Por Marielle Cauthin

Productos sudamericanos altamente cotizados en los mercados internacionales, como la carne bovina, la soya (soja), el maíz o el aceite de palma, están provocando un gran avance de la deforestación sobre los bosques de la región con el fin de convertirlos en cultivos o pasturas. De hecho, un tercio de la deforestación mundial está vinculada al comercio internacional, lo que está llevando a un punto crítico a los bosques y la biodiversidad.

A nivel mundial los últimos 30 años se han deforestado 420 millones de hectáreas (Mha) de bosques y el cambio de uso de suelos para actividades agrícola-pecuarias es responsable del 90 % de esta pérdida: tierras de cultivo para cereales (52,3 %) y ganadería (37,5 %). En Sudamérica la relación es inversa: el 70 % de la pérdida de bosques es para conversión a pasturas para ganado bovino y 20 % para agricultura, sobre todo para cultivos de soya (FAO, 2020; 2021). Hay que subrayar que la región alberga a los principales países productores y exportadores mundiales de agrocommodities (materias primas agropecuarias), que al mismo tiempo son los que han perdido mayor cantidad de bosques, como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay; y de forma acelerada los últimos años Bolivia, Perú y Colombia.

El paulatino avance de la frontera agropecuaria en los bosques tropicales del continente ha provocado -entre 2013 a 2019- la deforestación de 33,9 Mha de bosques, de las que 26 Mha fueron usadas para la agricultura comercial. Al menos el 88 % de esta agro-conversión de bosque fue ilegal, y lo producido en al menos 6,2 Mha fue exportado a Asia, principalmente China; África, principalmente Egipto; Europa, Estados Unidos, Rusia, entre otros (Dummett; Blundell, 2021). A este proceso comercial se le llama deforestación exportada, pues afirma que gran parte del comercio mundial del agronegocio está directamente vinculado a la pérdida masiva de bosques talados de forma legal e ilegal (Karsenty, 2022).

A esto se suma que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC, 2017) estima que el 23 % de las emisiones antropogénicas totales de Gases de Efecto Invernadero (2007-2016) proceden de la agricultura y otros usos de la tierra: 11 % de las emisiones provienen principalmente de la deforestación y 12 % proceden de la producción agrícola, como el ganado y los fertilizantes. Cabe decir con esto que toda la cadena productiva y comercial de los llamados agrocommodities está acusada de: 1) provocar y producir grandes pasivos en la huella ambiental; y 2) no poseer cláusulas ambientales y mucho menos compromisos de deforestación cero.

Tanto los productores locales que exportan materias primas, las empresas que los comercializan y los países consumidores que importan commodities tienen responsabilidad en los impactos que está provocando este modelo de producción. Ante esto, urge pensar medidas para transformar las cadenas de suministros agrícolas y pecuarios que se vinculan con la deforestación para detener y revertir la pérdida de bosques y su degradación.

Con mucha presión desde la sociedad civil, la Unión Europea (EU) –que en 2017 fue responsable del 16 % de la deforestación tropical importada, según organizaciones ambientalistas- quiere dar un primer paso y actualmente debate un reglamento que tiene el objetivo de reducir al mínimo el consumo de productos como el ganado bovino, soya, cacao, café, aceite de palma y madera procedentes de cadenas de suministro asociadas a la deforestación o a la degradación forestal, y solo permitir el comercio de productos legales “libres de deforestación”.

Deforestar para exportar

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2021) afirma que entre 1990 y 2020 a nivel mundial se perdieron 420 millones de hectáreas (Mha) de bosques producto de la deforestación. En el último quinquenio (2015 – 2020), la tasa anual de deforestación mundial se estimó en aproximadamente 10 millones de ha, mientras que la expansión de bosques apenas alcanza a recuperarse en 50 % y no por procesos de reforestación si no por regeneración natural en un 93 %.

De las 420 Mha de bosques perdidos, la expansión agrícola es la causante del 90 %, según los resultados iniciales de un estudio mundial por teledetección de la misma FAO (2021). Esto significa que más de la mitad de las pérdidas de bosque se debe a su conversión en tierras de cultivo (52,3 %), mientras que casi el 37,5 % de esas pérdidas corresponde a la ganadería. El resto de la deforestación mundial está vinculada al desarrollo de infraestructura urbana (5,6 %) y otros usos (4,6 %).

A nivel de Sudamérica, la deforestación ligada a tierras para pasturas de ganado bovino causó casi el 70 % de la tala, mientras la deforestación para tierras de cultivo sería responsable de más del 20 % (FAO, 2021). Concordante con esto, según una nueva declaración del Parlamento Europeo, el factor que más influye en la deforestación y la degradación forestal en América Latina es la ampliación de la frontera agrícola pecuaria para obtener “materias primas relevantes”,como ganado bovino, madera, aceite de palma, soya, cacao y café; todas materias primas altamente demandadas en el mercado internacional y que no necesariamente requieren procesamiento ni fabricación con alta tecnología (Svampa, 2013), pero cuyo nivel de explotación y extracción a gran escala tiene un alto impacto en su entorno ambiental y social, que se profundiza con el tiempo.

En Latinoamérica y el Caribe (LAC), Brasil encabeza las tasas de pérdida de bosque con 20,4 Mha de deforestación acumulada, cifra que coloca a la región como el mayor deforestador mundial para la agricultura y pecuaria comercial; le sigue Asia – Pacífico con Indonesia con 10,6 Mha deforestadas acumuladas también destinadas a la producción de commodities; en África sobresale la República Democrática del Congo (RDC) con 8,1 Mha deforestadas, sin embargo la mayoría de esa deforestación no se dirige a la agroconversión comercial. Estos tres países en conjunto representan el 51 % de toda la pérdida de bosques tropicales (2013 y 2019), según datos de Dummett y Blundell (2021).

Deforestación ilegal

La deforestación ilegal es la tala de bosques que viola el marco legal de un país. Estas violaciones pueden abarcar: irregularidades para acceder a licencias (por ejemplo, no contar con permisos de propietarios de las tierras, no realizar estudios de impacto ambiental, autorizaciones corruptas y fraudulentas, evadir multas o negociar amnistías o “perdonazos”, no ejecutar compensaciones de reforestación o no hacer pagos impositivos u otros, etc.); la magnitud de tala de bosques (sobreexplotación, avanzar fuera de límites, afectar zonas hídricas o con biodiversidad sensible, endémica, en riesgo o con algún tipo de protección, etc.); e incumplimientos del derecho internacional o el derecho consuetudinario (derechos culturales, ambientales, laborales, etc.) si están integrados en la legislación nacional.

Cabe recordar que entre 2000 a 2012 casi la mitad de toda la deforestación ilegal en los bosques tropicales fue para producir commodities agrícolas, la mitad de esa producción –conocida como agro-conversión- tuvo como destino la exportación (Forest Trends, 2014). Otro dato es que la deforestación ilegal se habría incrementado en 28 % las dos últimas décadas. A nivel de bosques tropicales, entre 2013 a 2019 fueron deforestadas 77 Mha, de las que 46,1 Mha (60 %) se destinaron a agro-conversión. De este total, 32 Mha se deforestaron ilegalmente, lo que representa el 69 % de la agricultura comercial (Dummett; Blundell, 2021).

En América Latina, se estima que al menos el 88 % (23 Mha) de la agro-conversión o cambio de uso de suelo fue ilegal. El 24% (6 Mha) de la producción vinculada a agro-conversión para commodities fue exportada, con un alto riesgo de involucrar mercancías producidas en bosques deforestados ilegalmente. Siguiendo los datos analizados por Dummett y Blundell (2021), la región está considerada como la zona continental con mayor emergencia de deforestación provocada por el agronegocio, pues sus indicadores de deforestación ilegal que llegan casi al 90 % están muy por encima de África, que tendría un porcentaje de deforestación ilegal de 66 %, y Asia cuyas tasas de deforestación fuera de la ley estarían por el 41 %.

Es muy posible que estos datos sobre deforestación ilegal sean mayores, pues muchos países o no cuentan con datos actualizados, con metodología de datos cruzados o finalmente no realizan auditorías forestales exhaustivas. Varios estudios coinciden en que factores como débil gobernabilidad, clientelismo político, ausencia de gobernanza forestal y corrupción generalizada inciden en la falta de evidencia de estándares de legalidad e ilegalidad forestal.

Por otra parte, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) producto de la agroconversión ilegal representan al menos el 41 % de todas las emisiones de la deforestación tropical (Forest Trends, 2021). En ese camino, el cambio de uso de suelo ilegal para cultivar materias primas agropecuarias (agroconversión) posiblemente haya emitido 2,7 gigatoneladas (Gt) de dióxido de carbono equivalente (CO2 eq) anualmente, al menos la última década. Estas emisiones sitúan a América Latina como el mayor productor de GEI debido a la agro-conversión con 13,7 Gt CO2 eq por pérdida de cobertura arbórea (GFW, 2020). En la región los indicadores se incrementaron debido a la pérdida de bosque producto de los megaincendios forestales de los últimos años ocurridos en Brasil en mayor medida, pero también en Bolivia, Paraguay y Argentina.

El matrimonio de la soya y la carne

Una selección de los principales comerciantes de agrocommodities deja ver que a nivel latinoamericano los bosques son desplazados para cultivos de soya y ganadería en Brasil, Argentina y Paraguay. Bolivia figura en cuarto lugar con soya que deforesta y México con ganadería que deforesta. La extracción de aceite de palma en Perú, así como los cultivos de maíz en Argentina, siguen en importancia. Cabe destacar que desde 2019 Bolivia comenzó a exportar carne bovina a China y actualmente el país destina más del 85 % de su producción a ese país; este boom de exportación está relacionado con los megaincendios forestales de los últimos tres años, ocurridos precisamente en bosques que circundan tierras privadas dedicadas al agronegocio en Santa Cruz (Cauthin, 2021).

Más allá de la región, la deforestación ilegal rastreable y auditada en 23 países con bosques tropicales estaría vinculada a la ampliación de cultivos de soya (93 % de la agro-conversión), cacao (93 %) y productos ganaderos (carne bovina con 81 % y cuero con 87 %). La producción de aceite de palma ilegal llega al 59 % pero posiblemente sea mayor. Otros commodities como el café, el maíz y el caucho presentan también índices de crecimiento en zonas no tradicionales (Forest Trends, 2019).

El rastreo a los principales compradores de commodities agrícolas pecuarios que proceden de países con bosques tropicales indica que, en el caso de la soya, los mayores compradores provienen de Asia y Europa: China por sobre toda la demanda mundial, luego la Unión Europea, después Tailandia, Corea e Indonesia, en los cinco primeros puestos. En el caso de la carne los mayores demandantes son Asia, con China que demanda más que cualquier otro país, luego viene Estados Unidos, Egipto y Hong Kong; en tercera línea: Emiratos Árabes, Chile y la Unión Europea.

Según la Comisión Europea (2021), seis materias primas representan el mayor porcentaje de la deforestación impulsada por la misma Unión Europea: aceite de palma (33,95 %), soya (32,83 %), madera (8,62 %), cacao (7,54 %), café (7,01 %) y carne vacuna (5,01 %) (Pendrill F.; Persson U.; Kastner T., 2020). Fatheuer (2021) estima que la deforestación mundial atribuible al comercio con la Unión Europea entre 2005 – 2017 fue de 285 mil ha/año: 89 mil producidas por la industria de la soya para alimentación de ganado, 27.700 para producción de carne bovina y 169.000 por otros factores.

Esta información confirma que en América Latina y el Caribe productos como la carne bovina, la soya, el maíz y el aceite de palma están fomentando un mayor avance sobre los bosques, y en el caso de la ganadería con un acentuado sistema de producción insostenible (Fatheuer, 2021). Siguiendo el análisis cruzado de Dummett y Blundell (2021) entre bosque tropical perdido por agricultura comercial y su destino, junto a calidad y confiabilidad de datos nacionales sobre tala ilegal; resulta que en la región, Brasil es el país que al tiempo de haber deforestado más también tiene una alta disponibilidad de datos confiables sobre el tema, lo que permite confirmar que entre el 75 % al 100 % del cambio de uso de suelos para agro-conversión fue ilegal, y un cuarto de toda su deforestación fue exportada.

Siguiendo el grado de confiabilidad de datos, Colombia y México también habrían deforestado ilegalmente entre el 75 % al 100 % de sus bosques para favorecer a agrocommodities en su mayoría para el consumo interno. En segundo grado de confiabilidad “media” de datos están Argentina y Perú, cuya información permite establecer que entre el 50 % al 74 % de la deforestación estuvo dirigida a la agro-conversión para materias primas, por otra parte, Paraguay habría perdido ilegalmente entre el 25 % al 49 % de sus bosques. De estos países el caso más llamativo es justamente Paraguay, que habría sacrificado sus bosques en un 70 % aproximadamente para exportar granos y carne, mientras que Argentina habría exportado casi la mitad de la producción proveniente de bosques deforestados ilegalmente.

En el último lugar, con una confiabilidad “baja” de información pública se encuentran Bolivia y Honduras, que pese a la baja calidad de datos, permite establecer conservadoramente que cada país habría perdido de forma ilegal entre el 50 % al 74 % de sus bosques para convertirlos en campos de cultivo o pasturas de ganado. Debido a la poca información, es de suponer que este margen sea superior, así como su relación con la exportación de materias primas.

Con base en esto, se puede concluir de forma comparativa que: 1) A nivel mundial Brasil es el país que más bosque tropical ha deforestado con unas 20,4 Mha; luego le sigue Indonesia en Asia – Pacífico (10,6 Mha) y República Democrática del Congo en África (8,1 Mha). 2) Bolivia se posiciona en un preocupante segundo lugar a nivel de América Latina y el Caribe con 2,5 Mha deforestadas acumuladas, por debajo de Malasia (3,3 Mha) -en segundo lugar en Asia – Pacífico- y por sobre la deforestación de Madagascar (2 Mha) en África. 3) En la región, la deforestación acumulada se centra en países agroexportadores de cereales y carne bovina: Colombia 1,8 Mha, México 1,6 Mha, Paraguay 1,1 Mha, Argentina 1 Mha y Honduras 0,6 Mha; con la excepción del boom de explotación de palma en Perú, 1,5 Mha.

En el caso brasileño las auditorías integrales permiten corroborar que al menos el 95 por ciento de toda la deforestación para agricultura comercial fue ilegal, y se exportó el 25 % de lo producido (Forest Trends, 2021). La conversión irregular de bosques en pasturas para ganado habría deforestado 81 % mínimamente; en el caso de la producción de soya, el 95 % estaría vinculada a la deforestación irregular (Rezende de Azevedo et al. 2019). Harvest y Rainforest Norway (2022) afirmó mediante una investigación que la tasa de deforestación y conversión de vegetación nativa creció en 34 % entre 2018 y 2020 en “25 áreas de alto riesgo”.

Al menos el 80 % de la pérdida de bosques en Bolivia se debe a la agricultura comercial (GFW, 2020; FAO, FRA, 2020; Müller, 2013). De donde se deduce que 74 % fue deforestación ilegal y el 7 % fue exportado. Por otra parte, dos tercios de la producción de soya de Bolivia se exporta y es probable que más de la mitad provenga de tierras taladas ilegalmente (Dummett; Blundell, 2021). La pérdida de bosques en Bolivia se disparó en 2019, “un 80 por ciento más que el siguiente año más alto registrado” (Romero-Muñoz et al. 2019). Estudios independientes señalan que hay una directa correlación entre áreas de deforestación legal e ilegal, incendios forestales ilegales y cambio de uso de suelos para ganadería y agricultura en propiedad privada (Cauthin, 2021; Solón 2021).

En Argentina la agricultura comercial fue responsable del 71 % de la pérdida de bosques: 65 % habría sido ilegal y 49 % fue exportado (Dummett; Blundell, 2021). Se calcula que el 65 % de las pasturas para ganado están vinculadas a tasas de deforestación fuera de norma; y que un 65 % de los cultivos de maíz contraviene leyes de zonificación de la tierra (Greenpeace Argentina, 2018). En Paraguay la agricultura comercial fue responsable del 89 % de la pérdida de bosques: 49 % fue ilegal y 69 % de lo producido en esas tierras fue exportado. Se estima que el 24 % de las pasturas para ganado están vinculadas a tasas de deforestación fuera de norma y el 100 % de la soya está vinculada a la deforestación. En Colombia las estimaciones son que las tasas de deforestación ilegal llegan al 89 %. El fenómeno de acaparamiento de tierras para ganadería extensiva podría ser responsable del 60 % al 65 % de la deforestación según el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia (2019).

Mercados libres de deforestación

Con casi 1,2 millones de respuestas a una consulta pública a nivel de la Unión Europea (UE) realizada en 2020, se determinó que la zona económica debe reducir su contribución a la deforestación y a la degradación forestal a nivel mundial, así como su contribución a las emisiones de GEI y a la pérdida de biodiversidad en el mundo. Para frenar su participación en la deforestación, la UE establecerá normas para la exportación e importación de “materias primas relevantes”: 1) ganado bovino, 2) soya (soja), 3) cacao, 4) café, 5) aceite de palma y 6) madera y de productos derivados de estas (art. 1).

Estos agrocommodities y sus derivados se someterán a procedimientos obligatorios de debida diligencia para certificar que son “libres de deforestación”. A su vez, cada país de origen será evaluado de acuerdo al riesgo alto, estándar o bajo que represente para la deforestación y la degradación forestal, vinculadas a las materias primas que se quieran vender a la UE; también se observarán criterios de cada país relacionados con la lucha en pro de la deforestación cero.

*Ex (sic).

Todo este nuevo procedimiento será jurídicamente vinculante una vez que se apruebe el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre esta materia. La propuesta tiene el objetivo de reducir al mínimo el consumo de productos procedentes de cadenas de suministro asociadas a la deforestación o a la degradación forestal, y aumentar en la UE la demanda y el comercio de materias primas y productos legales “libres de deforestación”, según la definición del artículo 2 del reglamento:

8) «libre de deforestación»,

a) materias primas y productos derivados relevantes, incluidos los utilizados para obtener los productos derivados relevantes o los contenidos en ellos, producidos en tierras que no han sido objeto de deforestación después del 31 de diciembre de 2020, y b) madera aprovechada del bosque sin provocar su degradación después del 31 de diciembre de 2020;

Los productos listados que no cuenten con la declaratoria de “libres de deforestación” no podrán ser introducidos o comercializados en el mercado de la Unión Europea o exportarse desde él, también serán prohibidos si no fueron producidos de conformidad con la legislación pertinente del país de producción y si no cuentan con la declaración de debida diligencia (art. 3).

Vinculación de la medida con políticas ambientales

Las medidas del reglamento de la UE se enfocan en cumplir el Pacto Verde Europeo, la Comunicación de 2019 “Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo”, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, la Declaración de Glasgow de 2021 sobre bosques y uso de la tierra,y el compromiso europeo sobre el Clima “de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050 y reducir de aquí a 2030 las emisiones de GEI en al menos un 55 % por debajo de los niveles de 1990”. Por otra parte, se busca que la medida contribuya al cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): vida de ecosistemas terrestres (ODS 15), acción por el clima (ODS 13), producción y consumo responsables (ODS 12), hambre cero (ODS 2) y salud y bienestar (ODS 3).

Se estima que un tercio de la deforestación mundial está vinculada al comercio internacional, y que la Unión Europea (más el Reino Unido) tiene una “huella” anual de unas 200 mil hectáreas, lo que representa el 16 % de la deforestación de bosques tropicales (Karsenty, 2022). Se espera que la aplicación del reglamento produzca indicadores como: 71.920 hectáreas menos de bosques afectados anualmente por la deforestación y la degradación forestal impulsadas por la UE de aquí a 2030; y reducción de al menos 31,9 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono a la atmósfera cada año. Para hacer seguimiento a estos indicadores, en el marco de la Comunicación de 2019, se propone la creación del Observatorio de la UE para la deforestación, la degradación forestal, los cambios en la cobertura boscosa mundial y los factores asociados a su producción, comercialización y cadenas de suministro, que aportará pruebas científicas a este proceso. Este observatorio abrirá toda la información a entidades públicas, consumidores y empresas.

Debida Diligencia

La debida diligencia (art. 8) es el procedimiento obligatorio que deben realizar todas las empresas (grandes y medianas, tanto en Europa como en terceros países) que deseen exportar a la UE productos agrícola-pecuarios peligrosos por su relación con la deforestación en el lugar de origen. Los procedimientos de debida diligencia deben recabar información sobre la procedencia y proveedores de las materias primas y productos derivados, incluso información científica-legal que demuestre que se cumplen los requisitos de ausencia de deforestación, degradación forestal y de legalidad ambiental de todas las parcelas en las que se produjeron las materias primas.

Para ello, se debe identificar el país, la zona de producción y las coordenadas de geolocalización de las tierras de cultivo o pasturas. Para las coordenadas geográficas (o coordenadas de geolocalización, latitud y longitud), la UE aplicará tecnología de posicionamiento, navegación y temporización (PTN) por satélite (EGNOS/Galileo) y sistema de observación y vigilancia de la Tierra (Copernicus). Las imágenes y el posicionamiento por satélite pueden formar parte de la información utilizada para los controles de cumplimiento, y frenar posibles casos de fraude en las cadenas de suministro.

Este procedimiento de debida diligencia incluye tres pasos: 1) datos completos del proceso de producción en el lugar de origen; 2) evaluación del riesgo ambiental de la producción; 3) y medidas de reducción del riesgo forestal hasta un nivel “despreciable”, caso contrario el producto no podrá circular en la UE. La debida diligencia termina con una declaración que cada agente comercial deberá firmar:

Declaración de debida diligencia

Información que debe incluirse en la declaración de diligencia debida de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del presente Reglamento:

1. Nombre y dirección del operador y, en el caso de materias primas y derivados que entren o salgan del mercado de la Unión, el Número de identificación y registro de operadores económicos (EORI), de conformidad con el artículo 9. Reglamento (UE) n.º 952 /2013;

2. Código del Sistema Armonizado, descripción en texto libre y cantidad del producto base o producto derivado en cuestión que el operador pretende introducir en el mercado de la Unión;

3. País de producción y todas las parcelas de tierra de producción, incluidas las coordenadas de geolocalización, latitud y longitud. Cuando una materia prima o producto derivado contenga materiales, ingredientes o componentes producidos en diferentes terrenos, es necesario incluir las coordenadas de geolocalización de todos los diferentes terrenos;

4. El texto: “Al presentar esta declaración de diligencia debida, el operador confirma que se ha llevado a cabo la diligencia debida conforme a lo dispuesto en el Reglamento XXXX/XX y que no se ha detectado ningún riesgo o solo un riesgo insignificante. Por tanto, el operador confirma que el producto base o el producto derivado cumplen los requisitos especificados en el artículo 3 del Reglamento XXXX/XX”.

5. Firma en el siguiente formato:

Firmado por y en nombre de:

Lugar y fecha de emisión:

Nombre, cargo: Firma

Toda esta información será procesada y publicada en medios como internet por los agentes/empresas para acceso masivo del público consumidor (art. 11), así como para vinculares a los datos de aduanas, inspecciones y sanciones. Los sistemas de certificación de empresas privadas u otros sistemas de verificación de riesgo socioambiental se reconocerán en el marco de las “buenas prácticas”, pero no sustituyen la debida diligencia, según el reglamento. Todo este proceso debe estar unido a medidas de trazabilidad.

Calificación de riesgo de los países

El artículo 9 del reglamento establece los requisitos de la información necesaria sobre la “zona de abastecimiento” en el caso de “países problemáticos”. La información que se necesite en cada país y/o zona dependerá de la evaluación comparativa de riesgo: riesgo bajo, riesgo estándar y riesgo alto, con base en una serie de criterios, datos cuantitativos, objetivos y reconocidos internacionalmente, así como indicadores de que los países participan activamente en la lucha contra la deforestación y la degradación forestal, con la idea de ofrecer un incentivo para países que aumenten su sostenibilidad agrícola – ganadera y reduzcan la deforestación.

A un inicio de la aplicación de la norma, todos los países tendrán un nivel de “riesgo estándar”. Como política de transparencia, la Comisión Europea debe poner a disposición del público los datos utilizados para la evaluación comparativa de riesgo país y hacer pública la lista, así como actualizarla cuando sea necesario (art. 27). En caso de un cambio de categoría de riesgo en algún país, se notificará al país para remediar la situación de riesgo ambiental.

La evaluación de riesgo debe tener en cuenta datos sobre el riesgo de deforestación asociado a las materias primas y productos derivados, la demostración de ser libres de deforestación y estar elaborados en conformidad con la ley, e historial de cumplimiento de agentes y comerciantes.Las autoridades controlarán un determinado porcentaje de agentes comerciantes, materias primas y productos derivados; estos porcentajes deben ser más altos en el caso de países y/o zonas de riesgo alto (art. 10).Aun cuando el país presente un riesgo bajo, se realizará la debida diligencia pero no se ejecutarán las segunda y tercera etapa si no surge un riesgo:

2. La evaluación del riesgo tendrá especialmente en cuenta los siguientes criterios:

a) el nivel de riesgo asignado al país considerado o zonas del mismo de conformidad con el art. 27;

b) la presencia de bosques en el país y zona de producción de la materia prima o el producto derivado relevante;

c) la prevalencia de la deforestación o la degradación forestal en el país, la región y la zona de producción de la materia prima o el producto derivado relevante;

d) la fuente, fiabilidad y validez de otra documentación disponible de la información mencionada en el artículo 9, apartado 1, y enlaces a esa documentación;

e) las preocupaciones en relación con el país de producción y de origen, como el nivel de corrupción, la prevalencia de la falsificación de documentos y datos, la falta de control del cumplimiento de la ley, los conflictos armados o la existencia de sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Consejo de la Unión Europea;

f) la complejidad de la cadena de suministro considerada, en particular las dificultades para establecer una conexión entre las materias primas y productos derivados relevantes y la parcela de terreno en la que se produjeron;

g) el riesgo de mezcla con productos de origen desconocido o producidos en zonas en las que se ha producido o se produce deforestación o degradación forestal;

h) las conclusiones de las reuniones del grupo de expertos pertinente de la Comisión publicado en el registro de grupos de expertos de la Comisión;

i) las preocupaciones justificadas presentadas con arreglo al art. 29; j) información complementaria sobre el cumplimiento del presente Reglamento, que puede incluir información facilitada por sistemas de certificación u otros sistemas de verificación por terceros, incluidos los regímenes voluntarios reconocidos por la Comisión en el marco del art. 30, apartado 5, de la Directiva (UE) 2018/2001, siempre que esa información cumpla los requisitos establecidos en el art. 9.

Controles y sanciones

Los agentes comerciales serán controlados vía exámenes de documentación y en campo (art. 15): a) sistema de debida diligencia, procedimientos de evaluación y reducción del riesgo; b) documentación y registros que demuestren el correcto funcionamiento del sistema de debida diligencia; f) cualquier medio técnico y científico que determine el lugar exacto  en el que se produjo la mercancía, incluidos análisis de isótopos; g) cualquier medio técnico y científico que determine si la mercancía es libre de deforestación, incluidos datos satelitales; y h) controles in situ, en particular auditorías en el terreno, incluso en terceros países a través de la cooperación con sus autoridades. En tanto que los comerciantes serán controlados a partir de: a) documentación y registros; b) cuando proceda, controles in situ, en particular auditorías en el terreno (art. 16).

El objetivo es establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias (art. 23) como: a) multas proporcionales al daño medioambiental y al valor de las mercancías, de tal manera que se garantice que privan a los responsables de beneficios económicos derivados de sus infracciones; b) confiscación de mercancías; c) confiscación de ingresos; d) exclusión temporal de contrataciones públicas. Las autoridades aduaneras podrán destruir mercancías que no se ajusten al reglamento, a petición de las autoridades o cuando lo consideren necesario y proporcionado; y el coste de esa medida correrá a cargo del titular de la mercancía (art. 24). Los registros de todos los controles se conservarán durante al menos cinco años.

Otras formas de producir alimentos

El artículo 32 sobre revisión al reglamento propone que, a más tardar dos años después de la entrada en vigor del reglamento, se hará una evaluación para aplicar las mismas normas a otros ecosistemas, incluidas tierras con elevadas reservas de carbono y tierras con un alto valor en términos de biodiversidad (praderas, turberas y humedales), así como incluir otras materias primas peligrosas para los bosques y cambios en el consumo europeo. En cinco años otra revisión evaluará el reconocimiento o no de regímenes de certificación que por ahora no son reconocidos, también el impacto de las medidas en agricultores sobre todo pequeños, en pueblos indígenas y comunidades locales, así como la transición a cadenas de suministro sostenibles.

El reglamento menciona -de forma más enunciativa que detallada- otras iniciativas que profundizarían la gobernanza forestal y acompañarán la medida como: incentivos a favor de la protección de bosques, promover la gestión forestal sostenible, la agricultura resiliente al cambio climático, diversificación e intensificación sostenibles, agroecología y agrosilvicultura, y establecer asociaciones forestales para “el uso sostenible” de los bosques, vinculado a reducción de la pobreza, buena gobernanza y derechos humanos. Pero quedan dudas sobre la forma en las que se aplicarán y quedan muchos aspectos observados por la sociedad civil.

Presión a los mercados desde la sociedad civil

Cientos de organizaciones, redes, comunidad científica y sociedad civil en general se han ido dirigiendo al Parlamento Europeo para aportar a la construcción de este reglamento que, de tener éxito, podría convertirse en un referente fundamental en la lucha contra el cambio climático, a partir de presiones legislativas y vinculantes a Estados y empresas para que erradiquen la deforestación en la producción de agrocommodities. Burley y Thomson (2021) -mediante una investigación- determinaron que 72 % de las empresas del rubro no cuentan con compromisos de deforestación, y muchas no brindan evidencia sobre el cumplimiento de cláusulas ambientales en las cadenas de la soya, carne bovina y cuero. También, que 93 de 150 instituciones financieras -que están expuestas a la deforestación- no tienen políticas de supervisión sobre sus inversiones.

Este dato explica el por qué del recelo desde los sectores empresariales (operadores, agentes comerciales y empresarios productores) para aceptar la debida diligencia y querer imponer certificaciones o garantías emitidas por empresas privadas. De la misma manera el sector privado se muestra reacio a aplicar medidas de trazabilidad integral, cuando a contracorriente pequeños productores lo exigen. Organizaciones piden eliminar las preferencias para las pymes y que se sujeten a las mismas obligaciones. Agregar más commodities a la lista como caucho, algodón, maíz, caña de azúcar, otras carnes y en específico carne enlatada.

Además de observar al sector empresarial, la sociedad civil pide mayores garantías socioambientales: Observar derechos humanos, indígenas, de género y de comunidades locales, que particularmente se encuentren presionados por el agronegocio. Apoyar decididamente a la pequeña agricultura familiar campesina. Proteger desde un inicio todos los ecosistemas además de bosques. Incluir cláusulas de responsabilidad civil y penal. Acceso público sin restricciones a toda la información y lista pública de los actores que incumplan.

La fecha de corte propuesta (diciembre 2020) también es cuestionada, ya que por una parte entra en discordia con medidas como la moratoria a la soya de Brasil vigente desde 2006; y por otra parte entra en conflicto con el primer compromiso del Parlamento Europeo, que en 2020 había votado mantener la fecha del 1 de enero de 2015 como fecha de corte. Así que la fecha de 2020 representa un guiño de flexibilización a la industria (Karsenty, 2022). Otra fecha en debate es la entrada en vigor del reglamento: mientras el Parlamento plantea al menos un par de años para que el reglamento sea aplicado, las organizaciones ambientalistas insisten en un período de transición máximo de 12 meses para aplicar la disposición.

Viendo las expectativas que la medida ha suscitado en la sociedad civil y comunidad científica, no es de extrañar que otro tema de debate sea la profundidad y claridad en los términos y conceptos a cerca de bosques, deforestación, degradación o libre de deforestación, entre otros. El Consejo Europeo aclara que los conceptos deben tener claridad jurídica y ser mensurable a partir de datos cuantitativos, objetivos y reconocidos a nivel internacional; las organizaciones sostienen que, por ejemplo, definiciones de bosques como la de la FAO son limitantes, pues ésta no distingue entre bosque y plantación; cuando en realidad las plantaciones no cumplen el rol de sustento de biodiversidad.

Uno de los efectos colaterales de la medida de la UE es que influya en el mercado mundial y se espera que paulatinamente se unan los mercados de Australia y Estados Unidos con medidas legislativas similares. Investigaciones muestran que hay un segmento de la sociedad dispuesto a apoyar cambios en su consumo de carne roja en favor del medio ambiente y contra el cambio climático: 30.000 encuestados en 30 países arrojaron como datos que el 78 % de encuestados en China, 65 % en la UE y 54 % en Estados Unidos apoyaban estas reducciones, según el Banco Europeo de Inversiones. Otro estudio del Instituto de Tecnología de Suiza encontró que más del 50 % de los ciudadanos en China, Alemania y Estados Unidos apoyarían medidas para reducir el consumo de carne (Fesenfel, 2021).

Está claro que a la larga el giro se debe dar en todos los principales mercados que demandan productos marcados por la deforestación -legal e ilegal- de los bosques a nivel mundial. Como vimos en el presente documento, las agroexportaciones se dirigen cada vez más a los mercados de China y otros países asiáticos, donde no existen presiones a nivel ambiental, aunque sí a nivel sanitario. Estos mercados no legislados son a los que hay que presionar, para que las materias primas y otras mercancías bajo riesgo de deforestación no encuentren refugio. La no regulación de la deforestación exportada/importada se convierte en un incentivo a la destrucción de bosques, de su biodiversidad y nos hace más vulnerables frente al cambio climático. Este es el dramático caso de casi la totalidad de soya y carne bovina que se producen en países con bosques tropicales.

Referencias

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Foto portada: greenqueen.com.hk