Christophe Aguiton

(English/Français) Hablar de “alternativas sistémicas” significa abordar conceptos o experiencias que resultan de prácticas sociales reales, los cuales han surgido recientemente o en el pasado y que ponen en tela de juicio, parcial o totalmente, el sistema de dominación actual. De esta manera, debemos examinar las formas en que se gestionan estas alternativas, es decir, los modelos democráticos que aseguran su regulación.

La cuestión de la democracia ha sido un tema importante en los últimos treinta años y ha sido movilizado por varios actores como parte de sus diferentes luchas. El colapso de la Unión Soviética y sus regímenes asociados dio a los Estados Unidos de América la condición de ser la única superpotencia, y desde entonces el país ha utilizado la democracia como un valor fundamental para asegurar su hegemonía. Durante la década de los noventa, la “democracia de libre mercado” se convirtió en el vehículo de la globalización neoliberal durante el breve período histórico en que los Estados Unidos defendían el multilateralismo. A partir de entonces, la democracia se asoció a la lucha contra el terrorismo para justificar las intervenciones militares en el Oriente Medio. Más recientemente, la democracia fue llamada una vez más, sólo que esta vez para defender modelos diferentes a los defendidos por los gobiernos occidentales: Victor Urban en Hungría y muchos de sus homólogos europeos en Europa oriental han estado defendiendo una democracia “antiliberal”, mientras que en Asia muchos gobiernos han seguido el ejemplo chino de un régimen autoritario, manteniendo al mismo tiempo la apariencia a veces tenue de un funcionamiento democrático.

Los actores de las movilizaciones de las décadas pasadas – el movimiento alter-mundialización, los manifestantes de la Primavera Árabe y los de los movimientos de Ocupación o Nuit Debout – también han situado la democracia en el centro de sus reivindicaciones. Esta exigencia es tanto más poderosa cuanto choca con las prácticas -consideradas antidemocráticas- de las instituciones internacionales, desde el FMI hasta la OMC, que imponen medidas de austeridad o priorizan los beneficios de corporaciones multinacionales, independientemente de las consecuencias para las poblaciones locales. No obstante, la definición del término democracia, a la que se refieren estos movimientos, sigue siendo imprecisa. A veces se entiende simplemente como un sinónimo de derechos civiles y de democracia representativa basada en la elección de representantes que administran las instituciones, una ciudad o un Estado en nombre del pueblo. El término también puede limitarse al respeto de la soberanía popular frente a las instituciones internacionales. Sin embargo, también puede ir más allá de estas formas tradicionales y reafirmarse como una “verdadera democracia”, con bordes a menudo borrosos.

En este capítulo veremos que lo que llamamos alternativas sistémicas requieren modelos originales de gestión, que pueden abrir el camino hacia el pensamiento de la “democracia radical”. Empero, antes de hacerlo, debemos empezar por revisar los modelos tradicionales de democracia.

La democracia representativa tiene sus raíces en las revoluciones francesa y americana del siglo XVIII, cuando los constituyentes de ese período (por ejemplo, Sieyès en Francia o Madison en los Estados Unidos) consideraron que el pueblo era incapaz de decidir por sí mismo. Así, propusieron la elección de gobernadores cuyas dos preocupaciones eran: establecer una relación entre los gobernantes y los gobernados, en la que estos últimos aceptaran el poder de los primeros y que garantizara la pertenencia de los segundos a la élite. Este sistema ha evolucionado con el tiempo, especialmente con la generalización del sufragio universal en el siglo XX, pero sigue siendo objeto de una doble crítica. La primera se refiere a la reproducción de las elites, mientras que la segunda se refiere a la pertenencia de los gobernantes a las clases dominantes, lo que les hace incapaces de oponerse a los dictados de las corporaciones multinacionales, los mercados financieros y, más ampliamente, a las reglas de la globalización neoliberal.

El movimiento obrero y los partidos políticos de izquierda no han propuesto realmente otros modelos de funcionamiento democrático. Karl Marx sacó muchas lecciones de la Comuna de París, ya que explicó que era necesario otro tipo de Estado, es decir, uno que no se originara en la burguesía, y propuso algunas ideas para crear un gobierno dirigido por los trabajadores. No sólo algunas de sus propuestas eran cuestionables, como la fusión de las funciones del legislativo y ejecutivo, sino que también fueron dejadas de lado por la socialdemocracia europea, que se movilizó a finales del siglo XIX para garantizar las libertades políticas y el sufragio universal en el marco de los sistemas políticos existentes. Las lecciones extraídas por Marx harían eco más tarde por teóricos políticos de izquierda como el holandés Anton Pannekoek en 1912, y seguido por Lenin en 1917, e inspirarían la ola revolucionaria que barrió Europa al final de la Primera Guerra Mundial. Esta ola vio surgir nuevos modelos políticos como los soviéticos en Rusia y los consejos obreros en Alemania o Hungría. Empero, la experiencia soviética rápidamente dio la espalda a las esperanzas democráticas que estos nuevos modelos habían generado.

En el siglo XX, con excepción de las corrientes minoritarias – ya sean libertario o consejista – la mayoría del movimiento obrero se dividió entre los partidos comunistas que defendían el modelo soviético y los movimientos sociodemócratas, socialistas y obreros que integraban, sin críticas, el sistema representativo de las democracias occidentales. Mucho se olvidó respecto a las advertencias de ciertos filósofos del período de la Ilustración, como Montesquieu, quien nos recordó que los atenienses de la época de Pericles se basaban en el sorteo y la democracia directa para no privar al pueblo de su poder real. Recientemente, David Graeber sugirió otro enfoque basado en las prácticas democráticas de las naciones nativas americanas o las de los piratas durante la edad de oro de la piratería a principios del siglo XVIII. Estas experiencias se basan en procesos de toma de decisiones igualitarias en comunidades alejadas del poder del Estado. Graeber siguió la línea de trabajo de James C. Scott, quien estudió la población de las tierras altas del sudeste asiático, los mismos que gestionaron sus vidas sin la presencia de un Estado durante décadas, si no siglos. Estas experiencias son útiles en la medida en que se sitúan, hasta cierto punto, fuera del ámbito del poder estatal.

Los comunes

Los comunes son un tipo particular de relaciones sociales: la gestión común de un bien material o inmaterial por un grupo de personas. De esta manera, los comunes se diferencian de la propiedad privada de los medios de producción – central para el sistema capitalista – pero también del Estado y sus instituciones.

Lo que es de gran interés en este caso son las características de esta “gestión común” de los bienes, tan diversos como los oasis de regadío, las tierras de pastoreo, las cooperativas de producción o los comunes digitales como Wikipedia u Openstreetmap. Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía, teorizó sobre las reglas específicas inherentes a la gestión de estos comunes. Los ocho principios que planteó son los siguientes:

• Una clara definición del objeto de la comunidad y sus miembros
• Una coherencia entre las normas relativas al recurso común y su naturaleza
• La participación de los usuarios en la modificación de las normas de funcionamiento relativas al recurso común
• La responsabilidad de quienes vigilan la explotación del recurso común
• La agravación de las sanciones por incumplimiento de las normas de explotación del recurso común
• Acceso rápido a las instancias locales de resolución de conflictos
• Reconocimiento de la autogestión por parte de las autoridades gubernamentales
• Organización multinivel de las actividades de apropiación, suministro, vigilancia, aplicación de normas, resolución de conflictos y gobernanza

Estos principios son inherentes a todos los comunes. Cuando no es así, existe el riesgo de que los comunes se conviertan en una empresa clásica.  Esto se ha visto en numerosos bancos cooperativos o cooperativas agrarias que han visto cómo la gestión de los bienes comunes se desprendía de los usuarios para convertirse en corporaciones multinacionales; como en el caso de Lactalis, uno de los principales actores internacionales de la industria de la lactosa. Estas experiencias ponen de relieve un desafío recurrente para los comunes, que son más fáciles de gestionar cuando se encuentran a escala humana. No obstante, varios comunes digitales han logrado mantener sus especificidades a pesar de su escala global. Wikipedia es la mayor plataforma de intercambio de conocimientos que el mundo haya visto jamás, con más de 50 millones de artículos en casi 300 idiomas y cientos de miles de colaboradores activos en 2018. La gestión de Wikipedia es un ejemplo de los principios mencionados anteriormente establecidos por Elinor Ostrom. Las reglas de edición y el principio de neutralidad se explican claramente y los usuarios se asocian a la definición de reglas comunes. Se imponen sanciones como medida de último recurso tras largas etapas de debate y mediación, y la resolución de conflictos se asigna a los gestores más cercanos a los usuarios en un sistema en el que coexisten diferentes niveles de vigilancia y gobernanza.

El primer principio del funcionamiento de una organización tan vasta y compleja como Wikipedia es confiar la toma de decisiones a puntos finales, es decir, lo más cerca posible de los usuarios. Esta es una observación importante, ya que esta proximidad en los procesos de toma de decisiones acerca la enciclopedia en línea a los comunes de base local. También se inscribe en la lógica de las prácticas de “desglobalización” o de decrecimiento, que ponen el acento en la relocalización de la economía y el comercio favoreciendo los circuitos cortos y las relaciones directas entre productores y consumidores.

Prácticas alternativas de ecofeminismo, buen vivir y derechos de los no humanos

La relocalización de la economía y el comercio es un paso esencial para “reincorporar la economía a la sociedad”, para citar la famosa frase acuñada por Karl Polanyi. Los primeros activistas ecofeministas estadounidenses y los movimientos indígenas de los países andinos que defienden los derechos de los seres no humanos y el “buen vivir” se enfrentan a otro desafío: la dicotomía entre naturaleza y cultura que surge de la filosofía cartesiana de la modernidad occidental.

Los movimientos indígenas de los países andinos defienden los derechos de los seres no humanos y el buen vivir (o vivir bien) como dos elementos que no pueden separarse de su concepción del mundo. Esta cosmogonía se basa en la idea del “todo” en el que la dualidad está en todas partes: la vida y la muerte, lo humano y la naturaleza, el pasado y el futuro. Este conjunto se construye entonces sobre parejas opuestas (hombre/mujer, individuo/comunidad, humano/naturaleza) y se basa en la idea del “cuidado” de uno mismo, de la comunidad y del conjunto inseparable de seres humanos y no humanos. Finalmente, en esta cosmogonía no hay una concepción lineal del tiempo o del progreso. La llegada al poder de gobiernos progresistas en Bolivia y Ecuador en la década de 2000 llevó a importantes reformas constitucionales que introdujeron el buen vivir y los derechos de los seres no humanos en las leyes fundamentales, así como el concepto de un Estado plurinacional y pluricultural. Estos avances abrieron posibilidades que no se concretaron, ya que los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa se orientaron hacia políticas que favorecían el extractivismo y una fuerte personificación del poder en la década de 2010.

Sin embargo, las potencialidades de estos conceptos siguen presentes. La constitución boliviana, por ejemplo, estableció la existencia de tres formas de democracia: representativa, participativa y comunitaria. Así, las formas clásicas de representación política pueden coexistir con procesos de toma de decisiones basados en el consenso, sin negar la existencia de tensiones no resueltas. Por ejemplo, esto puede verse en el equilibrio entre derechos y responsabilidades en las comunidades indígenas, en las que predominan las responsabilidades; o en el riesgo de que el nombramiento de autoridades en parejas de hombres y mujeres en la cosmogonía del buen vivir se limite a una equidad simbólica, por lo que las mujeres siguen estando limitadas a un papel pasivo en la esfera pública.

Los primeros activistas ecofeministas en los estados unidos se han movilizado desde la década de los setenta contra la contaminación y los daños al medio ambiente, y se han enfrentado a dos rechazos, ambos derivados de la visión antropocéntrica de la modernidad europea. Para la mayoría de las feministas, los vínculos con la naturaleza que defienden las ecofeministas reflejan un tipo de esencialismo que confina a la mujer a su función “natural”, vinculada al parto. Niegan ver que las ecofeministas no tratan de valorar un “papel” de la mujer vinculado a su esencia, sino de invertir un doble estigma: el que considera la naturaleza como inferior a la cultura y a la mujer como inferior al hombre. Buscan rehabilitar, reapropiarse y reclamar la naturaleza, para toda la humanidad, no sólo para las mujeres. Al hacerlo, también se enfrentan a los movimientos ecológicos dominantes en los Estados Unidos, como el Sierra Club, fundado a finales del siglo XIX por John Muir, quien teorizó el concepto de “naturaleza salvaje” – la naturaleza salvaje que necesita ser protegida de las actividades humanas. Para el Sierra Club, las mujeres que luchaban contra la contaminación se enfrentaban a un problema de salud pública, no a uno medioambiental. Abrazan la división entre la naturaleza y la cultura en nombre de la protección del medio ambiente, una división que los ecofeministas cuestionarían a través del concepto de “justicia ambiental”. Políticamente, las ecofeministas estadounidenses, a menudo de ascendencia africana o nativa americana, se mantienen a distancia de las instituciones y del gobierno. Las prácticas democráticas de estos movimientos están separadas del Estado y se basan en los principios del cuidado; es decir, cuidarse mutuamente en estas experiencias colectivas en las que surgen nuevas relaciones sociales y formas de relacionarse con la naturaleza.

Aparte de las diferencias obvias entre las prácticas alternativas que hemos presentado brevemente, se pueden encontrar dos elementos idénticos. El primero es el distanciamiento de las instituciones del Estado, presente no sólo en los comunes -una alternativa tanto al capitalismo como al estatismo- sino también en el buen vivir y el ecofeminismo, que son experiencias colectivas que conservan su autonomía e independencia. El segundo elemento común a todas estas prácticas es la práctica del cuidado. Esta característica es inherente a todos los tipos de comunes, ya sean bienes comunes agrícolas de las sociedades precapitalistas, cooperativas de trabajadores o comunes digitales como Wikipedia y Openstreetmap: si no los cuidamos, mueren, ya sea integrándose al sistema capitalista o quedando obsoletos. Sin embargo, esta obligación también está en el corazón del ecofeminismo y el buen vivir. Estos dos elementos, si bien son extremadamente importantes, no son las únicas lecciones que se pueden sacar de estas prácticas.

Gestionar las prácticas alternativas de forma democrática

La democracia, en su significado más amplio y ampliamente aceptado, es un medio, entre otros, de gestionar las actividades humanas. Se entiende que un gran número de estas actividades no se gestionan democráticamente, empezando por las empresas en un sistema capitalista. Esta observación no es en absoluto una definición de la democracia – una definición que es todo menos clara, empezando con la frase más popular “el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo”. Ello se debe a que deja sin respuesta una serie de cuestiones que van desde las más simples, como la necesidad de tener un Estado a nivel nacional y las mismas garantías en todos los niveles de gestión de las actividades humanas, hasta controversias más complejas como la noción de soberanía, cuyo marco de aplicación está prácticamente claro.

Con el fin de comprender mejor que ideas de prácticas alternativas pueden aportar a la democracia, es útil recordar las diferentes formas en que se pueden elegir los representantes en un grupo de seres humanos que superan un cierto tamaño; así como los diferentes mecanismos que permiten tomar decisiones. Los representantes pueden elegirse mediante: elecciones (lo que la mayoría de los países hacen hoy en día), el sorteo al azar practicado en la Atenas en el siglo V a.C., los procesos de designación utilizados hoy en día para designar jurados populares y, por último, el compromiso voluntario que puede encontrarse en una serie de espacios abiertos como el Foro Social Mundial o asambleas como Occupy, así como en los comunes materiales e inmateriales. En cuanto a los procesos de decisión, sólo hay dos formas: el voto y el consenso, que no es necesariamente una decisión basada en la unanimidad sino en el “consentimiento aparente”, es decir, sin tener que recurrir al derecho de veto.

Las prácticas alternativas son muy diversas y muchos elementos influyen en la forma de diferenciarlas. El primero tiene que ver con la apertura o cierre de las comunidades a las que nos referimos. Los comunes que permiten a los usuarios vivir de su producción, los pastos de montaña, el riego y las cooperativas de trabajadores están cerrados. En otras palabras, sólo los que tienen derecho a acceder a lo común pueden participar en su gestión. Por el contrario, los comunes digitales y las comunidades constituidas en torno a un objeto o un proyecto como el ecofeminismo, los foros sociales del movimiento alter-mundialización, las asambleas de los movimientos de Ocupación y las ocupaciones de grandes proyectos como la ZAD (Zone à Défendre o Zona de Defensa) en Francia están abiertos, aunque la mayoría de las decisiones son tomadas por las personas más comprometidos. 

El segundo elemento se refiere a la naturaleza pública o privada del funcionamiento de los comunes. Para los comunes de conocimiento, como los softwares libres, la naturaleza pública de cómo se producen se considera esencial. Sin embargo, cuando se trata de conocimientos técnicos más especializados, como el movimiento de semillas campesinas en el que los actores están marginados y estigmatizados, sus prácticas son ejercidas con más discreción, si no en secreto, por personas de confianza. Por último, también existe la competencia, elemento determinante para las comunidades de técnicos como los gestores de Internet, que están menos presentes en las comunidades de activistas, pero que siguen siendo consideradas como auxiliares para los comunes digitales como la Wikipedia.

La importancia que se da a la competencia conduce los procesos de toma de decisiones hacia una democracia de meritocracia técnica. Así pues, Internet está gestionada – en el plano técnico – por la IETF (Internet Engineering Task Force), una estructura que no tiene estatuto jurídico, que está abierta a todos y adopta decisiones basadas en el consenso y en “códigos de funcionamiento”; en otras palabras, basadas en la capacidad de demostrar la validez de las sugerencias técnicas. Los espacios de activismo, como las asambleas de las ONG y otros movimientos durante las cumbres climáticas o los Foros Sociales Mundiales, también están abiertos a todos; sin embargo, el conocimiento de los idiomas, empezando por el inglés, es un requisito previo, así como la comprensión de debates a veces muy técnicos como las negociaciones sobre el clima.

Lo público es la base misma de la existencia de los desarrollos de software libre, considerados como comunes de la humanidad. La “Fundación de Software Libre” define los programas informáticos libres a través del respeto de cuatro libertades: de utilizar estos programas, de estudiarlos (lo que requiere la publicación del código constitutivo), de distribuirlos y de mejorarlos. Otros comunes de conocimiento como Wikipedia u Openstreetmap sólo pueden desarrollarse gracias a una codificación clara y pública de sus procedimientos, estableciendo así una “democracia procesal”, a la que volveremos más adelante. Sin embargo, también hay una serie de prácticas que están más relacionadas con la pericia, o que se ejercen con gran discreción o secreto para proteger a las comunidades marginadas u oprimidas que las utilizan.

Los agricultores que utilizan semillas seleccionadas por sus comunidades durante siglos, así como ciertas especies de animales domésticos debido a su adaptabilidad a su territorio, rechazan la idea de que éstas puedan considerarse comunes de la humanidad, ya que temen, con razón si se tienen en cuenta las experiencias pasadas, que las instituciones científicas gubernamentales les obliguen a utilizar semillas específicas patentadas o especies normalizadas en nombre de la seguridad alimentaria y las necesidades de producción, o que las empresas privadas -mediante la biopiratería- puedan robar estos conocimientos locales “protegiéndolos” mediante el uso de patentes. En el mismo sentido, muchas comunidades no divulgan sus prácticas de medicinas tradicionales o rituales religiosos/comunitarios, que a menudo son rechazados, o peor aún, prohibidos por el Estado. Es ahí donde encontramos roles dedicados a la mujer, en los que se apoyan las ecofeministas, y prácticas sociales como las de las comunidades andinas que abrazan el buen vivir. Todos estos casos de prácticas confidenciales se pueden denominar “democracia esotérica”, ya que las normas sólo se aplican a sus miembros, pero de forma diferenciada, basada en diferentes habilidades y en el respeto de las tradiciones que pueden desempeñar un papel muy importante. Sería imposible en un artículo tan breve transmitir toda esta diversidad, pero es evidente que estas prácticas están lo más alejadas posible del poder del Estado.

Si bien hay comunes, como comunes de conocimiento, que están abiertos a todos los contribuyentes, otros pueden estar, por el contrario, reservados a quienes detentan los derechos de uso de la propiedad. Es el caso de los comunes de origen campesino o de las cooperativas de producción surgidas de las luchas de los movimientos obreros en el siglo XIX. Las prácticas democráticas son evidentemente diferentes en estos dos casos. La restricción del número de beneficiarios de ciertos comunes permite considerar la práctica del voto, ya que el perímetro electoral está fijado y conocido, como en el caso de las cooperativas de producción. Las leyes pueden diferir ligeramente de un país a otro, pero la votación es generalmente la regla. En Francia, por ejemplo, la ley obliga a las cooperativas a celebrar asambleas generales y a utilizarlas para votar y elegir a los directores, discutir la apropiación del balance y la asignación de los beneficios. En algunos casos, las asambleas generales de socios pueden ser también decisivas para determinar las inversiones más importantes o para comprar acciones de otras empresas. Por el contrario, los espacios abiertos como los comunes o los espacios militantes como los Foros Sociales Mundiales o las asambleas de tipo ocupacional raramente utilizan el voto, y en cambio deciden por medio del consenso de las personas que participan voluntariamente en estos procesos de decisión.

La influencia de los procedimientos, habilidades y estrategias en las formas democráticas

Ahora estudiaremos los mismos temas desde un ángulo diferente, viendo cómo los procedimientos, habilidades y estrategias afectan a las formas democráticas.

Es necesario gestionar las estructuras humanas colectivas, ya sean políticas, económicas, asociativas o culturales, y esta gestión siempre implica tres elementos de naturaleza completamente diferente: 1) las normas y procedimientos que pueden evolucionar con el tiempo pero que representan el derecho común al que deben referirse todos los interesados; 2) las competencias que pueden ser necesarias para la gestión de la estructura en cuestión; y 3) la estrategia entendida como los objetivos que un colectivo humano puede fijarse y los medios para alcanzarlos. Sin embargo, aunque estos tres elementos son siempre omnipresentes, su peso e importancia respectivos pueden variar enormemente, lo que conduce a formas de democracia muy diferentes.

Si los procedimientos y las normas comunes son inexistentes o frágiles, esto conduce a formas de gestión menos democráticas o antidemocráticas, lo que da un margen de maniobra considerable más fuerte. En cambio, si se da prioridad absoluta al respeto de las normas y leyes comunes, se puede hablar de un modo de gestión democrática, en cuyo caso se trata de una democracia procesal que da prioridad al respeto, a veces quisquilloso, de los procedimientos sobre las cuestiones estratégicas. Encontramos esto en muchos comunes, ya sea que hayan surgido de las relaciones sociales pre-capitalistas de producción como la gestión del agua en los oasis o los pastos de montaña, o comunes digitales como Wikipedia. En ambos casos, las estrategias son inexistentes, ya que se supone que el agua y los pastos están ahí regularmente y no hay un comité directivo de Wikipedia que decida una política editorial. Se trata simplemente de comprobar que todas las personas con derechos de usuario tengan un acceso equitativo a los recursos naturales o que se respeten las normas de edición de la mayor enciclopedia del mundo.

La relación con las habilidades siempre se discutió en los regímenes democráticos. En los debates que siguieron a la independencia de los Estados Unidos, por razones similares, los anti-federalistas defendían que las instituciones debían representar al pueblo tal como es, independientemente de las competencias de uno u otro. En las democracias contemporáneas, hemos visto que el sistema representativo conduce a la selección de los “mejores”, esto es, de los que son competentes. Sin embargo, el discurso sigue proclamando que la política no es una profesión y que la representación nacional debe ser mucho más que la imagen del pueblo. En este mismo sentido, el sufragio universal ha resuelto la cuestión de la competencia del votante. No se le exige nada, y todo ciudadano tiene el derecho o incluso el deber (según el país) de votar cualquiera que sea el nivel de comprensión e interés de los debates en curso. Esta ausencia de expectativas es al mismo tiempo indispensable para una democracia que quiere implicar a un pueblo en su conjunto, pero también facilita la división entre representantes y representados.

Las alternativas presentadas en este artículo no están alineadas con este enfoque. Esto no se debe a que la cuestión de la competencia esté ausente, sino más bien a que la división entre representantes y representados, que está en el corazón de la democracia representativa, no se plantea de la misma manera. Las competencias son esenciales en las comunidades digitales técnicas, como los administradores de Internet o los desarrolladores de código abierto. Sus espacios son abiertos y todos aquellos que deseen participar en el IETF o en el desarrollo de programas informáticos libres pueden hacerlo. Si a veces existen representantes de estas comunidades, su papel es extremadamente débil porque todo se decide por consenso. Lo que más importa son los conocimientos técnicos y el nivel de compromiso de estas comunidades cuyo funcionamiento podemos describir como democracias tecnológicamente meritocráticas. Las otras comunidades presentadas en este artículo, ya sean comunes de conocimiento digital abierto como Wikepedia o Street o las que experimenten formas alternativas de vida, como los grupos militantes de la ZAD en Notre-Dame-des-Landes o las comunidades ecofeministas de Oregón, o las comunidades indígenas más cerradas que practican el Buen Vivir o los comunes pre-capitalistas también pueden requerir habilidades específicas; pero en mucho menor medida, y también se basan en el consenso con los representantes que retienen ciertos roles reducidos codificados y donde un grado de compromiso es esencial.

La estrategia es un concepto reciente en la política. Surgido del mundo militar y codificado por Carl Clausewitz a principios del siglo XIX como el arte de combinar batallas para obtener objetivos políticos, la estrategia como concepto se hizo omnipresente desde el siglo XX tanto en los discursos de las empresas como en los de los políticos. Esta omnipresencia, entre los líderes políticos, se refiere a la conversión al liberalismo político de la mayoría de las familias políticas de los países occidentales a finales del siglo XIX. Se trata de una ideología según la cual las sociedades pueden decidir su propio futuro utilizando los recursos de las ciencias sociales y sobre todo las promesas de progreso basadas en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En las democracias contemporáneas, se supone que el sufragio universal es un medio para decidir entre diferentes propuestas estratégicas que determinan el futuro de las sociedades. 

Sabemos que, con demasiada frecuencia, estas propuestas diferentes desaparecen después de las elecciones en beneficio de la globalización neoliberal. Sin embargo, esto no invalida el interés de este debate estratégico que constituye un activo esencial de la democracia representativa, un sistema cuyas limitaciones hemos destacado anteriormente. Las alternativas que se mencionan aquí no se ajustan a este enfoque, con la excepción, una vez más, de las cooperativas de trabajadores en las que las asambleas generales pueden abordar las cuestiones estratégicas, aunque en contadas ocasiones. Las comunidades indígenas tienen una visión del tiempo que no guarda relación con la promesa de progreso, mientras que los comunes pre-capitalistas dependen ante todo de los ciclos de las estaciones. Por razones algo diferentes, ya que su promesa está vinculada sobre todo a la vida en armonía con la naturaleza, el resultado es el mismo que para las comunidades militantes que experimentan formas de vida alternativas.

En cuanto a las comunidades digitales, también han eliminado las cuestiones estratégicas de su modelo democrático. El objetivo de Wikipedia es desarrollar una enciclopedia en línea en tantos idiomas como sea posible. Sin embargo, para lograrlo, rechaza todo objetivo editorial y permite a la comunidad de colaboradores que puedan producir artículos sobre todos los temas posibles, siempre que cumplan las normas de publicación. Openstreetmap funciona de la misma manera: cada colaborador participa en este esfuerzo común trazando un mapa de lo que ellos/ellas quieren. El único caso conocido de “irrupciones estratégicas” se produjo durante desastres naturales como el terremoto de Puerto Príncipe (Haití) en 2010, cuando se movilizó a la comunidad para contribuir urgentemente a la elaboración de un mapa de la ciudad esencial para orientar los servicios de emergencia. Las comunidades técnicas de Internet o de programas informáticos gratuitos también rechazan toda orientación estratégica, las decisiones que orientan cualquier tipo de desarrollo son tomadas por individuos y colectivos y no por instancias de planificación central de las comunidades.

Conclusión, dos formas de actuar en política

La democracia se asimila más a menudo con el respeto del derecho de voto y el pluralismo político. Conscientes de las limitaciones de esta definición, activistas de diversas corrientes de la izquierda trataron de ampliar el contenido de la democracia sin limitarla a las elecciones y otros mecanismos de la democracia representativa. La democracia participativa, inventada en los años ochenta en Porto Alegre (Brasil), fue adelantada por la alter-mundialización en los años 2000 y numerosos municipios de izquierda la implantaron, en todos los continentes. Paralelamente a estas experiencias, otras extensiones del campo de la democracia se volvieron a poner en primer plano.

Este fue el caso de la democracia directa, con el referéndum popular en Suiza o la posibilidad de destituir a los representantes electos, practicada en algunos estados occidentales de los Estados Unidos durante más de un siglo, y más recientemente integrada en la constitución venezolana. Sin embargo, todos estos dispositivos no son más que extensiones y mejoras de la democracia representativa basada en la elección de representantes. De la misma manera, permite responder a preguntas estratégicas, votando leyes o propuestas, organización de servicios públicos o cuestiones democráticas, sociales o ambientales. Estas son mejoras significativas, pero no forman parte de los temas abordados en este artículo.

Las prácticas alternativas descritas en este artículo son de otro tipo. No consideran las cuestiones estratégicas que están en el centro del sistema político contemporáneo, pero son profundamente políticas. Consideran que nadie es más legítimo para hacer estas preguntas y dar las respuestas que las personas y colectivos que están en el centro de la misma. Para los actores y actrices del Buen Vivir y del ecofeminismo, se trata de cuidar de sí mismo, de los demás y de la naturaleza en un conjunto inseparable y de gestionar los colectivos que producen bienes y conocimientos de forma autónoma, para el bien de los comunes. Más allá de la falta de dimensión estratégica, estas prácticas democráticas tienen otros puntos en común:

• La división entre representados y representantes no existe o es muy limitada
• El consenso es el proceso de toma de decisiones favorito
• El compromiso voluntario y cierto grado de implicación es esencial, no sólo en las comunidades abiertas sino también en el caso de los comunes más restringidos, en los que la ausencia o la débil implicación de los agentes puede conducir a la degradación o la destrucción de esos comunes
• La autonomía de las comunidades frente al Estado es decisiva

Aquí tenemos una forma de política basada en la aplicación autónoma de sus principios y prácticas. Se trata de una forma de política cotidiana que crea nuevas fronteras para la democracia a través de la propia existencia de estas prácticas alternativas y que también puede participar en la radicalización de la democracia representativa en al menos dos cuestiones. En primer lugar, el gobierno tecno-científico, cuya importancia va en aumento, es una co-construcción de los actores de la ciencia y la tecnología, las instituciones políticas y los actores de la “sociedad civil”. Sin embargo, es evidente que esta co-construcción está dominada por las grandes empresas y las instituciones políticas cercanas a ellas. El desarrollo de prácticas y estilos de vida alternativos puede dar una dirección completamente diferente a las elecciones que se hagan sobre cuestiones político-científicas como las prácticas agrícolas (semillas, pesticidas…) o el cambio climático.

La segunda cuestión se refiere al derecho, un aspecto a menudo descuidado. En la raíz de la modernidad occidental y del capitalismo se encuentran dos mitos fundadores: el de la soberanía estatal ilimitada, tal como se define en el Leviatán de Hobbes, y el de la institución de la propiedad que permitió a John Locke asociar la propiedad privada con la prosperidad general. Sin embargo, como hemos visto, los comunes han sobrevivido y se han desarrollado rápidamente, así como los estilos de vida alternativos que podemos encontrar bajo diferentes denominaciones en todos los continentes. A través de su propia existencia, estas prácticas han creado leyes, como la “licencia pública general” de los programas informáticos gratuitos, el “los comunes creativos” de los comunes de conocimiento o la propuesta del gobierno boliviano de adoptar una Carta de los Derechos Fundamentales de la Naturaleza en la ONU.