuntura histórica del momento de aprobación de la Tesis de Pulacayo, este momento, el actual, es de una lucha contra el capitalismo en defensa de la Madre Tierra, que es el nombre que se usa para referirse a los componentes y ciclos vitales integrados de la vida, en toda su biodiversidad, comprendiendo su ecología y ecosistemas.

La hipótesis interpretativa se resume a que hay una nueva composición de la burguesía de la que forman parte los campesinos ricos, los colonizadores ricos y los cocaleros ricos. Esta nueva composición en articulación con los estratos heredados de lo que fue la burguesía intermediaria, ejerce el dominio sobre las naciones y pueblos indígenas originarios y el proletariado, que tiene cada vez más características nómadas. Esta nueva burguesía todavía no tiene un discurso propio o adoptado, como en el caso de la burguesía liberal o el caso del proyecto de burguesía nacional, en uno caso el discurso era liberal y en el otro caso el discurso era nacionalista. El discurso Constitucional, por el Estado plurinacional, comunitario y autonómico no les sirve, menos el discurso del vivir bien, pues entra rápidamente en contradicción con sus propias acciones. Por eso se han convertido en escenas cada vez más grotescas los montajes políticos del gobierno; el discurso no coincide con la práctica. Esta nueva burguesía se ve impelida a elaborar otro discurso acorde a su transición restauradora. Por el momento no hay tal cosa, lo que hay es una recurrencia desesperada a las formas polimorfas de la violencia, desconociendo los derechos fundamentales, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos de la madre tierra.

Teniendo en cuenta esta lectura de la transición podemos entender mejor el requerimiento recurrente a las formas de la manipulación como parte de las formas de violencia, como parte de las formas de dominación. De las tácticas y estrategias, de las herramientas e instrumentos políticos, de las formas discursivas, es uno de los mejores procedimientos que tienen a su alcance para implementar el proyecto de continuidad capitalista y extractivista. El problema es que los pueblos no son manejables ni manipulables, son resistencias que hay que vencer, el esquematismo ingenuo de los gobernantes que recurren a la manipulación no comprende la compleja realidad social, política, económica y cultura. Tiene enfrente un gran obstáculo para la realización de su proyecto, la Constitución, el horizonte abierto pluralista, los saberes y la politización de los pueblos.

De contradicciones y confusiones del proceso

En rigor hay profundas contradicciones en el proceso de transformaciones, lo que se nombraría antes, desde la perspectiva de las grandes narratividades, como proceso “revolucionario”; aunque la concepción de transformaciones y la de “revolucionario” tiene connotaciones distintas. El siglo XX se abre a proyectos ultimatistas, por lo tanto es concebible en ese terreno un imaginario revolucionario; en cambio el siglo XXI comienza a complejizar y relativizar esos proyectos políticos y sociales, concibe paradójicamente un más allá de la modernidad, que deberíamos entenderlo, usando la jerga, como más “revolucionario”, pues atraviesa los límites mismos de la civilización moderna, empero concibe esta trascendencia desde un pluralismo, también desde la complejidad, a su vez pensando transformaciones pluralistas. Bueno, en todo caso, distinguiendo estas diferencias imaginarias y discursivas, podemos comprender que tanto los procesos “revolucionarios” como los procesos de transformación anidan grandes contradicciones, que no se pueden eludir con discursos ni con ideologías, si todavía podemos hablar así como de una consciencia falsa o, mejor dicho, desde un discurso de legitimación del poder.

El proceso mismo conlleva una carga fuerte de herencias que no solo obstaculizan el cambio sino que definen otras proyecciones. Uno de los temas que es urgente abordar es el que tiene que ver con la diferencia entre dominación y emancipación. El problema es que grupos importantes de “revolucionarios”, también de los sectores que los acompañan, creen que la liberación tiene que ver con la dominación. Lo mismo sucede en los procesos de transformación; estratos, sectores importantes, que acompañan el proceso de cambio, creen que de lo que se trata es de sustituir una dominación por otra. Se perdió de la comprensión que las luchas sociales anticapitalistas tienen que ver fundamentalmente con proyectos emancipatorios, por lo tanto de liberación de las dominaciones y de las formas de explotación. Que la emancipación involucra, en primer lugar a los explotados y discriminados, pero también abarca a todos, que de lo que se trata es de liberarse de las formas de dominación y de las formas de explotación, poner en suspenso los engranajes de la dominación, ofrecer emancipaciones a todos los involucrados, irradiar el proceso de liberalización múltiple. Asistimos pues a una contradicción profunda en este sentido. Llamaremos a esta una confusión en los imaginarios, discursos y prácticas de estratos y sectores que, mas bien, manifiestan sus recónditas dominaciones cristalizadas, que ahora las quieren hacer funcionar dominando a otros, explotando a otros, que generalmente son otra vez los más débiles y vulnerables.

Vinculada a esta confusión sobre la interpretación del proyecto inherente al proceso, se encuentra otra. Algunos o muchos de los dirigentes involucrados con estos estratos y sectores que acompañan al proceso creen que de los que se trata ahora es hacerse ricos. Esta es la reducción más pedestre del proyecto; es la imagen del amo, del patrón, la que da curso a esta ilusión. Ser libre es ser rico, sustituir al amo en su papel. Este logro ciertamente es más reductivo, pues no todos pueden acceder a la riqueza, aunque esta se la obtenga por procedimientos rápidos y fáciles. Solo acceden unos cuantos, empero se forma una atmósfera que ilusiona a todos y todos caen ávidamente en la ilusión de la disponibilidad monetaria. Por este camino se reproducen redes, circuitos, compromisos, lealtades, muy parecidas a las que había antes y atravesaban informalmente las gestiones de gobierno y las gestiones económicas. Se puede comprender entonces que un proceso que comienza con mucha expectativa, entusiasmo, esperanza, ungido de plena legitimidad, termina entrampándose por las rutas prácticas que ocasionan estas herencias y estas confusiones.

El conflicto del TIPNIS ha puesto en evidencia estas contradicciones y confusiones. Es probable que el gobierno haya creído que aprobar una Constitución, que define al Estado como plurinacional comunitario y autonómico, era nada más y nada menos que un discurso de legitimación del gobierno, no era otra cosa que un texto constitucional, que no iba a tener más consecuencias sino en la propaganda y en la publicidad, sobre todo internacional. Que no iba a comprometer al gobierno en transformaciones institucionales, en transformaciones estructurales, en la perspectiva de la fundación de otra forma de Estado, con otra composición y otra estructura, que, en espera que no pase nada, ni nada se comprometa, ni se esté obligado a nada, podía mantener el mismo Estado dándole un barniz discursivo plurinacional e intercultural. Pero, si es así, el gobierno se equivoca, pues una Constitución es un mandato, sobre todo cuando ésta es resultado de las luchas sociales, de los movimientos antisistémicos y de la guerra descolonizadora de las naciones y pueblos indígenas originarios. Se equivoca, pues en la medida que no realiza los actos fundacionales, no elabora las leyes fundacionales, no hace las transformaciones institucionales, como crear el pluralismo institucional, administrativo, normativo y de gestiones, entra en flagrantes contradicciones que ponen en evidencia su vocación no sólo reformista sino restauradora.

Esto mismo ocurre con el discurso del vivir bien y la madre tierra; el gobierno ha creído que hablar del vivir bien era como un discurso moral que había que plantearlo en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que no tenía mayores consecuencia en las lógicas y estructuras de la planificación, cuando ésta ya debería ser integral y participativa. Por eso continuó siendo un plan economicista y desarrollista, aunque amarrado a objetivos democráticos y solidarios. Tampoco se inmutó ante la siguiente contradicción, que la continuidad del extractivismo minero e hidrocarburífera entraba en contradicción con la defensa de la madre tierra, discurso principalmente internacional, sobre todo cuando se da la presencia de Bolivia en las Cumbres de Naciones Unidad sobre el Cambio Climático. Se creyó que era un planteamiento político para enrostrarle la cara a los representantes del capitalismo en estos foros, pero no se creyó que también era indispensable ser consecuente en el país. El extremo se llevó a cabo en Tiquipaya, con la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, pues en esta Conferencia se llegaron a unas resoluciones que iban lejos, como definir el vivir bien como un modelo alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo, como el prohibir la exploración y explotación en los bosques, como la defensa de la biodiversidad y los ecosistemas, en conjunto la defensa de la vida, es decir, de la madre tierra; además de llamar a formar una internacional de los pueblos en defensa de la madre tierra en contra del capitalismo. Estas resoluciones fueron firmadas por los países del ALBA y obviamente por Bolivia, y no les perturbó para nada a los gobiernos firmantes el hecho de que estas resoluciones ya eran vinculantes. Posiblemente ni se dieron cuenta o dejaron pasar las circunstancias de manera desapercibida. Incluso se dio un hecho anecdótico a propósito; el embajador de Uruguay leyó la carta del escritor Eduardo Galeano donde se disculpaba por su inasistencia al evento; en la carta se decía que no estaba de acuerdo con la inflamación de las palabras, haciendo una clara alusión crítica a los escenarios y teatros políticos, a los sobrevuelos discursivos. Empero, cuando se escuchaba la lectura de la carta, el comportamiento oficial y de los organizadores del evento era como si no entendieran lo que se leía.

Las contradicciones llegaron a dos extremos críticos, uno es la crisis del gasolinazo, donde se develó el contenido práctico de la política económica, basada en el supuesto del equilibrio macroeconómico y completamente monetarista. La medida de shock no hacía otra cosa que repetir los métodos de los gobiernos liberales, transfiriendo al pueblo los costos de estas políticas de equilibrio y monetaristas. También se develó que las políticas hidrocarburíferas, sobre todo el control técnico, seguía en manos de las empresas trasnacionales, sobre todo de REPSOL y de PETROBRAS, empresas que exigían la descongelación de precios en el mercado interno, para convertir atractiva la inversión en exploración, explotación, construcción de plantas separadoras, refinerías e incluso industrialización. El argumento del gobierno fue que se subvencionaba los carburantes, que éstos iba en gran parte al contrabando, que los que ganaban eran los países vecinos y los contrabandistas, además de los ricos que consumían gasolina barata. El gobierno uso cifras discutibles, como que se llegó a subvencionar en un monto de 380 millones de dólares, después se dijo que el último año llegó la subvención a una cifra entre 600 y 700 millones de dólares, y que el año en curso se iba a llegar a subvencionar por un monto de 1000 millones de dólares. Estos argumentos son sorprendentes, en la lógica y en los montos; la información que se tiene es que no se trata de erogación del Tesoro General de la Nación sino de papeles fiscales, por otra parte que el monto de la subvención no es 380 millones de dólares sino 175 millones de dólares. ¿A qué conduce todo esto? A que no hay transparencia y honestidad. ¿Hay crisis económica, financiera? ¿Déficit? ¿Ha subido la deuda interna? Esto es muy difícil de responder, sólo podría hacerlo el gobierno si se tomara la molestia de ser transparente y honesto con el pueblo.

El otro acontecimiento crítico de la coyuntura es el conflicto del TIPNIS, donde se evidencia que al gobierno no le interesa para nada las leyes que protegen las áreas protegidas, los parques, los territorios indígenas; tampoco se inmuta para nada si entra en contradicción con la Constitución que consagra los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, la libre determinación, el autogobierno, la gestión territorial, las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas, así como la consulta previa libre e informada. No le afecta para nada que la Constitución establece claramente la ruta plurinacional de las autonomías indígenas y mucho menos le afecta que vulnere los convenios internacionales, constitucionalizados, como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, así como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Prefiere optar por la descalificación grotesca de los dirigentes indígenas, por la represión y la movilización sañuda de colonizadores y policías para bloquear la marcha, optando también por caricaturescos montajes y manipulaciones como la reunión del presidente en la Comunidad de Santo Domingo en el Sécure, sin tomar en cuenta la marcha y a los dirigentes orgánicos. Ahora insiste en montar una deslegitimada consulta extemporánea que incluya también a los avasalladores del parque, lo que contraviene completamente las condiciones de la consulta a los pueblos indígenas. Se ha llegado a anécdotas tan escabrosas como decir que no hay bloqueo sino vigilia cuando las cámaras ponían en evidencia el bloqueo beligerante de colonizadores y policías, que incluso se atrevieron a no dejar pasar vitualla, alimentos, medicinas y víveres para los marchistas, en una actitud descomunalmente inhumana violando los derechos fundamentales.

¿Qué nos muestran estas manifestaciones bochornosas del gobierno, colonizadores y policías? No sólo que se ha entrado ya a una etapa de represión en la gestión de gobierno, sino que el gobierno, la Asamblea Legislativa Plurinacional, el órgano ejecutivo, así como el órgano electoral se han convertido en dispositivos de poder, en agenciamientos de la dominación, una dominación de una nueva recomposición de la burguesía, donde a la anterior burguesía intermediaria se suman los nuevos ricos, los campesinos ricos, los cocaleros ricos, los colonizadores ricos, los comerciantes enriquecidos recientemente, los contrabandistas y demás traficantes. El gobierno es pues gobierno de esta burguesía y el Estado es la dictadura de esta burguesía.

La instauración de una tiranía

Una tiranía anti-indígena al servicio del gobierno de Brasil, del IIRSA y de las trasnacionales

La represión e intervención sufrida por los marchistas indígenas de parte del gobierno y la policía es el paso que ha dado el ejecutivo ingresando a la etapa represiva en la temporalidad política. La desesperación de un gobierno comprometido con la geopolítica de la burguesía internacionalizada brasilera, comprometido con el IIRSA y las empresas trasnacionales, particularmente con OAS, ha llevado al gobierno a desenmascararse completamente optando por la violencia a secas en contra de la marcha y la interpelación indígena, que salió en defensa de la Constitución, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, de los derechos de la madre tierra. Desde un principio intentaron descalificar la marcha, dividirla, montando toda clase de maniobras, manipulaciones y de escenarios, al cual más grotescos; en la medida que no pudieron quebrar la marcha terminaron optando por la represión, confiscando vituallas, alimentos, medicinas y agua que iba destinada a los marchistas, confiscando vehículos de las organizaciones indígenas, para que no puedan socorrer para apaliar el hambre y la sed de los marchistas. Esta manifestación descomunal de inhumanidad ya muestra el grado de deterioro y descomposición de un gobierno al servicio de las trasnacionales y de las mafias. Empero, lo que acaba de hacer el gobierno al intervenir y reprimir violentamente a los marchistas indígenas es ya el paso a una tiranía, que no solamente viola los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, no solamente viola los derechos de la madre tierra, sino los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Se trata ya de una tiranía porque no solamente se ha puesto contra la Constitución y contra el proceso, sino porque ha puesto en suspenso a la propia democracia, los propios mecanismos democráticos. Se ha llegado a la tiranía y al despotismo por caminos sinuosos después de haber elegido democráticamente al mismo presidente y asambleístas. ¿Cuál la razón de esta metamorfosis política? En la segunda gestión de gobierno, ungido con una victoria electoral tan amplia, que otorga los 2/3 de la votación al MAS, facilitando de esta manera el control de la Asamblea Legislativa, se le concede también la posibilidad de usar esta confianza para otra cosa, para otros objetivos y finalidades, que nada tienen que ver con el cumplimiento de la Constitución, sino con un proyecto restaurador del Estado-nación, liberal y colonial, con un modelo extractivista al servicio de la acumulación ampliada de capital en el sistema-mundo capitalista, y sobre todo al servicio de la geopolítica de la burguesía internacionalizada brasilera, en un contexto de reacomodo de la estructura de dominación mundial, contando con las potencias emergentes.

Aunque las contradicciones comenzaron antes, no solamente desde el 2006, sino en el propio ciclo de movimientos sociales de 2000 al 2005, sobre todo constatando la diferencia de los movimientos sociales convulsionados y una actitud más electoralista del MAS, las contradicciones se hicieron antagónicas con medidas como el gasolinazo. La matriz de estas contradicciones no solamente tienen que ver con la cuestión estatal y la continuidad de las formas de gobierno, sino con la continuidad del modelo capitalista dependiente periférico y extractivista, que entra en contradicción con el modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo del vivir bien, que entra en contradicción con la perspectiva descolonizadora y la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. En la medida que el gobierno se ha dejado tomar por el poder, por las lógicas de poder, por la estructuras de poder establecidas, en la medida que ha dejado imponer la voluntad de las trasnacionales, y en la medida que se ha incorporado a una geopolítica regional, la proyección del gobierno ya no era el horizonte abierto por la Constitución, sino el contexto de dominación definido por la geopolítica del sistema-mundo capitalista, el destino extractivista, depredador y destructor para los países periféricos, que no es otra cosa que la aceptación desgarradora de la dependencia y de la herencia colonial. Se entiende entonces la confrontación intermitente con las naciones y pueblos indígenas originarios, con sus organizaciones y sus derechos, pues al optar por el modelo extractivista tiene inmediatamente como obstáculo a los territorios indígenas, a las autonomías indígenas, a los derechos de las naciones y pueblos indígenas, así como tiene en la Constitución un verdadero muro de contención a esta proyección restauradora del modelo extractivista. Se comprende entonces las condiciones, las causas, las razones por las que la Constitución ha sido violada desde un principio, cuando se promulgaban leyes inconstitucionales y se abría un camino distinto a la condición plurinacional, a la condición comunitaria y a la condición intercultural del Estado.

El conflicto del TIPNIS hizo saltar en pedazos todas las apariencias que todavía guardaba el gobierno, terminó desnudando la supeditación a la geopolítica brasilera, también y sobre todo terminó desnudando su proyección anti-indígena en la medida que apuesta a la ampliación de la frontera agrícola, a la desforestación, al extractivismo y los transgénicos. El Territorio Indígena y Parque está protegido por leyes, por la Constitución y por convenios internacionales, por el Convenio 169 y por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es un territorio indígena que cuenta con saneamiento y título colectivo; las comunidades que habitan el TIPNIS cuentan con el derecho a la consulta previa libre e informada, además de que está constitucionalizada la autonomía indígena, la libre determinación, el autogobierno, la gestión territorial, instituciones, normas y procedimientos propios. Todo esto ha sido violado y violentado por el gobierno. ¿Cuál es la razón? A pesar del discurso sobre la defensa de la madre tierra, del discurso sobre los pueblos indígenas, del discurso del vivir bien, ha preferido encaminar la orientación, dirección y conducción del gobierno, del Estado y de los procesos inherentes hacia la continuidad del capitalismo dependiente periférico y extractivista, hacia la supeditación a la potencia emergente y a mantener las estructura y mecanismos de dominación del sistema-mundo y la economía-mundo capitalista. La forma de realizar esta opción dependiente y extractivista es ciertamente extravagante, por medio de procedimientos que tienen que ver con la manipulación, la maniobra, el chantaje, la cooptación, la prebenda, en una atmosfera simbólica y significativa que llamaremos teatro político.

De esta forma se entiende que el TIPNIS se haya convertido en el símbolo, la síntesis y el síntoma de un conflicto mayor, la reconducción del proceso, la retoma de la construcción del Estado plurinacional comunitario por el camino de la descolonización, la realización del ejercicio plural de la democracia, de la democracia participativa, la apertura hacia el modelo alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo. La defensa del TIPNIS también significa la defensa de los derechos colectivos, de los derechos de los seres y ciclos vitales integrados de la madre tierra. La defensa por el TINIS es una lucha contra el avasallamiento, la ampliación compulsiva de la frontera agrícola, la desforestación, la contaminación, la destrucción ecológica; es también una lucha contra los tráficos, de tierras y de la cocaína, una lucha contra los contrabandos y la descohesión de las comunidades. La defensa del TIPNIS también significa la defensa de los ciclos del agua, de la reproducción del agua y de la reproducción múltiple, plural biodiversa de la vida.

Un gobierno que escoge estos caminos no puede sino terminar seleccionando los métodos de la dictadura, de la tiranía, del despotismo, de la arbitrariedad para conculcar los derechos, los valores, los principios, los artículos establecidos en la Constitución. Frente a la marcha indígena en defensa del TIPNIS y de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios el gobierno tenía dos opciones, buscar una solución concertada u optar por la violencia descomunal del Estado, ha optado por lo segundo. El gobierno ya es una tiranía anti-indígena, extractivista, dependiente y supeditada a la geopolítica del sistema-mundo capitalista. Una tiranía, una dictadura, puede terminar constituyéndose a pesar de haber sido elegido el gobierno democráticamente; esto ocurre cuando el gobierno elegido suspende los derechos democráticos y los derechos fundamentales. Un gobierno puede convertirse en una tiranía anti-indígena por que suspende, conculca y viola los derechos de las naciones y pueblos indígenas y sus territorios. Eso es precisamente lo que ha pasado. Cuando ocurre esto se ha perdido toda legitimidad. Este gobierno ya no es un gobierno del pueblo.

 El círculo vicioso del teatro político y de la supeditación

Nadie que conozca algo de cómo se mueven y se deciden las cosas en el gobierno puede dar crédito a las justificaciones que ha transmitido el gobierno, a propósito de la intervención policial en el Puente San Lorenzo contra la marcha indígena en defensa del TIPNIS. No se toman decisiones sin conocimiento del gabinete, por lo menos de la envergadura y del alcance de la que se tomaron en relación al conflicto del TIPNIS, no se toman decisiones sin conocimiento del Vicepresidente y menos del Presidente, sobre todo tratándose de decisiones tan delicadas como una intervención a la marcha. Por eso llama la atención a propios y ajenos la forma infantil de cómo se transmiten las autoridades la responsabilidad de lo ocurrido. El extremo de la puerilidad de ese comportamiento se muestra en la manera de salir del paso del ministro de gobierno, que dice que él no dio la orden y traspasa la responsabilidad a su Viceministro de Régimen Interior, quien renuncia y dice que tampoco ha dado la orden que ha sido una decisión operativa; es decir, del contingente de policías que estaban en la zona de contención de la marcha. El Viceministro de relacionamiento con movimientos sociales dice que se tomó la decisión pero no sobre la manera de operar, que esta es responsabilidad de los ejecutantes materiales. Se ha llegado al extremo de decir que se va individualizar a los policías que han actuado pues ellos se habrían excedido, obviando y encubriendo a los que tomaron la decisión y dieron la orden. Olvidan en esta sinuosa explicación, transmisión de responsabilidades y encubrimientos, que ya el hecho de detener la marcha pacífica, que ni siquiera había bloqueado en ningún momento la carretera, era una flagrante violación a los derechos fundamentales, fuera de que el decidir el atravesamiento del Territorio Indígena y Parque Isiboro-Sécure por una carretera era una flagrante violación a los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución y en los convenios internacionales firmados. Sólo el hecho de intervenir el campamento donde pernoctaban los marchista ya era una violación horrorosa a los derechos civiles y políticos, un atentado a los derechos humanos, una muestra de abuso de autoridad.

El argumento que uso el gobierno constantemente para justificar la presencia de policías era el de evitar un enfrentamiento entre colonizadores y policías. Este argumento no es honesto y cae en la más espantosa manipulación. Se sabe que cuando avanzaba la marcha a San Ignacio de Moxos altos personeros del gobierno fueron a azuzar a la población para que se alzara contra los indígenas que marchaban, no lo consiguieron, pero lograron que no se les dé hospedaje en el pueblo, tampoco se les de comida ni agua. Estos personeros vinculados al ejecutivo y a la Agencia de Desarrollo de Fronteras estuvieron constantemente atizando el fuego y conspirando contra la marcha, tratando de quebrarla y de impedir su avance. Son los mismos que están comprometidos en la movilización de los colonizadores contra la marcha en Yucumo. Es de esperar que el Ministerio de la Presidencia, el Viceministerio de relacionamiento con movimientos sociales, estén comprometidos en estas maniobras desde un principio, agitando a las organizaciones campesinas en contra de las organizaciones indígenas. El argumento del gobierno se cae de por sí, cuando la marcha indígena logra romper el bloqueo de los policías, que se encontraban entre el bloqueo de los colonizadores y la marcha; después que ocurrió esto no hubo enfrentamientos. La distancia entre marchistas y bloqueadores era tan próxima que se podían comunicar de palabra. El teatro y la acusación del secuestro del Canciller fue el justificativo para intervenir el campamento de la marcha.

¿Cómo se llega a tal conducta trivial de eludir las responsabilidades? Hipótesis 1: En la medida que crecen la atmósfera y los microclimas del teatro político, en la medida que se vuelven indispensables, terminan creando una separación entre el imaginario de los gobernantes y la realidad efectiva. Los funcionarios terminan tan atrapados en su guion que no pueden salir del mismo, terminan siendo los dramáticos ejecutores de la trama, los actores de un tejido que los controla. De ninguna manera está hipótesis persigue eludir la gran responsabilidad de los ejecutantes intelectuales y materiales en los hechos desencadenados, sino explicar el modo de enajenación a la que llegan cuando se prefiere el teatro político, la propaganda, la publicidad, la maniobra, la manipulación, creyendo que esta opción es efectiva y tiene efectos duraderos en el convencimiento de la gente, creyendo que la opinión pública es maleable.

Obviamente esta hipótesis no puede ser la única interpretación de los acontecimientos sucedidos, sino que tiene que articularse a otras hipótesis de más alcance y más profundidad, quizás la otra hipótesis tenga un carácter más explicativo de los comportamientos gubernamentales. Esta hipótesis 2 apunta a las estructuras de poder, a las relaciones de poder, a las lógicas de poder, enmarañadas con los circuitos y las estructuras económicas establecidas en la región. El gobierno opta en su primera gestión por el realismo político y el pragmatismo, y en su segunda gestión decide definitivamente por un modelo de continuidad del capitalismo dependiente periférico y extractivista, distanciándose abismalmente de los modelos constitucionales; el modelo político, plurinacional y comunitario; el modelo territorial, el pluralismo autonómico; el modelo económico, economía social y comunitaria; y sobre todo el modelo del vivir bien, entendido como un modelo civilizatorio alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo, como se establece en las resoluciones de Tiquipaya. Entonces los compromisos con el proyecto IIRSA, con las macro-hidroeléctricas, que abastecerán de esta energía a Brasil y forman toda una geografía de instalaciones en la Amazonia y en otros lugares del Brasil y los países vecinos, los compromisos con PETROBAS, que tienen el control técnico de parte de la producción hidrocarburífera de Bolivia, contando también con los financiamientos y el sistema financiero involucrado, terminaron convirtiendo al gobierno boliviano en engranaje de esta geopolítica regional.

Por lo tanto, se opta por el teatro político para convencer a la población, a la opinión pública y sobre todo a las organizaciones fieles, así como se opta por el modelo extractivista y la restauración del Estado-nación, liberal y colonial, como consecuencia de un realismo político y pragmatismo, convertidos ahora en una supeditación a secas a la dominancia de las empresas trasnacionales y de las fuerzas de dominación del sistema-mundo capitalista. No podríamos hablar tanto de una esquizofrenia como de una complementariedad perversa de los dos métodos, el método del teatro político y el método de la supeditación. De esta forma se explica que el gobierno entro intermitentemente desde hace un tiempo en contradicciones con el pueblo, con las naciones y pueblos indígenas originarios, pues las opciones seleccionadas responden a intereses no democráticos, no populares y menos de la descolonización.

Consecuencias vitales de la Constitución

Prohibida la esclavización, prohibida la mercantilización de los seres humanos y de las relaciones humanas, de los seres y de los ciclos vitales de la madre tierra; todos los seres no son objetos, son sujetos, los ciclos vitales son sujetos. Por lo tanto prohibido reducir a los seres a objetos. El sistema-mundo capitalista, la economía-mundo capitalista, el modo de producción capitalista han reducido a los seres a objetos, los han convertido en objetos. Este es un crimen de lesa humanidad, así como también es un crimen contra la madre tierra.  Es indispensable someter a juicio al capitalismo, a los promotores del capitalismo, a los portavoces, a los ejecutores, a los que se hacen dueños de los seres humanos y de los seres de la madre tierra, a los gobernantes y funcionarios que promueven la continuidad de este sistema, de esta economía de este modo capitalista. Todos ellos son los agentes de este sistema, economía y modo capitalista, todos ellos son responsables de haber reducido la pluralidad de la vida, la diversidad proliferante de la vida, la creatividad y la reproducción de la vida a objeto, por lo tanto “materia” mercantilizable e incluso esclavizable, todos ellos han conspirado contra la vida, la creatividad de la vida, la reproducción de la vida, han atentado contra la vida y siguen haciéndolo. En nombre de todos estos sujetos, de todos estos seres, de todos los ciclos integrales de la vida, denunciamos a estos portavoces, a estos promotores, a estos ejecutores, a estos agentes del capitalismo, a estos que se hacen dueños de los seres y de los ciclos vitales, al reducirlos a objetos y apropiarse de ellos mercantilizándolos. En nombre de estos sujetos exigimos su inmediato juicio de responsabilidades, exigimos también la abolición inmediata des sistema-mundo capitalista, de la economía-mundo capitalista, del modo de producción capitalista.

La recreación anacrónica del imaginario desarrollista

Nacionalistas, izquierda nacional, izquierda colonial y lumpen-burguesía comparten el imaginario desarrollista, todos son modernistas, creen en la evolución, al estilo de Herbert Spencer, en la linealidad de la historia y en la fatalidad del capitalismo. Consideran que la tarea es el desarrollo, que un país es soberano si se desarrolla, olvidando que el “desarrollo” del que habla está articulado a la acumulación ampliada de capital que dibuja una geopolítica en el sistema-mundo entre centros de acumulación y periferias de transferencia de recursos naturales, que el “desarrollo” del que hablaban produce “subdesarrollo”, que el mapa del mundo es un tejido de centros y una malla de periferias, un mapa de espacios de “desarrollo” y un mapa de espacios de “subdesarrollo”, ambos complementarios, produciéndose mutuamente. Olvidan que ese “desarrollo” del que hablan produce dependencia, fortalece las cadenas de la dependencia. Olvidan también que los gobiernos nacionalistas de América Latina intentaron salir en el siglo pasado de la dependencia orientando la estrategia económica y las políticas económicas hacia la sustitución de las importaciones. Soñaban con la industrialización así como los liberales del siglo XIX soñaban con los ferrocarriles. Los gobiernos nacionalistas estuvieron acompañados por apoyo popular, tomaron medidas que beneficiaron a cierta redistribución de la riqueza, también optaron por las medidas de nacionalización para recuperar el control de los recursos naturales, principalmente mineros e hidrocarburíferos, por parte del Estado. Todo esto ocasionó modificaciones en los términos de intercambio en la economía-mundial capitalista, pero no afecto a la estructura de dominación, de explotación y de control por parte de los grandes consorcios, oligopolios y monopolios trasnacionales. En algunos casos las revoluciones nacionalistas promovieron actos heroicos como los que se dieron durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas (1934-1940) en México, quién nacionalizó a las empresas petroleras que residían en México y tuvo que enfrentar el boicot de estas empresas y su influencia a nivel mundial.  También se dieron acontecimientos transformadores durante los primeros años de la Revolución Nacional de 1952-1964 en Bolivia; incluso antes, en 1937 en Bolivia se incursionó en la experiencia de la nacionalización del petróleo, con el gobierno del General David Toro, una vez culminada la conflagración bélica del Chaco; más tarde en 1969 se produjo una segunda nacionalización del petróleo bajo el gobierno del General Alfredo Ovando Candía y con la firma del ministro Marcelo Quiroga Santa Cruz. La tercera nacionalización de los hidrocarburos se produjo el 1 de mayo de 2006 durante la primera gestión del gobierno de Evo Morales Ayma. En Argentina, el primer gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1952) ahondó la política de sustitución de importaciones mediante el desarrollo de la industria liviana. Perón también financió a la agricultura, especialmente en lo que respecta a la siembra de trigo. Frente a la carencia de recursos monetarios provenientes de la exportación, ocasionada por el estancamiento del sector primario, con las que se importaban los bienes de capital e insumos necesarios para el proceso de industrialización, se eligió la ruta de la nacionalización del comercio exterior. En esta perspectiva, en 1948, el gobierno peronista adquirió los ferrocarriles a los capitales extranjeros, en su mayoría ingleses, creando la empresa pública de Ferrocarriles Argentinos. En esta tónica, en el diseño del Plan Quinquenal se buscó fortalecer las nuevas industrias creadas, comenzando con la industria pesada de la siderurgia y la generación de energía eléctrica en San Nicolás y Jujuy.

También en Brasil también se vivió la experiencia populista y nacionalista, incursionando en proyectos modernizadores y de desarrollo. Este panorama político es irradiante en América Latina, también en las geografías periféricas el sistema-mundo de entonces, que algunos casos incluso terminaban expresándose en tono antiimperialista. En Brasil, entre 1937 y 1945, durante el Estado Novo, Getúlio Vargas dio un impulso fundamental a la reestructuración del Estado y profesionalización del servicio público, creando el Departamento Administrativo del Servicio Público (DASP) y el IBGE. Suprimió los impuestos en las fronteras interestaduales y creó el impuesto a la renta. Se orientó cada vez hacia la intervención estatal en la economía y se concentró en impulsar la industrialización. Fueron creados el Consejo Nacional del Petróleo (CNP), posteriormente llamada PETROBRÁS, y en 1951 la Compañía Siderúrgica Nacional (CSN), la Compañía Vale do Rio Doce, la Compañía Hidroeléctrica de São Francisco y la Fábrica Nacional de Motores (FNM). Promulgó, en 1941, el Código Penal y el Código Procesal; en 1943, Getúlio Vargas logró la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), garantizando la estabilidad del empleo después de diez años de servicio, descanso semanal, la reglamentación del trabajo de menores, de la mujer, del trabajo nocturno y fijando la jornada laboral en ocho horas de servicio.

Como se puede ver vivimos periodos de efervescencia nacionalista y populista en América Latina encaminados a la independencia económica y a la consolidación de la soberanía por la ruta de la nacionalización, las medidas sociales y las medidas del trabajo, persiguiendo también la modernización de la administración estatal y de las leyes. El nacionalismo es un movimiento democrático por la ampliación de la participación popular, es un movimiento independentista por la lucha contra la dependencia económica, busca la modernización del Estado y apunta al desarrollo nacional, impulsado desde el Estado.

Anotaciones en torno a la defensa del TIPNIS

Paradigma pluralista

Considero que el paradigma o la matriz de paradigmas, que podemos llamar pensamiento pluralista, comprendiendo también a las teorías de la complejidad, es el más inquietante para abordar las luchas, la coyuntura contemporánea y la crisis del capitalismo, considerando la crisis ecológica; es lo que más se acerca al pensamiento pluralista, animista e inmanente de las cosmovisiones indígenas. Hay que dejar en claro, que tratándose de las cosmovisiones indígenas, del pensamiento pluralista, de las teorías de la complejidad, es mucho más grave la evaluación que se hace de la agresión y el avasallamiento depredador a la Madre Tierra en el TIPNIS.

 Primeras notas en torno a la Marcha Indígena de defensa del TIPNIS

Todos somos indígenas

Todos somos indígenas del TIPNIS, lo somos porque nos solidarizamos y comprendemos el sentimiento de pertenencia a la Madre Tierra de las comunidades yuracares, chimanes y moxeños asentados en el territorio indígena y parque del Isiboro Sécuré. Somos indígenas porque su lucha es la nuestra, contra el avasallamiento capitalista y la dominación de la modernidad sobre la naturaleza. Somos porque sentimos como los árboles de los bosques, los seres y los ciclos vitales del nicho ecológico, la estupefacción contra la agresión del comercio, del negocio, que no mide consecuencias, en la desforestación y en la destrucción de los ecosistemas. Todos somos indígenas del TIPNIS porque la Madre Tierra nos convoca a defender sus derechos, el derecho de los seres y de los ciclos vitales.

Apoyo a la marcha indígena

Debemos generar toda clase de defensa del TIPNIS, múltiples defensas, plurales movimientos, en todas partes, de toda clase, diversa, como expresando metafóricamente a la propia biodiversidad. Vamos a tenernos que enfrentar a todos los que optan por el negocio descarado, quienes prefieren destrozar los bosques, optando por el gozo escandaloso de su sucia ganancia.

Disyuntiva

El presidente tiene que escoger entre la defensa de la vida, de los bosques, de los seres y de los ciclos vitales de los sistemas de vida, o el derrotero del narcotráfico, el comercio corrosivo, el extractivismo dependiente, de las carreteras de la subalternidad a las potencias emergentes y al imperio. Si decide por la carretera que conduce a todo esto se sobreentiende el destino apocalíptico que escogió a nombre del desarrollo. Frente a esta pulsión de muerte no queda otra cosa que la defensa movilizada por la vida, que la exigencia urgente de desplegar todas las fuerzas en esta lucha. La defensa del TIPNIS es la defensa de los derechos de la Madre Tierra y de la Constitución.

¿Quién tiene la soberbia?

¿Quién tiene la soberbia? ¿Los indígenas que marchan sacrificándose para defender la madre tierra o los gobernantes que han decidido destrozar un territorio indígena y parque protegido por las leyes y la Constitución cuesten lo que cueste? ¿Qué clase de imaginario es este que cree que se puede manipular indefinidamente con el discurso del poder malversando la significación evidente de los hechos? ¿Imaginario jacobino? ¿Imaginario extractivista? ¿O simplemente el deleite desenfrenado del cinismo funcionario al servicio de la descomunal avaricia de las tras-nacionales, que llaman eufemísticamente desarrollo?

Casualidades escabrosas

¡Qué casualidad! Cuando hay marcha indígena en defensa de sus territorios, de los derechos de las naciones y pueblos, de la madre tierra, consagrados en la Constitución, se acusa de que detrás está la CIA, como en la anterior marcha del CIDOB, que detrás está la embajada. Esta manipulación contra-informativa se parece a las descaradas formas represivas de las dictaduras, los fascismos, los gobiernos neo-liberales, y también, eso es lo que llama la atención, a los juicios escandalosos del estalinismo. A esto se le llama paranoia del poder.

El imaginario jacobino

Los “gringos” están en el imaginario de Evo y Álvaro, sobre todo cuando se trata de observar la crítica al proceso, a la conducción del proceso, sobre todo cuando se trata de la defensa de la Madre Tierra y de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución, sobre todo cuando se viola la Constitución sistemáticamente y no se sabe cómo justificar esta violencia, sobre todo cuando se trata de reconducir un proceso que marcha estrepitosamente al abismo. Ahora parece que los “gringos” están también en el imaginario de los funcionarios y de los “llunk’us”. El imperialismo norteamericano, la dominación a secas Estadounidense en este ciclo del capitalismo, que ha entrado en crisis, son reales. La lucha contra el imperialismo sigue adelante, pero se la hace consecuentemente y directamente. Yo no creo en quienes se desgarran las vestiduras contra el imperialismo, pero se mueren por restablecer relaciones. No creo en quienes hablan contra el imperialismo y les venden petróleo a los yanquis. Y menos en quienes usan este fantasma cuando conviene, cuando tienen que encubrir sus desviaciones alarmantes al nacionalismo, a la supeditación a las trasnacionales y a la potencia emergente de Brasil. Menos en quienes cierran los ojos contra la expansión abrumadora del narcotráfico. Estos no son antiimperialistas, son unos farsantes y represivos nuevos colonizadores de los pueblos indígenas.

La situación de descomposición del gobierno ha llegado lejos, la derechización de Evo es alarmante, sobre todo la de Álvaro. Están al servicio y supeditados a las empresas trasnacionales hidrocarburíferas, a la burguesía brasilera, que se ha convertido en una de las potencias emergentes en plena crisis del capitalismo. El narcotráfico se expandido abrumadoramente, el gobierno cierra los ojos y otros grupos de poder, vinculados al contrabando, disputan la influencia en la toma de las decisiones. La batalla del TIPNIS es crucial.

Las nuevas alianzas

Las nuevas alianzas son mas bien con la burguesía intermedia agro-industrial, agropecuaria y soyera. Las alianzas se dan en Pando, Beni y Santa Cruz. Lo de la separación “ideológica” y “material” del Beni respecto de Santa Cruz fue una ocurrencia circunstancial y muy poco sostenida en un momento de los primeros tiempos de la gestión del primer gobierno. Ahora el contexto es otro. Se han introducido artículos que permiten transgénicos en la Ley de la Revolución Productiva, que favorece a los soyeros; el peso de la burguesía agro-industrial y agropecuaria en la alimentación de los bolivianos ha subido notoriamente en las dos gestiones de gobierno popular. La alianza económica con esa burguesía ha crecido estratégicamente después de la derrota política de las oligarquías regionales en Pando, una vez que ocurrieron los sucesos sangrientos en el Porvenir. Esa es la paradoja del “proceso de cambio”. Son las paradojas de los procesos “revolucionarios”, que terminan convirtiendo la “revolución” en una restauración.

Resolver este problema depende de la capacidad abierta de asumir las contradicciones y resolverlas por la continuidad de la “revolución”, la profundización del proceso, mediante la revolución cultural. No enceguecerse buscando la justificación “ideológica” de las contradicciones, que para lo único que sirve es para encubrir el derrotero al fracaso y la caída. En todo caso, una supuesta estrategia de separación, de geopolítica interna, que no se la ve por ningún lado, no justifica el alto costo de destrozar el Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure, alto costo ecológico, también alto costo ético, pues no se explica, de ninguna manera, el doble discurso de hablar de la defensa de los derechos de la Madre Tierra  e inmediatamente agredirla desde la desenvoltura más cínica del modelo extractivista.

Contradicciones 

Se puede hablar desde donde se quiera sobre las contradicciones, desde el pensamiento dialéctico hegeliano, quizás antes, desde la filosofía crítica de Kant; también desde las corrientes teóricas o políticas de los marxismos, incluyendo las tesis sobre las contradicciones de Mao; también se puede hacerlo desde otras perspectivas teóricas, incluso trasladándonos a la concepción dualista, inherente a las cosmovisiones indígenas, que más bien hablan de complementariedades, empero, desde ningún punto de vista se puede justificar la escandalosa dicotomía entre el horizonte abierto por la Constitución y el pragmatismo “jacobino” desembarazado, que no es otra cosa que la regresión calamitosa al Estado-nación, liberal y colonial. Menos justificar desde esta incongruencia el depredar uno de los territorios, parques, nichos ecológicos, más importantes e inconmensurablemente valiosos de la Madre Tierra, además, hacerlo, violando los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados por la Constitución. A esto se llama sencillamente el más desembozado retorno a la vulgata del desarrollismo periférico, que no es otra cosa que extractivismo dependiente.

El mandato del pueblo, que ha aprobado la Constitución es construir un Estado plurinacional comunitario y autonómico, no restaurar lo mismo. No se explican esas flagrantes contradicciones llamándolas eufemísticamente tensiones creativas.

El montaje

Cuando se sustituyen los hechos por la escenificación mediática es cuando no se aceptan las evidencias, los sucesos, no se acepta las flagrantes contradicciones, cuando el poder es usado para forzar los acontecimientos. Esta manipulación muestra la desesperación en la que se debate el gobierno: es preferible el cuento de la conspiración que aceptar la interpelación de los pueblos y comunidades. Cuando ocurre esta violencia representativa es que se anuncia el inicio de una etapa represiva. Obviamente se está lejos del ejercicio plural de la democracia participativa y de la consulta, pues se ha optado por el descarnado uso de la fuerza. Las lógicas y los engranajes del poder llevan a esta situación dramática. Los compromisos con grandes intereses empujan a los gobernantes a este atropello; se trata de maquinarias montadas con antelación, los gobernantes terminan atrapados convirtiéndose en dispositivos del decurso descarnado del poder. No importa la objetividad, menos una elucidación sobre la verdad, lo que importa es la justificación de las acciones desmedidas e incomprensibles, insostenibles desde el horizonte abierto por la Constitución.

LOS SÍNTOMAS DE LA DESCOMPOSICIÓN

Las estrategias del gobierno ante el debate y la crítica

¿Cómo explicar esa manera torpe de eludir la crítica y el debate? Después que el Manifiesto por la reconducción hiciera pública los temas candentes de la coyuntura política, la respuesta fue la de una inmediata descalificación y acusación. Un texto, cuya autoría es del Vicepresidente, publicado por la Vicepresidencia, difundido masivamente, acompañando la distribución del periódico Cambio, expresa la violencia descomunal del Estado.

Comenzando por un título estrambótico que dice que trata de El “Oenegismo”, enfermedad infantil del derechismo (O cómo la “reconducción” del proceso de cambio es la restauración neoliberal), nos muestra de inicio el sentido de la violencia discursiva, explicita en el documento. Vaya uno a preguntarse qué tiene que ver un texto como este con un libro publicado por Lenin en plena discusión con la izquierda comunista europea. El libro de Lenin titula La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo; este libro entra en polémica con la izquierda de los partidos comunistas, izquierda radicalizada en el seno del movimiento obrero europeo.

Lenin explica la importancia internacional de la revolución rusa, las condiciones históricas que posibilitaron la revolución bolchevique, hace una descripción histórica de las etapas del ascenso del bolchevismo, hace un balance de las luchas de los bolcheviques y de los enemigos identificados, luchas que permitieron el fortalecimiento del partido; después pasa a caracterizar a la “izquierda” alemana, a sus jefes, al partido, a la clase obrera y a la masa. Se hace preguntas del momento como si deben actuar los revolucionarios en los sindicatos reaccionarios, si deben participar en los parlamentos burgueses. También se hace una caracterización del comunismo de “izquierda” en Inglaterra.

En el anexo se analizan cuestiones como la escisión de los comunistas en Alemania, la relación de los comunistas e independientes en Alemania, así mismo se analiza el papel de Turati y su gente en Italia, para terminar apreciando que esta “izquierda” saca conclusiones falsas de premisas justas. A Lenin jamás se le hubiera ocurrido descalificar a esta “izquierda” como “derecha”. Se trataba de un debate con las tendencias radicalizadas del comunismo. No vamos a evaluar aquí ese debate de la segunda década del siglo XX, sólo vamos a decir que Lenin se dio la tarea de debatir con estas tendencias radicales en momentos de peligro para la revolución y observando las escisiones de la izquierda y del comunismo en Europa, en momentos que seguramente creía que se requería sobre todo unidad en el movimiento obrero internacional.

La Unión Soviética ha caído estrepitosamente a fines del siglo XX, ¿quién tenía razón en la discusión? Eso lo dejaremos pendiente. Lo que llama la atención es la pretensión de ser un libro leninista un texto que cae en la diatriba y no retoma la crítica, un texto que atribuye el valor de categoría explicativa a un término como “Oenegismo”, un texto que si bien habla de una enfermedad infantil, moteja esta enfermedad de derechismo, sin comillas.

Alguien que ha leído El 18 de Brumario de Luis Bonaparte de Karl Marx, sabe que un proceso político es eso, un proceso atravesado por tendencias; hay tendencias que persiguen ir adelante, otras que pretenden mantener un paso lento, otras que buscan el equilibrio de fuerzas, y otras son restauradoras. Todas estas tendencias están asociadas a la lucha de las clases.

Se entiende que haya tendencias que conciban un proyecto más radical; que se pueda hacerlo o no, que estén dadas las condiciones, es parte del análisis; también se entiende que haya tendencias que persigan volver atrás, si se pueda hablar así, restaurar el orden; como también se entiende que en este intervalo haya otras tendencias más mesuradas. Pretender que no hay nada a la izquierda de un gobierno “popular” es como pretender que ese es el límite último, más allá no hay nada. Sólo así se explicaría que todas las críticas al gobierno son sólo discursos de derecha. Este esquema absolutista no es sostenible desde la perspectiva de El 18 de Brumario de Luis Bonaparte.

 ¿De dónde se saca que las críticas al gobierno solo pueden ser enunciados por la derecha? Obviamente esta apreciación no viene de un análisis objetivo, sino de un sentimiento, de una sobrevaloración absoluta del gobierno y de su conducción. Viene de un imaginario defensivo. A este comportamiento se ha llamado paranoico, por parte de teóricos como Gilles Deleuze y Félix Guattari, tiene que ver con la paranoia del despotismo. De alguna manera los conductores del Estado, los gobernantes, terminan siendo paranoicos. Estos autores definían un juego de contraposición en los personajes del poder, entre el mago prestidigitador y el jurista, entre el guerrero y la norma; en este juego o a través del mismo, comprendiendo las contraposiciones, se definen los escenarios de la genealogía del Estado como una máquina codificadora y de captura.

¿Lenin era guerrero o jurista? Buena pregunta. ¿De qué depende? ¿Del momento, de la coyuntura? ¿Cuándo criticaba a la “izquierda” europea, qué era? ¿Qué es el Vicepresidente cuando blande su garrote azul, el libro que descubre el “Oenegismo” como enfermedad infantil del derechismo? No es ciertamente un investigador, un científico social, un analista. ¿Será leninista, explicando a las tendencias radicales sobre las condiciones que posibilitaron la emergencia del proceso? No parece.

El perfil es, mas bien, de un furioso acusador y de un desesperado propagandista de los logros del gobierno. Es muy difícil tomar en serio la pretensión leninista del libro, independientemente de la evaluación de Lenin y del bolchevismo que se haga. Entonces estamos ante un libro que juzga, en el sentido de juicio, de penalización, de castigo. Estamos ante un tribunal supremo que aplica la ley; ¿Cuál ley? La ley que resulta del monopolio de la violencia, la ley que resulta de la verdad del Estado. Todo lo que atenta contra esta verdad es una mentira; toda crítica es una conspiración y está asociada al derechismo y a la restauración neoliberal. No hay cabida para la duda, no hay contradicciones en el proceso, solo hay “tensiones creativas” en la fase jacobina, una vez que se ha superado el empate catastrófico y hay una hegemonía indiscutible del bloque popular.

La demostración de estos grandes logros se lo puede expresar estadísticamente, la ciencia cuantitativa del Estado. Así se resuelve imaginariamente el problema, se hace desaparecer la problemática. Todo avanza según lo calculado. Esta representación tranquilizadora del proceso, esta apología del gobierno, ha sustituido la realidad por la diatriba, el panfleto y la propaganda.

 Los síntomas de la descomposición

La acusación a los dirigentes del TIPNIS y de la marcha indígena por la defensa de la Madre Tierra en el Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure forma parte de una costumbre; esto ocurre cada vez que hay una marcha de las naciones y pueblos indígenas en defensa de la Constitución de sus derechos consagrados en el texto constitucional. Esta vez, así como las otras veces, se acusa de estar en contactos con la Embajada estadounidense.

¿Quieren hacernos creer que la marcha por la defensa del TIPNIS ha sido preparada por agentes de la Embajada? ¿Qué hay un acuerdo entre estados Unidos y los indígenas para desestabilizar el gobierno? ¿Es decir, que no hay ninguna razón para protestar, luchar por los derechos de la Madre Tierra y de las naciones y pueblos indígenas, que no hay que defender un territorio indígena, saneado y sacramentado, que cuenta con título de propiedad colectiva? ¿Qué todo es una conspiración norteamericana? ¿Podemos creer semejante argumentación, que blande como prueba lo que dicen que son “extractos” de llamadas y no “pinchazos”, queriendo calmar la ansiedad de sus consciencias culpables? ¿Quiénes creen esta violencia contra la lógica y el sentido común? Obviamente la población estrepitosa de los “llunk’us”.

Esta desvergonzada y descarada acusación es un síntoma de algo grave; cuando se recurren a estos métodos morbosos y perversos de desinformación y manipulación vulgar de los hechos es porque algo se esconde, algo grande y grave se esconde. ¿Qué es? ¿Defensa de intereses empresariales? ¿Madereros, agroindustriales, soyeros, cocaleros, ilícitos? ¿Defensa de los acuerdos con el gobierno brasilero para implantar el IIRSA y los corredores transoceánicos, corredores que vehiculizan la depredación, el extractivismo, el comercio trasnacional y también del comercio delincuencial? ¿En qué están metidos los señores acusadores, que hasta su comportamiento, en unos casos nervioso, en otros cínico, los denuncia? No lo van a decir. Pero lo que se juega, lo que está en juego es grande, pues no se explica de otra manera este desmesurado abuso de poder, de manipulación comunicacional, y de violencia gubernamental.

Estamos no solamente ante la crisis del proceso, ante la constatación de que se ha cruzado la línea, colocándose el gobierno al otro lado de la vereda, no solamente que ya se enfrenta al pueblo, que el gobierno se ha puesto en una disposición peligrosa oponiéndose al proceso y restaurando el Estado-nación, liberal y colonial, sino que estamos ante una diseminación y descomposición avanzada, en la medida que constatamos que las mafias, redes delincuenciales, metidas con el contrabando de tierras, el contrabando a secas y otros recorridos ilícitos, han terminado conformándose en grupos de presión, en grupos de poder, que empujan a la toma de decisiones.

La situación del proceso es mucho más grave si se constatan este deterioro del ámbito de relaciones, de estructuras y de instituciones comprometidas. Esta es la razón y estas son las condiciones que convierten a la batalla por el TIPNIS en una batalla crucial. Si se pierde esta batalla, la van a ganar las trasnacionales, las empresas madereras, el gobierno de Brasil, OAS, las mafias delincuenciales. Por eso es necesaria una movilización generalizada de todos los movimientos, organizaciones, sectores sociales, que son el contenido del proceso, pues lucharon por él y aprobaron la Constitución. Ahora están obligados a defender el proceso, a defender la Constitución, a defender la Madre Tierra y a construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico.

Situación legal y constitucional del TIPNIS

 El TIPNIS es Parque, es Territorio indígena, ha sido saneado, cuenta con título de propiedad colectivo. La Constitución exige la Consulta; esto forma parte de los conjunto de derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados por la Constitución. No hay por donde justificar la violación de la Constitución y de los derechos indígenas, no hay por donde justificar la destrucción del parque, del territorio y del ecosistema del TIPNIS. Lo que hace el gobierno es inaudito. La única explicación que hay es que están metidos con el IIRSA y con el proyecto extractivista y de supeditación a la potencia emergente de Brasil. No se explica de otra manera que estén contra el proceso y contra los objetivos de la Constitución.

 La perspectiva catastrófica del gobierno

¿O sea que a las causas ya gravitantes de desforestación hay que aumentarle otra más grave que es la carretera a través de un parque, área protegida y territorio indígena, saneado y sacramentado, protegido por la Constitución, las leyes y por los derechos de las naciones y pueblos indígenas consagrados en la Constitución? ¿En qué andamos? No me parece coherente esta compulsión destructiva y modernista tardía. Me parece la expresión desorbitada de un desarrollismo y extractivismo culpable, que a ultranza se somete a los intereses de las trasnacionales y del proyecto geopolítico de la burguesía internacionalizada brasilera.

Dramatismo del momento

Lo trágico es que se restaura el Estado-nación, liberal y colonial, no se construye el Estado plurinacional comunitario y autonómico, como manda la Constitución. Lo trágico es violar la Constitución con la promulgación de leyes inconstitucionales; lo grave es haber dictado un gasolinazo respondiendo al pedido de las empresas trasnacionales; lo grave es atentar contra un territorio indígena, un parque y un área protegida por leyes y la Constitución. Lo trágico es violar los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución. Por último, lo trágico es encontrarse con estas realidades, incluso constatar la supeditación de nuestro gobierno al IIRSA, al proyecto hegemónico de la potencia emergente de Brasil y encontrarse con justificaciones paranoicas como las tesis de la conspiración, que no tienen nada de imaginación, toparse además con personas, que se hacen a las serias, que repiten aburridamente esas tesis, insostenibles.

 La tarea

La intención colectiva es defender la Constitución, violada por el gobierno, defender la Madre Tierra, defensa acordada en las resoluciones de Tiquipaya. Estas defensas deberían ser de todo boliviano y boliviana conscientes de las tareas de transformación que competen como mandato de la Constitución. No la restauración del Estado nación, liberal y colonial, como lo hace el gobierno. Estas tareas se expresan concretamente en la transición de salir del modelo extractivista y encaminar el proyecto a un modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad y el desarrollo, que es el vivir bien, como establece la Ley de la Madre Tierra.

Política y violencia

Hay reflexiones sobre la violencia, como las de Georges Eugène Sorel, también como las de Walter Benjamín, así como las de Jacques Derrida, que retoma esas reflexiones. En Comuna también se hizo una reflexión sobre la violencia en Tiempos de rebelión. Ahora es indispensable volver a hacer una reflexión de la violencia a partir de la experiencia del conflicto del Territorio Indígena Isiboro Sécure (TIPNIS), la victoria de la marcha indígena, pero también a partir de las secuelas del conflicto que muestran la insistencia del gobierno en prolongar el conflicto al tratar de revertir su derrota, volviendo a la carga contra los dirigentes indígenas, descalificándolos y amenazándolos, amedrentando a la población de las comunidades indígenas del TIPNIS, movilizando a los cocaleros, sobre todo de los límites del territorio indígena, quienes efectúan una guerra sucia contra los pobladores del TIPNIS, cobrando “peaje” por cruzar la “frontera”. Esta experiencia, la experiencia del conflicto del TIPNIS, es ilustrativa de la violencia estatal y de las formas de esta violencia; también es ilustrativa debido a que las formas de violencia desplegadas por el gobierno son sintomáticas y alumbran sobre las profundas estructuras del poder y del Estado.

¿Por qué se recurre a la desmesurada violencia del Estado? ¿Por qué se opta por las variadas formas de violencia? ¿Por qué se recurre de manera constante a la manipulación, al chantaje, a la distorsión de los hechos, a la descalificación inaudita, buscando definir al enemigo, de bestializarlo, para sí justificar su represión, incluso su anulación?  Un senador de Cochabamba dice que hay que expulsar a los dirigentes indígenas del TIPNIS, quienes estarían comprometidos en supuestas negociaciones de madera. En este discurso por lo menos se encuentran dos cosas; una se quiere sacar al enemigo de su cueva, pero también de su hábitat, expulsarlo, exilarlo, darle muerte civil. Por otra parte se sigue de manera insistente e irreflexiva con las acusaciones contra los dirigentes, acusaciones que, por cierto, nuca demostraron los acusadores.

¿Por qué este senador lo hace? ¿Por qué unos indígenas, que no se sabe quiénes son, pidieron en San Ignacio de Moxos que se expulse a los dirigentes orgánicos del TIPNIS? Se trata del Comité de Defensa del Desarrollo de Moxos (CODEMOX), que pide que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos atraviese el TIPNIS. El mismo presidente del Estado, Evo Morales, participó del aniversario del Primer Grito Libertario del líder Pedro Ignacio Muiba, donde se transmitió este pedido. Retrocediendo ante su propia promulgación de la Ley que declara intangible al TIPNIS, pide a esos extraños dirigentes que se dirijan a los diputados y senadores para que anulen la ley. ¿Qué es esto? Marcha y contra-marcha, ¿el tormento de Sísifo? ¿Un conflicto de nunca acabar? ¿Se ha firmado para que se vayan los marchistas a sus casas y se desmovilice el pueblo paceño, empero esperando la ocasión de dar la puñalada por la espalda? ¿Qué clase de práctica política es esa? Insistir, levantarse del suelo, volver a patalear, replantear la pelea, no es necesariamente una muestra de coraje, dependiendo de las circunstancias, sino una muestra de obstinación y falta de instinto de sobrevivencia.

¿Quiénes son estos indígenas que acuden a una reunión oficial en conmemoración a los héroes legendarios de la lucha de los indígenas amazónicos y chaqueños? Se dan nombres, se dice que son dirigentes. ¿Son de comunidades del TIPNIS? ¿Y qué hay del respecto a las direcciones orgánicas y a las organizaciones matrices? Nada de eso importa. Lo que importa es volver al recurso de la violencia descomunal del Estado en contra de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, lo que importa es recurrir a los instrumentos coercitivos del gobierno, quien puede movilizar a los sindicatos cocaleros, quién puede movilizar bloqueos de caminos como lo hizo al levar colonizadores a Yucumo, utilizando los recursos del Estado. Ahora se hace lo mismo, el Ministerio de la Presidencia y otras instancias gubernamentales, incluso la gobernación de Cochabamba, mueven recursos y personal para comprometer movilizaciones preparadas por el gobierno en contra de las dirigencias indígenas del CIDOB y el CONAMAQ. Ciertamente se entiende que no se sientan satisfechos después de la derrota sufrida, empero, lo que llama la atención es esta compulsión por las formas de la violencia como recurso desesperado a revertir la situación y tratar de volver a imponer su voluntad por la fuerza.

Ante la desenvoltura del despliegue de la violencia uno se pregunta: ¿para qué están hechos entonces los derechos fundamentales, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos de la Madre Tierra? ¿Para qué está hecha la constitución? ¿De adorno? ¿Discurso de propaganda? ¿Texto de vitrina? La violencia es eso, violencia, porque viola derechos, no solamente porque afecta a sujetos y subjetividades, violentando su interioridades y exterioridades, violentando sus libertades. El Estado que debería ser garante de los derechos fundamentales, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas y los derechos de la Madre Tierra, no lo es; al contrario, aparece en su forma descarnada como el monopolio de la violencia en su condición desenvuelta de Estado de excepción, suspendiendo los derechos. ¿Qué intereses defiende el Estado? ¿Estos intereses están sobre los derechos? Hablar en este caso de intereses estratégicos como los relativos a la integración no es otra cosa que ocultar las relaciones y estructuras de poder que defiende el Estado. La lógica de estas relaciones y estructura de poder impulsa la maquinaria estatal movilizando sus instrumentos, sus engranajes, sus dispositivos y agenciamientos, movilizando sus aparatos represivos e ideológicos. Esta es la pulsión inmanente del Estado, la pulsión de dominación. Los derechos son conquistas logradas por luchas sociales, que solo serán respetadas si las fuerzas sociales contrarrestan esta pulsión dominante con la exigencia de prácticas democráticas.

En estas circunstancias la democracia efectiva y la efectuación de la democracia desaparecen, son sustituidas por el juego de las fuerzas. Eso es lo que ha pasado en el conflicto del TIPNIS. El gobierno ha desplegado sus fuerzas en el terreno, también lo hicieron las naciones y pueblos indígenas originarios, sus organizaciones matrices. En el recorrido de toda la marcha lo que se ha visto es el despliegue aparatoso de la violencia estatal, enfrentada por las fuerzas sociales que se articulaban para defender una causa, la causa de la Madre Tierra, del Vivir bien, de la Constitución, de los derechos fundamentales y de las naciones y pueblos indígenas originarios. Frente al descaro de la manipulación y del chantaje, frente a lo grotesco de las descalificaciones del enemigo declarado, los marchistas manifestaron y desplegaron la fuerza ética y moral de la dignidad, la fuerza cualitativa ante la cual las otras fuerzas cuantitativas no pueden hacer nada, se fragmentan y diluyen como polvo. Igual, si hubiera el gobierno impuesto su voluntad a como dé lugar, hubieran perdido, ante la demostración heroica de la dignidad. No se puede contra esta acción ética; lo demuestran muchas experiencias en la historia política y social del mundo. El dramatismo de la marcha y la despavorida represión, primero en curso y después abiertamente realizada de una manera descomunal en Yucumo, terminaron de volcar la correlación de fuerza en beneficio de los marchistas. Después de estos hechos bochornosos que recorrieron el mundo y motivaron indignación en todas partes, la marcha se reanudó; por donde iban eran bien recibidos, desmoronándose así la versión falsa del gobierno, de que todos los colonizadores estaban contra la marcha, contra las demandas de la marcha, defendiendo a la carretera. El pueblo paceño y el distrito 14 de la Ciudad de el Alto, las organizaciones sociales, la Central Obrera Boliviana (COB), se volcaron a recibir a los marchistas como héroes en la sede de gobierno. Este fue el triunfo de la marcha. Quedaba claro que el pueblo boliviano, nuevamente, manifiesta su clara contraposición contra las formas de la tiranía. No acepta el desparpajo de la violencia, de la violación de los derechos, no acepta la manipulación y los montajes, no acepta sobre todo el desboque de la violencia.

Lo que vino después es el resultado, la consecuencia de esta victoria, la promulgación de una ley que protege al TIPNIS. Por eso, los marchistas no festejaron con el gobierno esta conclusión sino con el pueblo paceño y las organizaciones que apoyaron a los marchistas y a la Madre Tierra. Esta realidad no se puede cambiar con discursos, con maniobras, con interpretaciones estrambóticas, como la de otro senador de Cochabamba, quien considera irresponsables a los dirigentes indígenas por la declaración de intangibilidad del TIPNIS, adelantando que intangible en la ley ambiental significaría intocable, como si tuviéramos que recurrir al diccionario para resolver el significado de una norma, obviando el análisis y la comparación jurídica. Herido por que se ha vetado su ley, la ley tramposa que quería ganar tiempo para que de todas maneras se apruebe más tarde la carretera, hace gala de confusas interpretaciones, defendiendo algo que ni el mismo cree. Estos padres de la patria son los dispositivos elocuentes de la legitimación de la violencia descarada y del despliegue de las políticas extractivistas y desarrollistas. Nada va cambiar lo sucedido, en la historia política va a quedar en la memoria de las luchas esta victoria contundente de los marchistas indígenas originarios.

En Ecuador se ha declarado zona intangible a los territorios donde se suponen que hay poblaciones no contactadas. En el Perú, cerca de la Laguna del Toro se reunió una multitud de comunarios de las comarcas del norte andino ultrajadas por las constantes actividades de la empresa minera canadiense Barrick Golden; todos los reunidos, que sobrepasaban a las 5000 personas, declararon por unanimidad la intangibilidad de la zona de las Lagunas del Toro. Los representantes municipales se comprometieron e este acto realizar los trámites necesarios para esta declaración de amplio acuerdo popular se le otorgue el rango legislativo. En ninguno de los dos casos la intangibilidad anula los derechos de las naciones y pueblos indígenas, al contrario, protege sus derechos, pues los defiende frente al avasallamiento extractivista y desforestador. ¿A quién se le ha podido ocurrir que la intangibilidad ambiental significa no tocar absolutamente nada del TIPNIS, territorio y recursos? ¿Qué clase de imaginario es este? Imaginar una nada absoluta, una intangibilidad conceptual, lo suprasensible elevada a una alta potencia, para hacerla realidad inmovilizando a los habitantes del TIPNIS como si fuesen esculturas de estuco. Esta figura muestra elocuentemente las profundas paradojas del poder; la maquinaria más elocuente de la cruda realidad del poder, la violencia, es decir, el Estado, se imagina la más abstracta representación, la nada, para inmovilizar y hacer desaparecer a los indígenas de sus territorios, por lo menos imaginariamente.

La reglamentación de la Ley corta tiene que operar en función del sentido de la ley promulgada. El artículo uno de la ley expresa que:

Se declara al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure – TIPNIS patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas Chimán, Yuracaré y Mojeño-trinitario, cuya protección y conservación son de interés primordial del Estado Plurinacional de Bolivia.

 El artículo dos dice que:

Teniendo el territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure – TIPNIS, además de la categoría de territorio indígena, la categoría de área protegida, se constituye, en garantía de conservación, sostenibilidad e integridad de los sistemas de vida, la funcionalidad de los ciclos ecológicos y los procesos naturales en convivencia armónica con la Madre Tierra y sus derechos.

En este contexto de la ley hay que entender la declaración de intangibilidad del TIPNIS. Por otra parte, la ley y el reglamento de la ley responden a la Constitución, no pueden contravenirla, sino se anulan por ser inconstitucionales. Por lo tanto la intangibilidad afecta a los avasalladores del parque, a los cultivadores de coca, a las empresas extractivistas, a las empresas madereras, a  todo emprendimiento y acción externa que afecte al ecosistema del parque y al territorio indígena, que afecte a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. El numeral 4 del artículo 30 de la Constitución Política del Estado dice que las naciones y pueblos indígenas originarios tienen derecho a la libre determinación y territorialidad. El numeral 7 habla de la protección de sus lugares sagrados. El artículo 8 dice que tienen derecho a crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios. El numero 10 establece que tienen derecho a vivir en un medo ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. El numeral 11 dice que tienen derecho a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. El numeral 12 establece que tienen derecho a una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. No como cree el vicepresidente que quiere darles una educación liberal, que no es otra cosa que una educación colonial y disciplinaria, base de la individualización de los sujetos modernos. El numeral 15 establece que tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Al respecto fue muy graciosa la interpretación del presidente de la cámara baja que decía que cómo no era una medida legislativa y administrativa la carretera que atravesaría el TIPNIS, entonces este compromiso del gobierno con OAS y el gobierno brasileño no afecta a los derechos de las naciones y pueblos indígenas constitucionalizados. Estas triquiñuelas de abogados no sirven para nada en este caso pues la construcción de una carretera es la realización material de medidas legislativas y administrativas.

Después de la victoria de la marcha indígena, después de la promulgación de la ley, que debería haber zanjado el problema, como el propio presidente lo dijo, el conflicto no ha terminado, pues se prepara una movilización de cocaleros, maniobras en un encuentro para debatir el modelo económico, donde se va a buscar exigir la abrogación de la ley.  La descalificación de los dirigentes continúa con los mismos procedimientos escandalosos e indecorosos. Ahora hay que enfrentar el desafío del cumplimiento de la ley, de realizar efectivamente la protección del parque y el cumplimiento de los derechos de las comunidades indígenas del TIPNIS.

La victoria del TIPNIS es un punto de inflexión como lo fue la guerra del agua, ahí comenzó la derrota del proyecto neoliberal; después de la victoria indígena y de todo el pueblo boliviano que apoyo la defensa del TIPNIS comienza la reconducción del proceso. El CIDOB, el CONAMAQ, la COB, las Juntas de Vecinos, las organizaciones de activistas, tienen la responsabilidad de conformar una alianza de reconducción del proceso, de convertirse en el consejo político de la reconducción, de orientar el curso del tiempo político en el sentido del ejercicio plural de la democracia, participativa, comunitaria y representativa; en construir colectivamente a decisión política, la ley y la gestión pública como establece la constitución. De hacer respetar la propiedad del pueblo boliviano sobre los “recursos naturales” no-renovables y el beneficio exclusivo de los “recursos naturales” renovables en los territorios indígenas. De exigir transparencia, participación y control social en las políticas públicas, sobre todo en los temas estratégicos, como los relativos al modelo integral y alternativo a seguir, entendido como el modelo del vivir bien.

¿Qué es una consulta previa libre e informada y cuándo se la efectúa?

El numera 15 del capítulo cuarto de la sección II del título II sobre derechos fundamentales y garantías, dedicado a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, establece que las naciones y pueblos indígenas originarios tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.

Queda claro lo que establece la Constitución que el cuándo se hace la consulta tiene que ver con cada vez que se prevean medidas legislativa y administrativas susceptibles de afectarles. Así también queda claro cuando la Constitución establece que se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada. No hay donde perderse. Sin embargo, hay senadores, como un senador de Cochabamba, que sigue haciéndose al desentendido o cree que puede manipular la interpretación de este numeral a su antojo. El mencionado caballero, haciendo gala de una lectura acróbata, dice que la consulta “nunca es extemporánea” como afirman los dirigentes de la Subcentral TIPNIS, sino garantiza los derechos indígenas y, como está establecido en la Constitución Política, está por encima de cualquier ley. “En una consulta, siempre hay un protocolo para saber exactamente cómo se realizará, con qué instrumentos, cómo garantizar en buena fe, pero al mismo tiempo se deberá habilitar una ley que fije los lineamientos centrales”. Mayor embrollo en una interpretación no podía haber.

¿Qué quiere decir el senador cuando dice que una consulta nunca es extemporánea? ¿Nunca? O sea que esta fuera del tiempo y lugar. Es una abstracción, una medida que no depende del momento. Lo mismo da hacer un censo a los muertos que a los vivos. La gran diferencia está que los muertos no responden; entonces es tarde para hacer un censo. Si la consulta se hace después de comprometer el proyecto entonces es extemporánea, no cumple con las condiciones y requisitos exigidos por la Constitución. El proyecto en cuestión es el de la carretera que atravesaría el TIPNIS; el compromiso del proyecto se lo hizo el 2008 con el presidente Lula da Silva, comprometiendo también el préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil y aceptando que la empresa constructora sea OAS, que contaba ya con un diseño, saltando también todas las normas de contratación de bienes y servicios del país, además de violar la Constitución. No solamente que la consulta es extemporánea sino que los que se comprometieron con el gobierno brasilero y el Banco de Desarrollo de Brasil a la construcción de una carretera que atravesaría el territorio indígena y parque, que cometieron un delito constitucional, no fueron pasados a la justicia ni rindieron cuentas a la sociedad por estas tratativas corruptas y encubiertas. Volver a repetir la increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada, querer imponer una consulta extemporánea, una vez que cometieron varios delitos contra los intereses del país, del Estado, de la Constitución y los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, es insistir en el mismo delito. Lo que equivale a sanciones contra los senadores que no cumplen con la Constitución.

La consulta previa libre e informada es una conquista de la lucha indígena en el continente, forma parte de los convenios internacionales que firmó el Estado boliviano y son reconocidos como leyes en la Constitución, en rango inmediato jerárquico a la Constitución misma. Forman parte el Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas. Este derecho es varias veces mencionado en la constitución como obligatorio cumplimiento por parte del Estado. ¿Quiénes son los que quieren desentenderse de este deber? Los gobernantes, los senadores oficialistas, los directores de empresas estatales, las empresas trasnacionales; es decir, el conjunto de agentes y dispositivos del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Varias veces se ha escuchado a personeros de empresas extractivas del Estado quejarse de que esta consulta impide el desarrollo y la inversión. ¿En qué país creen que están estos personeros? No se dieron cuenta que ya el país cuenta con una Constitución que diseña el Estado plurinacional comunitario y autonómico, que el eje fundamental o el camino fundamental de la Constitución es la descolonización, que están consagrados los derechos de las naciones y pueblos indígenas, que se apunta a un modelo alternativo al extractivismo en la perspectiva del vivir bien. Estos personeros no se dieron cuenta de nada. Creen que pueden seguir haciendo lo que saben, administrar empresas insertas en el modelo de la acumulación por despojamiento de los recursos naturales en aras de la acumulación ampliada de capital, fincada en el centro del sistema mundo capitalista, dejando una geografía espantosa de huecos en las periferias.

 La consulta gubernamental depredadora e inconsulta

A veces la actividad de los políticos se parece a una trama de novela, tan intricada como las complicadas historias que aparecen, cuyos personajes se ven empujados a hacer cosas que cada vez los sumergen en el laberinto de pasiones. Sus actos provocan consecuencias no controladas. No pueden salir del marasmo en el que se han metido, que es como un terreno lleno de accidentes. Así parece esta historia de la conducta del gobierno en relación al TIPNIS, primero se comprometen con Lula da Silva en hacer la carretera, apoyados con el compromiso de un préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil, incluyendo a OAS, la empresa constructora; saltando las normas de contratación de bienes y servicios y violando la Constitución. Esto ocurrió el 2008. Casi dos años después, cuando se aprobó el préstamo, tuvieron que presentar el proyecto públicamente en Villa Tunari. Cuando lo hicieron todo ocurrió como una crónica anunciada, estalló el conflicto con las naciones y pueblos indígenas originarios, con sus organizaciones matrices. Sin embargo, también el conflicto fue interno y dado con antelación. El entonces viceministro de biodiversidad del ministerio de medio ambiente y agua, Juan Pablo Ramos, no quería firmar la ficha ambiental del tramo II de la carretera. El presidente y el vicepresidente trataron de convencerlo, pero no tenían argumentos, frente a las observaciones técnicas y constitucionales del viceministro. El viceministro renunció, pusieron a una viceministra, que era funcionaria de ABC; ella firmó la ficha ambiental del tramo II. Este procedimiento se dio en un ambiente de tensión interna, que comprometía al ministerio involucrado. También la tensión se hizo sentir en un gabinete ampliado donde el vicepresidente no se guardó adjetivos para descalificar al viceministro renunciante. El conflicto del TIPNIS mostró todas las falencias y contradicciones del gobierno, además de sus graves compromisos e intereses en los que ya se encontraba envuelto. La táctica contra la VIII marcha indígena no podía ser más intrincada, acusaciones y descalificaciones a los dirigentes de las organizaciones indígenas, acusaciones que nunca se demostraron y descalificaciones que rebajaban la integridad moral de los acusadores. Represión violenta a una marcha pacífica indígena en el puente San Lorenzo, cerca de Yucumo, después de haber intentado de todo, movilización de colonizadores, quienes bloquearon la entrada a Yucumo. Intentos de movilización de gente afín en San Ignacio de Moxos, usando los recursos y la movilización sigilosa, también nerviosa, de funcionarios celosos. Después vino la represión violenta a la VIII marcha indígena, acto descarnado contra todo buen sentido, acción preparada con antelación, mediante un plan de operaciones, que buscaba aislar en una reunión a los comunicadores presentes, en el momento de la intervención. Se puso en la boca cinta adhesiva a las mujeres y a los niños, que era los que más gritaban y hubieran dado la alerta a los periodistas que estaban reunidos en Yucumo en una supuesta conferencia preparada. Las flotas partieron con los detenidos para llevarlos a rumbo desconocido o diseminarlos, empero no contaban con la reacción de la gente del pueblo, quienes impidieron el paso de las flotas. Intentaron trasladar a los detenidos por Rurrenabaque, en avión. También fracasó este intento, pues pobladores y organizaciones indígenas invadieron la pista e impidieron el aterrizaje de los aviones. Se dice que había un preparativo militar para intervenir, empero la renuncia de la ministra Cecilia Chacón descolocó esta maniobra militar. Ya no iba haber un chivo expiatorio de la intervención, que probablemente hubiera tenido consecuencias fatales.

Después de la sañuda represión contra la marcha indígena, la opinión pública se volcó en favor de la marcha indígena y de la defensa del TIPNIS. Ya no eran solamente múltiples grupos de activistas jóvenes, ambientalistas, ecologistas, anti-sistémicos, feministas, el apoyo logístico de organizaciones y de organismos de soporte humanitario, sino la población de las ciudades. Esto se vio claramente con el recibimiento que tuvieron los marchistas de la VIII marcha en la ciudad de La Paz. Un millón de personas entusiastas salieron a las calles a recibir a los que llamaban sus héroes, que les dieron de nuevo la esperanza. Dos columnas desde la cumbre hasta la Plaza San Francisco acompañó la llegada de los marchistas. Éste recibimiento apoteósico fue ya una victoria política contra el gobierno, que los había estigmatizado y reprimido. Después vino la toma de la plaza de armas por dirigentes de la marcha, exigiendo al gobierno el cumplimiento de la Constitución y una ley que proteja al TIPNIS, el cierre de la plaza y el aislamiento de los que comenzaron esta vigilia. Las organizaciones sociales se volcaron en apoyo a los dirigentes de la vigilia tratando de romper el cerco policial. Los enfrentamientos alrededor de la plaza pusieron en peligro la seguridad del palacio quemado, incluso se dijo que se dio la orden de evacuación del presidente. Sorpresivamente el presidente tomó la decisión de proponer una ley de protección del TIPNIS, que declaraba intangible el territorio indígena y parque Isiboro-Sécure. Llamó mucho la atención que el presidente haya bajado acompañado por el entonces ministro de comunicación a la plaza, donde se encontraban los dirigentes de la vigilia y haya pedido perdón a los indígenas. También se reunió con los dirigentes en el palacio para tratar el texto de la ley. ¿Tomó esta decisión sólo, sin consultar al vicepresidente, sin consultar a su gabinete? Es muy difícil saberlo, pero quizás sea la hipótesis más plausible en este escenario caótico.

El vicepresidente no llama a Congreso de emergencia al siguiente día, espera hasta el lunes, dejando que pase el fin de semana. Amenaza con que no iba a haber dos tercios para tratar esta ley. Sin embargo, a pesar de sus resistencias esta ley se aprueba el lunes. La promulgación de la ley formaliza la victoria política indígena. Lo que viene después es como un retroceso por parte del gobierno, como si estuviera arrepentido de lo que ha hecho. El propio presidente instiga a los dirigentes campesinos y cívicos en una reunión en una población del Beni a pedir la abrogación de la ley a través de sus representantes asambleístas. El vicepresidente declara que lo intangible es intocable, ni las comunidades que habitan el TIPNIS pueden tocar nada, como si el hecho de habitar no fuera tocar y como sin lo intangible fuera inmaculado. Se nota que el vicepresidente desconoce la jurisprudencia internacional en este tema. Lo intangible no choca de ninguna manera con los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. El gobierno se resiste, en principio, a hacer el reglamento de la ley, que exigen las organizaciones indígenas para dejar en claro de qué se trata lo intangible y cómo se aplica. El reglamento se logra aprobar como acuerdo entre el gobierno y las organizaciones indígenas.

Empero, después de estos hechos que parecían cerrar el conflicto, el gobierno vuelve a insistir, posiblemente presionado también por las organizaciones cocalera. Impulsa una marcha del CONISUR, que pide la anulación de la ley. De principio esta marcha nace fallida, no sólo porque se sabe de la participación del padrino gubernamental que estaba detrás, sino también porque la opinión publica descubrió desde un principio la grotesca maniobra del gobierno. La marcha pasó su recorrido sin apoyo de la gente de las ciudades por donde se dio lugar la caminata, fue una marcha acompañada por la indiferencia. Este contraste fue claro en comparación con la VIII marcha indígena. Sin embargo, a pesar de estas muestras de indiferencia de la población y el descrédito de la marcha cocalera, el gobierno siguió con su montaje, insistiendo en que era una marcha de los verdaderos indígenas que vivían en el TIPNIS. Estaba claro que el CONISUR es una organización de la zona de avasallamiento del parque, el polígono siete, una organización afiliada a las federaciones cocalera, por lo tanto se trataba de productores de la hoja de coca y propietarios privado. Este montaje como los otros del gobierno no podía sostenerse empíricamente. Empero, la terquedad del gobierno, contra viento y marea, siguió adelante. Llegó la marcha a La Paz, el presidente recibió a los marchistas del CONISUR. Los marchistas cocaleros incluso entraron a la asamblea legislativa después de romper con mucha facilidad el cerco policial. Esto también forma parte de las escenificaciones de los “directores de cine” del montaje gubernamental.

Se levantaron voces de todo lado en contra del intento torpe de anular la ley corta. El gobierno no tenía argumentos, se inventó uno, que los indígenas del CONISUR no fueron consultados. Llama la atención las contradicciones de estos discursos insostenibles. Primero, lo que deja claro todo este entretelón es que el gobierno no hizo la consulta previa libre e informada cuando lo tenía que hacer, antes de su compromiso de la construcción de la carretera. Ahora pide consulta de parte de las organizaciones indígenas matriciales a los del CONISUR. ¿Tenían que hacerlo? ¿Acaso habitan la TCO del TIPNIS? Este argumento tan estrambótico, que no ruboriza a quienes lo dicen, también es utilizado en la elaboración de una ley de consulta a los del TIPNIS sobre la intangibilidad y el curso de la carretera. El teatro no podía ser más patético cuando el propio vicepresidente justifica esta nueva violación a la Constitución y las leyes diciendo que deberíamos haber hecho lo que ahora se hace, consensuar, empero habla del consenso con los del CONISUR. ¿Cómo se puede seguir sosteniendo estas argumentaciones contra toda lógica y contra toda base empírica?

Ahora se ha elaborado una ley de consulta que pretende hacer una consulta posterior, extemporánea, a las comunidades del TIPNIS. ¿No se dan cuenta, o creen que nadie se da cuenta, que con esto se anula la ley corta, y que muestra este hecho toda la irresponsabilidad acumulada en gobernantes y asambleístas? ¿No se dan cuenta que así no se hacen las leyes, de acuerdo a la Constitución, que exige la construcción colectiva de la ley? ¿No se dan cuenta que antes se debe sacar una ley general sobre la consulta y no adelantarse con un tema de consulta circunscrita a una zona y a un problema? Parece que no. Empero lo que deja perplejo es la sinuosa historia de leyes inconstitucionales elaboradas y promulgadas, esta es una más de ellas. Nuevamente se violan los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, consagrados en la Constitución, se atenta contra los derechos de la madre tierra, se avanza en dispositivos que apoyan la destrucción y depredación del territorio indígena y parque. No sólo porque se trata de una consulta extemporánea y forzada, sino porque forma parte de los compromisos con el gobierno brasilero, el IIRSA, el banco de desarrollo de Brasil, las federaciones cocaleras y la burguesía agrícola que quiere ampliar la frontera agrícola. Todo esto forma parte de las políticas de extensión del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente.

Es triste el papel de los asambleísta, senadores y diputados, que lo único que hacen es cumplir órdenes y no deliberar nunca, no representan nunca a sus representantes, formando parte de una maquinaria demoledora de votos, sin criterio, sin sentido, sin argumentos. Nada puede justificar la ley que han elaborado, es un dispositivo más en contra de los pueblos indígenas. La misma ley es inconsistente, in-compaginable, improvisada y coyuntural. Lo que se devela es que es demasiada desesperación por imponer una carretera depredadora. Por lo tanto se develan los grandes intereses que defiende y en los que está comprometido el gobierno y el congreso cómplice.

 La algarabía de los comediantes

Los marchistas que quedan del CONISUR fueron a la Asamblea Legislativa, donde fueron recibidos con gran alboroto por los legisladores. Esta fiesta tiene su razón de ser; la ley de consulta va a ser presentada como consenso con los marchistas del CONISUR. Esto son los cuerpos del delito, cuerpos que son como la legitimidad del proyecto en cuestión. Se trata de un consenso entre una organización cocalera que no habita la TCO del TIPNIS, se trata de productores y propietarios privados de la zona de avasallamiento del parque, el polígono siete. No se entiende qué festejan los legisladores, tampoco se entiende que este consenso haya resuelto el problema y el conflicto del TIPNIS. Dejaron de lado la ley corta, el reglamento, también a las organizaciones indígenas de tierras bajas y la subcentral del TIPNIS, que representa a las sesenta y cuatro comunidades del territorio y parque Isiboro-Sécure. ¿Hay algo que festejar? Favorecen a los avasalladores del parque y descartan a los dueños del territorio. ¿Es este un consenso? ¿Dé que hablan los legisladores y su presidente del congreso cuando mencionan con aire de satisfacción la palabra consenso? ¿Qué consenso? No hay consenso con las naciones y pueblos indígenas originarios, no hay consenso con las organizaciones matrices de los pueblos indígenas, no hay consenso con el pueblo boliviano que apoyó la VIII marcha y la defensa del TIPNIS. ¿Qué creen estos legisladores y el gobierno? ¿Qué resuelven algo con este teatro político? No resuelven nada, no aprendieron la lección; vuelven a vulnerar los derechos fundamentales, la Constitución, las leyes, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos de la madre tierra.

Una pregunta es pertinente a estas alturas: ¿Es un problema de vida o muerte para el gobierno la construcción de la carretera que atravesaría el TIPNIS? No preguntamos si es un tema estratégico para el proceso; claro que lo es, pero en un sentido contrario a la interpretación del gobierno. Es urgente defender la región de mayor biodiversidad y clave en el ciclo de la reproducción del agua, es indispensable defender los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución, es primordial defender el modelo alternativo al extractivismo y la depredación. Pero, la desesperación del gobierno llama la atención. ¿Por qué se juega la vida en el conflicto del TIPNIS? Incluso entendiendo que el gobierno escogió el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, que el gobierno decidió restaurar el Estado-nación, liberal y colonial, ¿en este proyecto es tan urgente perder la cabeza por el conflicto del TIPNIS? Ya perdieron la credibilidad por la sañuda represión contra la VIII marcha indígena, perdieron la orientación y el valor ético al develar descarnadamente su utilización discursiva de la defensa de la madre tierra en su desenvuelta práctica y política extractivista y depredadora. ¿Por qué arriesgan tanto? No resolvieron problemas mayúsculos económicos, la producción de carburantes, la industrialización de los hidrocarburos, la explotación e industrialización del Mutún, siguen dominando en la minería las empresas trasnacionales; ¿Por qué no dedicar, mas bien, su compulsión política por resolver estos problemas? Incluso dentro de su perspectiva nacionalista y restauradora. No se entiende. Faltan variables para entender este contrasentido. ¿Será que es una obsesión, un capricho político al que te lleva ciegamente la confrontación? ¿O son factores que desconocemos pues conforman las regiones oscuras y opacas de las relaciones paralelas, de las políticas paralelas, de las relaciones de poder vinculadas a la economía política del chantaje?

Ya les dijo un asesor del CIDOB, Plácido Semo, ¿si están tan interesados en hacer una consulta extemporánea, porque no anulan los contratos con OAS? Un mínimo de honestidad en todo este montaje sórdido. No la hay. ¿Qué es lo que no se transparente en todo este juego perverso en torno a un territorio indígena y parque? Lo que se nota en toda esta historia, desde el periodo de los primeros avasallamientos, es que hay un peculiar interés en las organizaciones cocaleras y sus afiliados en ampliar la frontera agrícola avanzando sobre los parques y territorios indígenas. Se puede deducir que el gobierno tiene un compromiso insoslayable con su núcleo duro de apoyo. Empero esto es complicado, pues el cumplimiento de la demanda cocalera es inconstitucional y avasalladora, atentando contra los derechos de los pueblos indígenas, la Constitución y la madre tierra. Tiene un costo político grande, pues induce directamente al enfrentamiento con las organizaciones indígenas, organizaciones sociales y pueblo boliviano, como se evidenció en el conflicto del TIPNIS. ¿Vale arriesgar tanto por cubrir los intereses de un sector de la sociedad, el de los cocaleros excedentarios?

Los otros factores que salieron a flote tienen que ver con su cómplice relación con la empresa constructora OAS, el gobierno brasilero y el Banco de Desarrollo del Brasil. No se escatimaron medios para fines nunca aclarados, a no ser que se crea ese discurso desgastado del desarrollo, muy parecido a los discursos asistenciales del Cuerpo de Paz. Se transgredieron normas de contratación de bienes y servicios, fuera de violar la propia Constitución, se llegó a usar todos los medios de presión para seguir adelante, incluyendo una espantosa represión a la VIII marcha. ¿Por qué se hace esto? ¿No se miden las consecuencias? ¿Los compromisos son demasiado grandes que ya no se puede retroceder? Estas preguntas no se pueden resolver sin recurrir a una hipótesis interpretativa, la hipótesis de la presencia gravitante del diagrama de poder de la corrupción.

En la historia fatídica de las relaciones entre empresas trasnacionales y gobiernos aparece este ámbito de relaciones corrosivas, perversas, cuyas lógicas no se encuentran en las normas, aunque las utilicen. Sobreprecios, sobrevaluaciones, circuitos indebidos de dinero, adelantos, porcentajes de participación, dobles contabilidades, circuitos de influencia, comprometiendo a altos funcionarios, grandes negociados, como se dice. Este tema siempre fue objeto de acusación en otros gobiernos; lo sintomático es que vuelva a serlo ahora en este gobierno, que supuestamente lucha contra la corrupción. Las anécdotas alrededor del tema de la carretera que atraviesa el TIPNIS son alarmantes; se tiene el convenio con el gobierno brasilero ya el 2008, en un encuentro entre presidentes. Los arreglos ya venían desde hace cuatro años. Empero la anécdota más exuberante es la súbita llegada del expresidente de Brasil Lula da Silva a Santa Cruz para una reunión financiada por OAS, donde se reunieron el gobierno, el presidente de Bolivia, el expresidente de Brasil, con la CAINCO y los dirigentes de las “trillizas”, las organizaciones campesinas, en pleno conflicto del TIPNIS. Ya ni se guardan las apariencias. Se pueden seguir con las anécdotas, incluyendo a otras empresas constructoras brasileras que han incumplido con sus compromisos y se las ha exonerado de toda responsabilidad, incluyendo la devolución de las boletas de garantía. Pero no vamos a seguir adelante; lo que interesa es lo que muestran sintomáticamente estas anécdotas. Son estrechamente intimas estas relaciones con las empresas aludidas que juegan como relaciones de poder condicionante en las decisiones políticas. Por eso, la pregunta sobre quién gobierna es fundamental en el análisis de coyuntura.

Ciertamente todo proceso conlleva en sus entrañas contradicciones que estallan en determinados momentos; esto ha pasado también con este proceso de cambio. Empero lo que llama la atención es la rapidez con la que se ha presentado la crisis en el proceso, sobre todo la restauración de redes y estructuras ligadas a la economía política del chantaje, el mundo paralelo. La rapidez con la que se ha extendido. ¿El gobierno era tan vulnerable ante estos circuitos alternativos y deformantes? Tal parece que sí. Y esto se puede explicar por la desintonía entre las gestiones de gobierno (2006-2012) y la etapa de las luchas sociales (2000-2005). El gobierno es producto de las elecciones, no directamente de las insurrecciones y movilizaciones desplegadas en el periodo de luchas. Entonces tenemos un gobierno que se crea un discurso de vinculación con esta etapa, que no corresponde a la realidad; se trata de un mito de legitimación, el gobierno de los movimientos sociales. Empero este discurso no sustituye a la potencia social, lo suplanta. El gobierno no cree en los objetivos trazados por las luchas sociales, la Agenda de Octubre, es más, cree haberlos cumplido, menos cree en una Constitución descolonizadora que abole el Estado-nación y abre e horizonte del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Entonces era de esperar que el contingente gubernamental caiga rendido a la seducción de las relaciones y estructuras paralelas.

Es en este contexto que debemos descifrar esa forzada ley de consulta de la Asamblea Legislativa, es en este cuadro que debemos decodificar los contrasentidos de las actuaciones del legislativo, consensuar con los cocaleros y no con los indígenas del TIPNIS, pretender sacar una consulta extemporánea sin anular los contratos y los convenios con OAS, pretender abrogar la ley corta, a pesar de que la promulgó a pocos días. Es también en este escenario que debemos entender la algarabía de los legisladores.

La versión de la presidenta del Senado

¿La ley de consulta extemporánea y extractivista no viola la Constitución? ¿Ha entendido la Constitución la presidenta del senado? ¿Sabe lo que significa el artículo dos que reconoce el auto-gobierno y la libre determinación, la consolidación de sus territorios a los pueblos indígenas? ¿Se ha detenido a pensar sobre los derechos indígenas consagrados en la constitución? ¿Tiene idea lo que es el vivir bien, como modelo alternativo al capitalismo a la modernidad y al desarrollo? ¿Entiende que la constitución protege a los territorios indígenas y parques? ¿Se ha puesto a pensar lo que exige la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico? Sobre todo se observa que no entiende lo que quiere decir consulta previa libre e informada. Se ve que no. No les interesa entender. El poder ha tomado a toda esta gente, ha tomado sus cabezas, que ahora sirve sólo para justificar lo que hace el gobierno, comprometido con un proyecto extractivista colonial del capitalismo dependiente.

Las versiones triunfalistas de los senadores

No es una consulta es una imposición, es un dispositivo para imponer la construcción de la carretera. Ese es el interés, no los derechos de las naciones y pueblos indígenas. La desfachatez de un senador de Cochabamba llega a extremos. ¡Veinte kilómetros nada más! En esta desfachatez se muestra todo el desprecio a los pueblos indígenas, a sus territorios y a sus derechos. En toda esta aseveración desmedida e incomprensible, pues es totalmente falsa, se nota la apreciación que tienen de la madre tierra. Lo único que les interesa es ampliar la frontera agrícola y plantar coca excedentaria. Tampoco les interesa saber si el gobierno ha comprometido la soberanía del país con su compromiso con el gobierno brasilero y la empresa corrupta OAS. Esto no entra en sus cabezas. Además creen que se ha luchado durante seis años (2000-2006) para que los cocaleros sean ricos. Esa es la imagen que tienen del proceso.

Para eso son buenos, para aprobar leyes inconstitucionales, en contra de las naciones y pueblos indígenas, en contra de los territorios indígenas y parques, en contra de la madre tierra. Son buenos para restaurar el Estado-nación, liberal y colonial. Son buenos para ampliar la frontera agrícola en beneficio del mercado lícito e ilícito. Son buenos para ser los mejores servidores de los intereses de las empresas trasnacionales, de hidrocarburos, de la minería y de la construcción.

A todas luces, se trata de una consulta extemporánea, que contraviene la Constitución y los convenios internacionales, además de in-consulta y extractivistas; la consulta misma pretende ser controlada por el mismo gobierno. La desesperación gubernamental ha llegado lejos; ha desconocido la ley 180, aprobada por la Asamblea y promulgada por el mismo presidente. No hay rubor en abrogarla un poco después con una ley de consulta, sin anular los contratos con OAS y dar vuelta atrás en los dos tramos comenzados de la carretera. Toda una historia de contradicciones y de abusos en torno al TIPNIS muestran el lado oscuro del conflicto, los compromisos del gobierno con la ampliación de la frontera agrícola para el monocultivo excedentario de la hoja de coca, los compromisos del gobierno con la burguesía agrícola y los nuevos ricos en la expansión de la frontera agrícola y sobre todo los compromisos del gobierno con la empresa corrupta de OAS.

Los sustentos de la maniobra

Este hecho, la de que el CONISUR representa a los cocaleros, tanto colonizadores e indígenas del polígono siete, es una demostración clara sobre cuáles son bases sobre las que se ha montado la maniobra del gobierno en lo que respecta a la marcha del CONISUR. Creyendo poder desinformar a la opinión pública haciendo creer que los del CONISUR son parte de la TCO del TIPNIS, cuando no lo son, forman parte del polígono siete, de la zona de avasallamientos, que cuenta con títulos individuales y sus propietarios están afiliados a las federaciones cocaleras. La política del gobierno se basa en una trama de engaños, que pretenden ser astucias, y no llegan a ser sino conductas sinuosas. Gente ajena al TIPNIS pretende decidir el destino de los que habitan la TCO del territorio indígena y parque. Ahora cínicamente, la asamblea legislativa ha elaborado una ley de consulta extemporánea, con el objeto de anular la ley 80, conquista de la VIII marcha y del pueblo boliviano que apoyó la defensa del TIPNIS. Ley de consulta que ya ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa.

Personeros del gobierno dicen que sean los habitantes del TIPNIS los que decidan en una consulta si pasa o no pasa la carretera, sobre si se aplica o no la intangibilidad. Cuando se tiene aprobada la ley 180, cuando se ha acordado el reglamento que aclara el sentido de la intangibilidad. Basados en una marcha de los cocaleros del CONISUR y gente de la COR de San Ignacio de Moxos, que no pertenecen al TIPNIS. Todo esto muestra la inclinación a la improvisación, pero también a forzar las cosas. Hacer las cosas a empellones. No consultaron a las organizaciones matrices indígenas en la elaboración de la ley de consulta, consultaron a los caciques del CONISUR. Estos exabruptos no afectan para nada, no les incomoda, a personajes indolentes, que les da lo mismo decir una cosa u otra, contradecir ahora lo que dijeron ayer. No importa. Lo que importa es hacer las cosas de acuerdo a las órdenes, refugiarse en los microclimas de complicidad, donde todo vale. Se protegen entre ellos, se auto-convencen de sus propias insostenibles argumentaciones. Están con la mayoría parlamentaria y eso es lo que cuenta, están con la fuerza y eso es lo que vale.

¿Cuál es el problema de fondo en este tema de la consulta y por qué no se puede aceptar un argumento que parece convincente de que al final decidan las comunidades del TIPNIS? Primero, están anulando la ley 180, que defiende al TIPNIS e impide que la carretera atraviese el territorio y parque; segundo, que es una consulta extemporánea, sin que el gobierno haya anulado el contrato con OAS y desconocido los avances de los tramos I y III de la carretera, que es lo que debería hacer en una demostración de mínima honestidad con lo que dice hacer; tercero, un gobierno que no tiene ni palabra ni ley, que no cumple, que no tiene ética y moral, no puede sostener nada de su proyecto de ley de consulta, está llevando nuevamente a un conflicto de magnitud, sin importarle las consecuencias, sin haber aprendido ninguna de las lecciones del inmediato pasado; cuarto, ya no se puede ocultar el compromiso con OAS, el peligroso avance de los cocaleros excedentarios en territorios indígenas y parques, los compromisos no solamente con la trasnacional de la construcción sino con las trasnacionales del petróleo, tampoco se puede esconder el impacto ambiental, reconocido en un estudio que el propio gobierno ha mandado a hacer y ahora olvida. Como si no fuera poco, fueron los propios senadores quienes se encargaron de decir que se trataba de construir la carretera, en plena algarabía de comediantes cuando se presentaba el proyecto de ley de consulta. No hay donde perderse. No se puede aceptar esta impudorosa maniobra. Se debe poner coto al manoseo y manipuleo del gobierno, se deben tomar las cosas en serio y reconducir un proceso que marcha al abismo.

Versión del presidente

Dice que la ley de consulta extemporánea y extractivista cumple con la Constitución. ¿Cómo puede llegar aseverar semejante cosa? ¿No sabe acaso que la Constitución, los convenios internacionales y las leyes contravienen plenamente la inconstitucional ley de consulta que acaban de aprobar? Estos dispositivos legales, su espíritu, su filosofía, defienden los territorios indígenas, la madre tierra, el vivir bien, la consulta previa libre e informada, anterior a cualquier inicio de proyecto que atente contra sus derechos, apuntan a un modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y el desarrollo. Si el presidente no conoce la constitución estamos perdidos. El que no cumple con la Constitución es el presidente, no construye el Estado plurinacional comunitario y autonómico, como la Constitución manda; restaura el Estado-nación, liberal y colonial. No orienta la economía al modelo alternativo propuesto por la Constitución, sino opta por el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, siguiendo la ruta de los conquistadores, colonialistas, las castas dominantes de la república. No orienta una transformación integral en el sentido de la transición civilizatoria del vivir bien, prefiere repetir los vicios de la modernidad capitalista en las sociedades periféricas del sistema-mundo. Lo que se ha hecho es solamente una suplantación y una hipóstasis; se ha suplantado a los movimientos sociales por un mecanismo electoral y una compulsión electorera, se ha sustituido la Constitución por la desvergonzada práctica de sumisión a las empresas trasnacionales y dejándose llevar, como en todas las épocas anteriores, por el diagrama de poder de la corrupción. Ahora se anula sin ningún pudor la ley 180 en defensa del TIPNIS y se la sustituye por una ley de consulta extemporánea, sin anular los contratos con OAS y los tramos avanzados de la carretera. Se ha atravesado los límites mismos del cinismo, se tiene el descaro de creer que se hace creer a la gente las insostenibles justificaciones de tamaña violencia estatal.

No puede ser que tengamos un presidente que no tenga ley ni palabra, que no cumpla con las naciones y pueblos indígenas, con la VIII marcha indígena, después de haberles pedido perdón por la represión, en cuya orden estuvo involucrado junto con el autor intelectual del terror jacobino criollo-mestizo. No puede ser que tengamos un presidente que en los foros internacionales, durante el proceso constituyente, hasta la contra-cumbre de Tiquipaya haya hablado de la defensa de los derechos de la madre tierra; era sólo un discurso para impresionar en los foros, para ganar fama y nada más. No tiene vocación de defensor de la madre tierra, tiene vocación extractivista y desforestadora, impulso tanático (de muerte) correspondiente a toda élite gobernante republicana del Estado-nación subalterno. No podemos tener un presidente que impulsa la anulación de la ley corta en defensa del TIPNIS, inmediatamente después de haberla promulgado. No hay ética ni moral en esta acción. Menos podemos tener un presidente que dice que se trata de una ley de consulta que cumple con la Constitución, cuando todo el mundo sabe que se trata de una consulta extemporánea, con todos los contratos suscritos con OAS, con los tramos I y III avanzados, sin que estos se hayan anulado. Es una nueva violación a la Constitución, a los convenios internacionales, a los derechos indígenas y a los derechos de la madre tierra.

Análisis del PROYECTO DE LEY DE CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE – TIPNIS

La ley parte de un artículo que no puede sostenerse, dice que el objeto de la ley es convocar a la Consulta Previa Libre e Informada; textualmente se expresa así:

La presente ley tiene por objeto convocar al proceso de Consulta Previa Libre e Informada a los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, y establecer el contenido de este proceso y sus procedimientos.

¿Cómo pueden sostener que se trata de una consulta previa sin haber anulado el contrato con OAS? ¿Cómo se puede tener cara para escribir esto y aprobarlo cuando todo el mundo sabe que el convenio y el contrato se acordaron el 2008, que el tramo I y el tramo III ya comenzaron a efectuarse, que el tramo II forma parte continua de estos tramos, que hicieron tres tramos para eludir precisamente la obligación de la Consulta Previa Libre e informada a los pueblos indígenas que habitan la TCO del TIPNIS? ¿Cómo se puede seguir afirmando esto cuando se sabe que fue aprobado el préstamo del Banco de Desarrollo del Brasil para el financiamiento de la carretera? Todo contrasta y falsea el discurso gubernamental y de los legisladores. No puede sostenerse el primer artículo del proyecto de ley. Menos aun cuando se tiene una ley corta y su reglamento que defienden el TIPNIS. Estas incongruencias matan de inicio no sólo la lógica del proyecto, sino también su legitimidad y por lo tanto su legalidad.

El artículo 2 es sencillamente descriptivo, hace un recuento de la normativa antecedente. Empero es solamente eso, describe la norma anterior sin tomar consciencia de que entra en flagrante contradicción con toda esta normativa. Hablamos de que el derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a ser consultados está establecido en numeral 15, parágrafo II, del artículo 30 y en el artículo 352 de la Constitución Política del Estado, en la Ley Nº 1257 de 11 de julio de 1991 (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT) y en la Ley Nº 3760 de 7 de noviembre de 2007 (Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). Obviamente no menciona como antecedente la Ley corta, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente. El numeral 15 del capítulo 4, de la sección II, del Título II sobre los Derechos fundamentales establecidos en la Constitución, dice claramente cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Esto ya ocurrió hace cuatro años y los diseñadores del proyecto, los legisladores de mayoría, no se inmuta, continúan como si la realidad fuera cambiable a gusto de sus delirios y compulsiones. Toda la filosofía, la estructura, la composición y el sentido del texto del Convenio 169 de la OIT entra en total desaprobación de su proyecto de ley de consulta extemporánea. Mucho más si hablamos de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Pero, los legisladores no se avergüenzan de citar estos convenios, como si no se dieran cuenta, de las abismales contradicciones entre estos convenios y su proyecto de consulta posterior. Sin embargo, no hay que asombrarse de estos comportamientos, pues ya estamos en la etapa no sólo de la paranoia del poder de gobernantes y legisladores, sino de la total enajenación. Ya confundieron la realidad con sus propios discursos y viciosas justificaciones.

En relación de lo que acabamos de decir hay que hacer notar que el espíritu de estas normas citadas, que hacen de antecedente a la ley de consulta, están enfocadas a defender los derechos de los pueblos indígenas, el derecho al autogobierno, el derecho al territorio, a la autonomía, al ejercicio de sus gestiones de acuerdo a normas y procedimientos propio  y respetando sus instituciones. También obviamente estas normas defiende el derecho a la consulta libre previa e informada de parte de los pueblos indígenas. ¿Cuál es la relación entre los anteriores derechos y el derecho a la consulta? Ciertamente no pueden ser contradictorios, no es pensable una consulta que atente contra los derechos mencionados, por ejemplo una consulta que afecte a sus territorios, su autonomía, su autogobierno, sus instituciones, sus formas de gestión. Esto es impensable. Pero precisamente este impensable ha sido establecido en la ley de consulta del gobierno, se quiere una consulta, que además de ser extemporánea, atente contra sus territorios y derechos, en nombre nada menos que de la ilusión del desarrollo. Esta atroz contradicción ha sido aprobada por el Congreso y seguramente pretende ser promulgada por el presidente.

El Artículo 3 que trata del ámbito de la Consulta Previa Libre e Informada, define el alcance de la ley e identifica a Mojeño-Trinitarias, Chimanes y Yuracarés que habitan el territorio indígena y parque Isiboro-Sécure, a quienes se va aplicar la consulta. Llama la atención que son precisamente estos pueblos con los que no se ha acordado el proyecto de ley; el proyecto se acordó con los del CONISUR, cocaleros e indígenas, de por lo menos las comunidades incorporadas y absorbidas en el avasallamiento cocalero, zona que ahora es definida como del polígono 7. Estos indígenas también son cocaleros y propietarios privados afilados a las federaciones cocaleras. Se acuerda el proyecto de ley con los que no habitan la TCO del TIPNIS. ¿Cómo se entiende esto? Es ya un mapa de contrasentidos, sinsentidos y contradicciones. ¿Cómo se puede sostener un proyecto de ley así? No se puede sostener lógicamente sino sólo en el imaginario paranoico de legisladores y gobernantes, sólo se puede sostener por la violencia desmesurada del Estado.

Uno de los artículos más importantes es el cuarto, el relativo a la finalidad del proyecto. Vamos a detenernos en éste para analizar su escritura y normativa. El artículo en cuestión se expresa así:

Lograr un acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y los pueblos indígena originario campesinos Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré sobre los siguientes asuntos:

 Definir si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) debe ser zona intangible o no para  viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, así como la construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

 Establecer las medidas de salvaguarda para la protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, así como las destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales dentro de la línea demarcatoria del TIPNIS;

Volvemos otra vez al descaro de la exposición cuando dice lograr un acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas, precisamente los pueblos que no han participado y no han sido consultados en la elaboración de la ley; sus organizaciones matriciales han sido excluidas, estigmatizadas y reprimidas. Cómo se puede llegar a esta ironía macabra. En la historia se han dado esta clase de escenas donde la víctima tenía que soportar no solo escarnio sino la propaganda de que hay acuerdo de la víctima. ¡Sado-masoquismo! En los campos de concentración se ponía música clásica mientras se llevaba a los condenados a la cámara de gas. Los campos de concentración japonesa en la guerra de ocupación de la China continental se nombraban como “Paraísos”. Podemos seguir, no es la primera vez que este humor negro sale como parte del talento oscuro de los dominadores y verdugos. Pero continuemos, el núcleo del tema de la ley es la intangibilidad. La ley 180, la ley corta en defensa del TIPNIS, declara al territorio y parque como territorio intangible. El vicepresidente se apresuró a interpretar el sentido de lo intangible de una manera metafísica como intocable, como si fuera un territorio inmaculado. ¿De dónde sacó esto? No hay ningún antecedente al respecto en la normativa sobre lo intangible. ¿Qué clase de interpretación es esta? Habla más del intérprete que de la propia correcta interpretación, habla más de la psicología del intérprete que del objeto de la interpretación. ¿Algo intocable? Lo único intocable son los fantasmas, en este caso los fantasmas del vicepresidente. No existe ese territorio metafísico; todos los eco-sistemas son tocables, los componentes de los nichos ecológicos se tocan, los habitantes del territorio indígena se tocan. En la jurisprudencia lo intangible es para proteger a los pueblos indígenas de agentes depredadores y extractivistas. De eso se trata. Después de esta interpretación que puede entrar al anecdotario de la intrepidez descabellada, vienen las jocosas demostraciones de personeros del gobierno y también de legisladores de que el TIPNIS no había sido virgen. ¿Qué quieren decir con esto? ¡Descubrimiento de la pólvora! La Amazonia estaba habitada por cientos de pueblos, los que consideraron virgen a la amazonia fueron los censos de la republica de 1900 y 1950, haciendo desaparecer por arte de magia a los pueblos amazónicos. Esto forma parte del imaginario criollo y mestizo de los siglos XVIII, XIX y parte del XX, que no considera persona al indígena, tampoco pueblo, menos habitantes en condiciones de reproducción social. Otra forma de hacerlos desaparecer era llamarlos salvajes, cosa que volvió a hacer el dirigente máximo de la CSUTCB. El objetivo de este jocoso esfuerzo de los funcionarios era descalificar a los proyectos comunitarios del TIPNIS. Recurrieron a la técnica de la desinformación para estigmatizar los proyectos de turismo ecológico. El argumento usado es que era para millonarios. ¿Qué clase de personas son las que elucubran semejantes argumentos? Lo que se nota en todo esto es que el gobierno y los legisladores se encuentran entrampados en una guerra a muerte contra las naciones y pueblos indígenas originarios, contra sus derechos consagrados en la Constitución, contra los derechos de la madre tierra y contra la Constitución. No saben qué hacer para encubrir este velado proyecto, que probablemente de una manera no-consiente llevan adelante al optar por el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. La intención es clara cuando se dice:

Definir si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) debe ser zona intangible o no para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, así como la construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

Es posible que crean que todo lo que han hecho es un acto de astucia, sobre todo los diseñadores intelectuales del proyecto. Primero haber introducido en la ley corta la palabra intangible; segundo poner en apuros a las organizaciones indígenas con este término, a pesar de que se acordó un reglamento aclaratorio; tercero montar una marcha cocalera como si fuese de los indígenas de la TCO del TIPNIS, cuando era del polígono siete, que no forma parte de la TCO; cuarto hacer un proyecto de ley donde dicen que se resuelve el conflicto, cuando lo único que hacen es atizar nuevamente el fuego. En el mismo texto se introduce la pregunta sobre la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Es esto lo que se quiere; este es el oscuro objeto del deseo, tanto por cocaleros, por el gobierno, por OAS y el gobierno brasilero. Este es el objetivo. ¿Es astuta esta estrategia? Podemos decir que es sinuosa; para ser astuta debe controlar todas las variables, pero no lo hace, le falta contexto. Más se parece a una treta forzada cuyas consecuencias son incontrolables.

La ironía brutal continúa en el segundo párrafo:

Establecer las medidas de salvaguarda para la protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, así como las destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales dentro de la línea demarcatoria del TIPNIS;

 Habla de salvaguarda, de protección, de prohibición, de desalojo inmediato, cuando es el mismo gobierno el que se ha comprometido con una carretera depredadora, con una empresa de la construcción corrupta, con los cocaleros que avasallan, depredan y plantan coca. ¿Cómo se puede sostener esto sin ruborizarse? Se ha llegado al colmo del cinismo. Se trata de una inversión imaginaria de la relación verdugo-victima. Es como decir, traduciendo el delirio imaginario, “yo, depredador, digo que la construcción de la carretera, es lo mejor para salvaguardar y proteger el territorio y parque”. Lo increíble que esta inversión imaginaria auto-convenza a los diseñadores del proyecto, a los gobernantes y legisladores. Es la algarabía de los comediantes.

El Artículo 5 trata de los sujetos del derecho a ser consultados, vuelve a mencionar los pueblos que habitan el TIPNIS. Lo irónico es que precisamente se trata de los sujetos a los que se les ha quitado todo derecho a decidir, primero aprobando el contrato con mucha antelación, comenzando la construcción de la carretera en dos tramos, reprimiendo su marcha, desconociendo la ley conquistada, ahora imponiéndoles una consulta inconsulta que busca viabilizar a como de lugar la carretera depredadora en beneficio de las empresas trasnacionales y los cocaleros.

El artículo 6, trata de las obligaciones de los Órganos del Estado Plurinacional de Bolivia, encarga al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Agua y Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con las comunidades Mojeño-Trinitarias, Chimanes y Yuracarés, de llevar adelante el proceso de Consulta Previa Libre e Informada. Llama la atención que se excluya a las organizaciones matrices indígenas de esta responsabilidad. ¿Por qué desconocer la representación indígena? ¿Qué dirían si los bolivianos desconocemos a las representaciones y gobierno elegidos el 2009? Esta es pues una muestra de violencia y de discriminación absoluta. Lo que sigue tiene que ver con el financiamiento y la información. Brindar información detallada de manera oportuna. ¿Lo es? ¿Lo será? ¿Por qué no la brindaron antes? Todos los acuerdos opacos y velados con el gobierno brasilero y OAS, todo el tema de las sobrevaloraciones renovadas, todo el problema de la expansión inaudita de la economía política de la cocaína, sigue oculta. No parece que pueda haber transparencia en las condiciones del deterioro del gobierno a este nivel. En el numeral 4 se dice que el Órgano Ejecutivo adoptará las medidas eficaces, en consulta, coordinación y cooperación para combatir los prejuicios, eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas, y entre ellos y todos los demás sectores de la sociedad. ¿Por qué no adoptaron estas medidas contra sí mismo cuando acordaron el proyecto, cuando reprimieron sistemáticamente la VIII marcha? Tampoco lo hacen ahora cuando imponen una ley de consulta inconsulta y depredadora, que es más continuación de la violencia desatada contra las naciones y pueblos indígenas originarios y la madre tierra. No se puede esperar que lo hagan en el futuro inmediato.

El artículo 7 trata de la observación, acompañamiento e informe; el artículo 8 trata del plazo; el artículo 9 trata de las etapas del proceso; el artículo 10 trata del carácter de los acuerdos de la Consulta y el artículo 11 trata de la ejecución de los acuerdos. Se encarga al Órgano Electoral Plurinacional, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), de la observación y acompañamiento de la Consulta Previa, libre e informada, debiéndosele informar sobre el cronograma y procedimiento establecido para la consulta con una anticipación de 30 días. También se invita a los organismos internacionales a ser veedores. El plazo estipulado es de 120 días a partir de la promulgación de la ley.

Las etapas del proceso comprenden la preparación de la consulta, la instalación y desarrollo de la consulta y los resultados de la consulta. Se dice que los acuerdos logrados en el proceso son de cumplimiento obligatorio para el Estado y para los pueblos indígenas. Se dice que los acuerdos logrados, en materia legislativa o administrativa, serán ejecutados, inmediatamente después de la Consulta, por la Asamblea Legislativa Plurinacional y por el Órgano Ejecutivo.

En las etapas del proceso, en el apartado de instalación y desarrollo de la consulta, se vuelve a insistir en el tema de la intangibilidad del modo siguiente:

Consideración y definición sobre si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, es zona intangible o no, y sobre la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

 Con este tema de la intangibilidad, con la forma de tratar la intangibilidad, descartando los acuerdos e interpretaciones del reglamento de la ley 180, se elude un marco primordial, la Constitución. En la carta magna está el artículo dos de la Constitución que declara el autogobierno, la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas, también el reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales. Con esta ley se continúa con la violación sistemática de este artículo de la constitución. Se hace todo lo contrario a la consolidación de sus territorios, se los destruye. La Constitución consagra los derechos de las naciones y pueblos indígenas, pisoteados ahora por un gobierno restaurador y extractivista. La Constitución ratifica los convenios internacionales como ley, la Constitución exige la consulta libre previa e informada, cosa que no garantiza esta ley que impone una consulta extemporánea, cuando ya el burro salió de la tranca.

En conclusión, nos encontramos ante un nuevo dispositivo normativo inconstitucional, de la misma manera y forma como las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa y promulgadas por el presidente lo son. El gobierno, su Asamblea Legislativa, los órganos de poder que controla, forman parte de la logística de una estrategia condicionada y determinada por relaciones y estructuras de poder, que escapan al control del Estado por las propias limitaciones del gobierno y de la Asamblea Legislativa. Está en curso la expansión del modelo extractivista, está en curso la ampliación de la frontera agrícola, en contra de los territorios indígenas, parques y la madre tierra, está en curso la restauración del Estado-nación, liberal y colonial, en contra del mandato constitucional de construir un Estado plurinacional comunitario y autonómico. Esta es la decisión tomada; la ley de consulta inconsulta y depredadora, además de extemporánea, es un dispositivo más en este engranaje entreguista y extractivista.

Consideraciones sobre la Consulta y consentimiento libre e informado

En un artículo sobre la Consulta y consentimiento previo libre e informado, Bartolomé Clavero describe las condiciones, características y determinaciones de la consulta en cuestión, dice que:

La consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas que obliga a los Estados a celebrar consultas con estos pueblos en función de razones especiales que atañen solo a los pueblos indígenas y tribales ya que está vinculada con el derecho a la identidad y la integridad cultural, el derecho a conservar las propias instituciones, usos y costumbres, el derecho al territorio y los recursos y el derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo, entre otros. Asimismo la consulta previa significa una obligación del Estado desde el momento que el Convenio OIT-169 se ratificó y se incorporó plenamente al ordenamiento jurídico nacional con rango constitucional. Es un deber del Estado y un derecho de los pueblos indígenas. Es entonces un derecho amparado por las garantías constitucionales y cuya omisión o realización inadecuada conlleva invalidez de la norma o el acto administrativo.

 La consulta previa es un proceso previsto para hacer efectivo el derecho a la participación de los pueblos indígenas en todos los asuntos que puedan afectar a sus personas, a sus bienes o a sus derechos individuales y colectivos. Se trata de una consulta independiente de otras a los que los ciudadanos indígenas puedan tener derecho como ciudadanos (participación en consultas para estudios de impacto ambiental, etc.). Introduce una nueva etapa en el proceso de formación de la ley u acto administrativo y exige cambios en las normas que regulan el funcionamiento de los diferentes poderes del Estado.

 La consulta se tiene que hacer siempre en relación con el derecho de participación. Otro principio fundamental del Convenio n. 169. Consulta y Participación son principios fundamentales del Convenio que deben contemplarse siempre conjuntamente. Para garantizar un proceso de consulta acorde con el derecho internacional tenemos que realizar dicha consulta teniendo en cuenta los siguientes principios: buena fe; Igualdad de oportunidades; Información previa, oportuna y adecuada; Veracidad de la información; Integralidad de los aspectos y temas a someter bajo el proceso de consulta; Oportunidad; Participación; Transparencia; territorialidad; autonomía y representatividad a través de las instituciones propias; localidad y accesibilidad al lugar de celebración de la consulta; legalidad y obligatoriedad de la consulta; jerarquía; el principio de responsabilidad por la mala fe; y la libertad[19].

Como se puede ver, la consulta y el consentimiento previo libre e informado comprenden toda una predisposición normativa, todo un condicionamiento de valores y de principios, que exigen a su vez responsabilidades por parte del Estado. No sólo se trata de que sea de cumplimiento obligatorio a los estados que han suscrito el Convenio 169 de la OIT, sino que tienen que también asumir las formas, los contenidos y as metodologías prescritas. No se trata de improvisar cualquier consulta, alguna que se le puede ocurrir al gobierno, sino que debe ser riguroso en cumplir con las condiciones y características establecidas. Los principios no están para adornar la exposición de la consulta, sino que los principios hacen a la consulta. Si no se siguen estos principios, no hay consulta. Entonces la consulta y consentimiento previo libre e informado es una estructura y composición normativa que no puede disociarse al antojo, debe efectuarse preservando la integridad de lo que hace a la norma y al cumplimiento de la norma. Este es el tema de fondo. Se hace una consulta cuando se cumplen todos estos requisitos. No se trata de poner un nombre, por ejemplo consulta, a una ley, para que esta sea por arte de magia una consulta previa libre e informada. Se trata de mantener el concepto, la estructura del concepto, en la exposición y en la aplicación. No se ve nada de esto en el texto de la Ley de consulta del gobierno. Se nota una evidente improvisación y desconexión con el sentido y el concepto de la consulta y consentimiento libre previo e informado. Una evidente desconexión con el Convenio 169 de la OIT. Por ejemplo no cumple con ninguno de los principios establecidos en el Convenio.

Otro aspecto importantísimo es lo que respecta al significado mismo de lo que quiere decir consulta previa libre e informada. Bartolomé Clavero también nos deja una clara interpretación del conjunto significativo de la consulta; dice:

Para entender correctamente el CLPI (Consentimiento Libre Previo e Informado) tenemos que asumir el significado de cada uno de los elementos que la conforman: Consentimiento significa la manifestación de un acuerdo claro y convincente, de acuerdo con las estructuras para la toma de decisiones de los Pueblos Indígenas en cuestión, lo que incluye los procesos tradicionales de deliberación. Estos acuerdos deben contar con la participación plena de los líderes autorizados, los representantes o las instituciones responsables de la toma de decisiones que hayan determinado los mismos Pueblos Indígenas. Libre significa la ausencia de coacción y de presiones exteriores, entre ellas los incentivos monetarios (a menos que formen parte de un acuerdo mutuo final) y las tácticas de “dividir para conquistar”. Significa también la ausencia de cualquier tipo de amenaza o de represalias implícitas si la decisión final es un “no”. Previo significa que se permite tiempo suficiente para la recopilación de información y para el pleno debate, lo que incluye la traducción a los idiomas tradicionales antes de que se inicie el proyecto. No deberá existir ninguna presión para tomar la decisión con prisa, ni ninguna limitación temporal. Ningún plan o proyecto podrá comenzar antes de que este proceso haya concluido por completo y el acuerdo se haya perfeccionado. Informado significa la disponibilidad de toda la información relevante, en la cual se reflejan todas las opiniones y puntos de vista, incluyendo las aportaciones de los ancianos tradicionales, los guías espirituales, los practicantes de la economía de subsistencia y los poseedores de conocimientos tradicionales, con tiempo y recursos adecuados para poder considerar la información imparcial y equilibrada acerca de los riesgos y beneficios potenciales.

Para efectuar una Consulta previa libre e informada se debe mantener y ser consecuentes con los significados inherentes al concepto. Lo que quieren decir consentimiento, previo, libre, informado, debe mantenerse en la ley, en su interpretación y aplicación. En este tema es precisamente donde se aparta abismalmente la ley de consulta del gobierno; no hay un acuerdo claro y convincente, no hay ausencia de coacción y de presiones exteriores, no se cumple con el requisito de que ningún plan o proyecto podrá comenzar antes de que este proceso haya concluido por completo y el acuerdo se haya perfeccionado, no hay la disponibilidad de toda la información relevante incluyendo la opinión de los guías espirituales. En otras palabras, en la ley de consulta del gobierno se han perdido todos los significados del consentimiento, de libre, de previo e de informado. Se han introducido criterios al antojo de los diseñadores de esta ley, adecuadas a las exigencias del gobierno. Esta es otra de las razones por las que no se puede hablar de ley de consulta; no lo es. Es una ley que impone dos preguntas, una sobre la intangibilidad y otra sobre la carretera. No es una consulta libre previa e informada, como ejercicio del derecho de los pueblos indígenas, tal como establece el Convenio 169; es un cuestionario del gobierno, que hace el gobierno a los pueblos indígenas, sin cumplir con las condiciones iniciales de una consulta. Es un cuestionario de preguntas que le preocupan al gobierno, no a los pueblos indígenas. No todo cuestionario es una consulta. Es esta una de las confusiones que debe aclararse.

Existe una jurisprudencia sobre el consentimiento libre previo e informado, uno de esos antecedentes tiene que ver con el abordaje que hace al respecto la OIT. Bartolomé Clavero hace la referencia a esta jurisprudencia; escribe:

Dentro de la OIT podemos destacar las observaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones en los casos de Bolivia (año 2000, 2004 Y 2005) y Paraguay 2008. Extrapolando las argumentaciones más importantes sobre el derecho de consulta podemos decir que la consulta previa debe darse respecto de cualquier tipo de actividad, que pudiera realizarse en territorio indígena. La consulta es obligatoria cuando el Estado prevé realizar actividades en tierras o territorios indígenas incluso no titulados. La consulta debe darse antes de cualquier acto administrativo, previo a la autorización de cualquier actividad de exploración y explotación. La consulta previa debe ser hecha necesariamente por el Estado. La consulta constituye un proceso y no un acto informativo, con un tipo de procedimiento y con la finalidad de llegar a un acuerdo con los pueblos afectados. La consulta genera el establecimiento de un diálogo genuino entre ambas partes caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y la buena fe, con el deseo sincero de llegar a un acuerdo común.

 La relevancia que la OIT otorga al derecho de consulta previa de los pueblos indígenas ha generado la realización de una Observación General sobre el Convenio No. 169 de la OIT, la cual introduce referencias importantes al derecho de consulta previa. La Comisión que realizó la Observación General no puede sino subrayar la importancia que tiene garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus prioridades de desarrollo a través de consultas significativas y eficaces y la participación de esos pueblos en todas las etapas del proceso de desarrollo, especialmente cuando se debaten y deciden los modelos y prioridades de desarrollo. En relación a las consultas, la Comisión toma nota de dos desafíos fundamentales: Garantizar que se realicen consultas apropiadas antes de adoptar todas las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a pueblos indígenas y tribales; e incluir disposiciones en la legislación que requieran consultas previas como parte del proceso en el que se determina si se otorgarán concesiones para la explotación y exploración de recursos naturales. La forma y el contenido de los procedimientos y mecanismos de consulta tienen que permitir la plena expresión – con suficiente antelación y sobre la base del entendimiento pleno de las cuestiones planteadas – de las opiniones de los pueblos interesados a fin de que puedan influir en los resultados y se pueda lograr un consenso, y para que estas consultas se lleven a cabo de una manera que resulte aceptable para todas las partes. Si se cumplen estos requisitos, las consultas pueden ser un instrumento de diálogo auténtico, de cohesión social y desempeñar un papel decisivo en la prevención y resolución de conflictos.

 Se puede ver también que hay toda una historia en la construcción de sentido del consentimiento previo libre e informado, hay todo un trabajo sistemático en la elaboración de estos procedimientos y su propia interpretación. Por lo tanto hay un saber sobre la consulta y el consentimiento, un saber construido y acumulado a partir de dos prácticas. Una, la relativa a las trayectorias de las luchas de los pueblos indígenas, que se han concentrado sobre la demanda de reivindicaciones que tienen que ver con la recuperación de sus territorios, la búsqueda de la autonomía, el autogobierno y la libre determinación, el derechos a sus culturas, sus prácticas y sus instituciones, y un poco más tarde por el reconocimiento de la interculturalidad y la condición plurinacional. Otra, por el trabajo de investigación, de observación de los conflictos en torno a las problemáticas indígenas, incorporación de demandas, traducción de estas demandas en propuestas de normas y leyes. Este segundo eje ha sido recogido por oficinas y unidades especializadas de Naciones Unidas en temas indígenas. Es de estos organismos de donde sale el Convenio 169 y después la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, después de largas series de borradores, incluso normas más específicas, conferencias, talleres y reuniones. Se puede decir que hablamos de instrumentos normativos internacionales de larga experiencia y memorias. Cuando los estados firmas estos convenios internacionales y los incorporan a sus constituciones y normativas, implícitamente asumen los contenidos, significaciones e interpretaciones de estas normas internacionales.

Este es el tema, no se puede eludir ni total ni parcialmente la integralidad de estos convenios; si se lo hace se están contraviniendo compromisos con la comunidad internacional. Hay por lo tanto temas y tópicos en los que los estados no pueden hacer lo que quieran, de una manera independiente de sus responsabilidades asumidas. Los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas son dos de estos tópicos. Esta es otra razón por la que el gobierno no puede elaborar cualquier ley de consulta que no contenga la integralidad de las condicionantes y determinantes de lo acordado en los convenios internacionales. La ley de consulta del gobierno al desvincularse de todos estos significados, interpretaciones, procedimientos, que forman parte de un proceso de consulta, contraviene los convenios internacionales que ha afirmado. No estamos entonces ante una ley de consulta internacionalmente reconocida.

En las conclusiones Bartolomé Clavero resalta la obligatoriedad de los estados del cumplimiento de estos convenios internacionales sobre pueblos indígenas. El no cumplirlos sitúa la actuación de estos estados en territorios indígenas en la ilegalidad. Por lo tanto los estados que contravienen los convenios internacionales convierten a sus actuaciones en territorios indígenas en ilegales. La ley de consulta del gobierno, que contraviene los convenios internacionales ha convertido la actuación del gobierno en el TIPNIS en ilegal.

Los derechos de consulta y CLPI se encuentran plenamente fundamentados en el derecho internacional de los derechos humanos y se integran en diferentes marcos normativos y jurisdiccionales que establecen obligaciones directas para los Estados. Especialmente para todos aquellos que han ratificado el Convenio No. 169 de la OIT y/o que han reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los Estados tienen a su alcance herramientas suficientes para concretar las formas en las que debe reconocerse y aplicarse estos derechos gracias al desarrollo que se ha producido en diferentes mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. La aplicación de estos derechos significa una obligación irrenunciable para los Estados en cuanto que actúan como garantía para la supervivencia de los pueblos indígenas y para la protección de sus derechos humanos. La no aplicación de estos derechos por cualquier instancia jurídica o administrativa de un Estado establece responsabilidades claras de ese Estado por la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y sitúa en la ilegalidad cualquier actuación que se realice dentro de territorios indígenas.

Una consulta inconsulta, sin consentimiento, ni previa, tampoco libre e informada

La pegunta que tenemos que hacernos a la altura del renovado conflicto del TIPNIS es: ¿Qué hay detrás de la imposición de una consulta sin consentimiento, sin ser previa, tampoco libre y menos informada a los pueblos indígenas del TIPNIS? Esta condición impuesta de la ley de consulta extemporánea está claro para todo buen entendedor, empero los publicistas y propagandistas del gobierno hacen denodados esfuerzos por demostrar lo contrario. Al final sus pueriles argumentos se reducen a decir que una consulta es una consulta, cualquiera sea esta. Nunca respondieron a la observación de que es extemporánea porque los acuerdos y el convenio con el gobierno de Brasil se plasmaron el 2008, incluyendo el diseño de la carretera, el compromiso de préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil y la elección fuera de toda norma de contratación de bienes y servicios de la empresa constructora OAS. Menos se puede pedirles a esto apologistas de la violación de la Constitución y los convenios internacionales sobre pueblos indígenas, por qué no se acordó el consentimiento, por qué no se efectuó libremente, con plena participación de los pueblos indígenas, y por qué no se informó como corresponde, transparentemente, dando pleno acceso a toda la información, en las lenguas propias y contando con la intervención de las organizaciones y las dirigencias matrices de los pueblos indígenas. Esto no se puede pedir a gente que esta obcecada en hacer propaganda de una consulta inconsulta, extemporánea, y para el colmo extractivista por los compromisos con la ampliación de la frontera agrícola para el monocultivo de la coca excedentaria, además de los compromisos de una carretera que forma parte del IIRSA, es decir del proyecto de integración económica y comercial para Sud América de la burguesía internacionalizada brasilera, que ciertamente va a provocar depredación y destrucción de la región más rica en biodiversidad de Bolivia y corazón del ciclo de agua en el centro de la geografía política, articulado ecosistemas diversos colindantes.

Renunciemos a discutir con apologistas del delito de inconstitucionalidad. Concentrémonos en la pregunta ¿qué hay detrás de todo esto? Del sinuoso comportamiento del gobierno en torno al conflicto del TIPNIS. Se llega a un acuerdo cuatro años antes sobre la carretera, cuando estalla el conflicto, se busca descalificar por todos los medios a la VIII marcha indígena, con toda clase de improperios y acusaciones insostenibles a los dirigentes indígenas, después se reprime la macha pacifica con la mayor desproporción y desborde de violencia, sin respetar los derechos fundamentales. Cuando llega la marcha a La Paz y es recibida por un millón de ciudadanos, organizaciones sociales, juntas de vecinos, la COB y la Universidad Mayor de San Andrés, el gobierno se ve obligado a recular, y el presidente se compromete a una ley en defensa del TIPNIS, que aprueba la Asamblea Legislativa y promulga el propio presidente. Una vez hecho esto salen voces que hacen una interpretación metafísica del concepto de intangibilidad, como si expresase la condición inmaculada e intocable por los propios indígenas y los ciclos vitales de los nichos ecológicos, desentendiéndose de toda jurisprudencia de la intangibilidad. El presidente y el gobierno, además de otras entidades del Estado inician una contra-campaña contra la propia ley corta promulgada, azuzando a las organizaciones afines, a los diputados oficialistas y gobernadores a plantear la abrogación de la ley. Después organiza el gobierno una marcha oficialista de los cocaleros del CONISUR, afiliados a las federaciones cocalera, propietarios privados y cultivadores de coca, incluyendo a los indígenas yuracares absorbidos a los sindicatos y al mercado de la coca. Con la llegada a La Paz de una marcha desolada, desacreditada, sin apoyo de la gente, el gobierno lleva a cabo su plan, el insistir en la legalización de la carretera depredadora por medio de procedimientos forzados. Se orienta ya no por la abrogación de la ley corta, que ya resultaba una medida excesiva por el descaro y la contradicción descarnada del gobierno, sino por inventarse una modalidad de consulta inconstitucional y fuera de la estructura conceptual de los convenios internacionales.  Diríamos, se trata de un cuestionario del gobierno que introduce dos preguntas que le interesan, sobre la condición de intangibilidad y sobre la carretera que cruza el TINIS.

Respuestas a la pregunta

Hipótesis de interpretación

Iremos en la interpretación de los hechos y acontecimientos de lo general a lo particular.

Las contradicciones profundas del proceso contraponen las gestiones del gobierno (2006-2012) al ciclo de movimientos sociales del 2000 al 2005. Las gestiones son conservadoras en relación a la apertura de las luchas sociales, las que proponen la Agenda de Octubre. Se inicia el proceso de nacionalización, empro nunca se lo concluye, es más, se definen contratos de operaciones que entregan el control técnico otra vez las empresa trasnacionales del petróleo. Se convoca formalmente desde el Congreso a la Asamblea Constituyente imponiendo una ley que pone límites al poder constituyente y convierte a la Asamblea constituyente en diferida, atacando su condición de originaria, además de sobrevalorar la representación de las minorías e introducir los 2/3 como aritmética de las decisiones de la Asamblea. Empero, de todas maneras, se cumple parcialmente la Agenda de Octubre. Lo que ocurre en la segunda gestión se contrapone a la primera gestión de gobierno; si en la primera se intenta cumplir con el mandato popular, en la segunda el gobierno se enfrenta al pueblo con la medida de shock del gasolinazo y se enfrenta a las naciones y pueblos indígenas con sus compromisos inconstitucionales, depredadores y extractivistas en relación a la carretera que atravesaría el TIPNIS.

Una vez aprobada y promulgada la Constitución el gobierno la convierte en un texto de propaganda y de vitrina, pero no para su aplicación; en vez de realizar las transformaciones estructurales e institucionales requiere la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, opta por la restauración del Estado-nación, liberal y colonial. De este modo, en vez de encaminarse a la transición hacia el vivir bien como proyecto alternativo al capitalismo, a la modernidad y el desarrollo, como establecen las resoluciones de Tiquipaya, se encarrila en el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente.

Una vez derrotada la derecha tradicional en Pando, después de los acontecimientos del Porvenir, el gobierno incursiona en nuevas alianzas que conducen a la recomposición de la burguesía, añadiéndole la participación de los nuevos ricos. Se convierte con estas nuevas alianzas en un gobierno que administra los intereses de la burguesía, los nuevos ricos, los banqueros, los terratenientes, los soyeros y los del monocultivo de la hoja de coca excedentaria, además de supeditarse a los intereses de las empresas trasnacionales.

En este contexto, el conflicto del TIPNIS manifiesta patentemente el carácter del gobierno en relación a la madre tierra, a la crisis ecológica, a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Opta por la ampliación de la frontera agrícola, por la desforestación y la depredación, transfiriendo los costos del extractivismo y de la ilusión del desarrollo a la naturaleza, empujado por los intereses del monocultivo de la hoja de coca excedentaria, por los compromisos con el gobierno brasilero y OAS, por los intereses de la burguesía agraria, agro-industrial y soyera, y por los terratenientes, renunciando a la reforma agraria y atacando a los territorios indígenas.

[1] Ahora se ha adjudicado una empresa china el proyecto, en medio de denuncias de corrupción.

[2] Unidad de investigación sobre biodiversidad de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

[3] Los reales regantes, desplazados por la maniobra montada del MAS cuando se eligió a sus supuestos nuevos representantes, que no son otra cosa que loteadores. Esta suplantación aviesa fue avalada por el Vicepresidente. Los verdaderos regantes, los históricos regantes ligados a la Guerra del Agua, quedaron marginados. Hablamos entonces delos históricos regantes, los luchadores y defensores de las formas comunitarias de administración y gestión del agua.

[4] Bolpress; 3 de septiembre 2011.

[5] Bolpress.

[6] Mayari Castillo y Anahí Durand: Movimiento cocalero, política y representación: los casos boliviano y peruano. Edición de Fernando García, FLACSO 2008, Quito.

[7] Revisar el libro de Alison Spedding Kawsachun Coca. Economía campesina cocalera en los Yungas y el Chapare. PIEB 204. La Paz.  

[8] Bolpress.

[9] Bolpress.

[10] Bolpress.

[11] La frase aparece en la obra de Shakespeare La Tempestad, Marx, la retoma para caracterizar metafóricamente a la modernidad.

[12] Marshall Berman: Todo lo sólido se desvanece en el aire. Siglo XXI 1994; México.

[13] Adorno y Horkheimer: Dialéctica del iluminismo; Trota, Madrid.

[14] Ver de Zavaleta Mercado Lo nacional-popular en Bolivia; Amigos del Libro; La Paz. También de Bolívar Echeverría Crítica de la modernidad capitalista; Vicepresidencia del Estado Plurinacional 2011; La Paz.

[15] Revisar de Partha Chatterjee La nación entiempo heterogéneo. Siglo XXI-CLACSO 2008; Buenos Aires.

[16] Roger Bartra ha realizado estudios antropológicos sobre la identidad mexicana; en tanto que Armando Bartra ha realizado estudios sobre las problemáticas que envuelven al mundo campesino e indígena, en parte rescatando sus luchas por la reforma agraria, en parte recuperando la condición de comunidad, pero también mostrando las formas de subsunción formal del trabajo al capital en la que están involucrados sus circuitos.

[17] Revisar de Alison Spedding Kawsachun coca. Economía campesina cocalera en los Yungas y el Chapare. PIEB 2004; La paz.

[18] José Luis VEGA CARBALLO dice que: Se entiende por manipulación un ejercicio velado, sinuoso y abusivo del poder. Revisar Manipulación, del citado autor; Comunidades.

[19] Bartolomé Clavero: Consulta y consentimiento previo libre e informado a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.

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